¿Qué elementos mínimos -en común- debe tener un grupo de seres humanos para formar un país? Una pregunta recurrente en teoría y filosofía política. ¿Qué ocurre si existe discriminación positiva con un grupo de ciudadanos? ¿Es justa? ¿Quién la financia?

En el caso de Latinoamérica, en que el imperio español fue el que arrebató las tierras de los pueblos originarios, debiera, ella, ¿responder por las demandas indígenas?, ¿o fue una guerra en que hay ganadores y perdedores?; ¿Por qué debieran tener la obligación los Estados/países que posteriormente se formaron resarcir los derechos a los pueblos originarios?

Estas interrogantes deben estar presentes en el debate de la creación de la nueva constitución chilena, que se está llevando a cabo por la Convención Constituyente.

Un grupo de convencionales ya ha verbalizado que quiere que Chile sea un estado plurinacional, y ya existe un documento base de propuesta sobre los derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad que está en la comisión respectiva.

El documento, señala entre otros, que “el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas debe interpretarse, en general, como el derecho a negociar libremente su condición jurídica y social y su representación en el Estado en que viven… se trata de una especie de segunda fundación del Estado gracias a la cual se brinda a los pueblos indígenas la oportunidad de unirse a todos los demás pueblos que constituyen el Estado en condiciones justas y mutuamente convenidas”.

Luego se define lo que es para para la comisión la plurinacionalidad: “Reconocimiento de la existencia de los pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la tierra y sus territorios, instituciones y formas de organización, según los estándares de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos”.

De lo anterior se puede desprender que los pueblos originarios podrían decidir que los chilenos no puedan transitar por provincias de ciertas regiones; o declarar la guerra a una comunidad; o tomarse terrenos que por ley –post creación del Estado- le pertenecen a otro. Con lo que ellos exigen, ¿No estarían violando derechos humanos de otros? Sin duda un tema de múltiples interpretaciones, y peligroso, que podría terminar con lo que hoy entendemos por Chile.

Analizando la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (carta inspiradora del documento base que hoy está en la Convención) se aclara, “que son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas”. Si aquí vemos que la declaración dice expresamente que son iguales a los demás pueblos, entonces, es motivo de controversia que en artículos posteriores se los discrimine positivamente, y si bien no se deja por escrito, se lee entre líneas que podrían independizarse del país donde hoy son ciudadanos.

Esto porque se aclara que tienen derecho a libre determinación y por ende a la libre autonomía o autogobierno. “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez el derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. Ergo, se podría desprender que, si un pueblo originario “no lo desea”, no cumple sus deberes y derechos sociales, políticos, económicos del Estado donde reside. Podría, por ejemplo, ¿dejar de pagar impuestos?

Con esta declaración de la ONU es entendible que los grupos plurinacionales se sientan legitimados a las demandas que están realizando en la Convención Constituyente. Por ejemplo, en el artículo 9 se aclara que los indígenas tienen derecho a una comunidad o nación indígena. Si bien no se agrega la palabra soberanía, queda abierto a interpretación. Pero, a medida que avanza el documento se deja establecido que el Estado debe proporcionales programas de vivienda, salud, cultura y devolverles sus tierras. Si seguimos ese juego, asaltan otras interrogantes. ¿Se debiera devolver todas las tierras al momento que llegaron los españoles a Chile?; ¿O al momento de la independencia?, ¿O luego de los acuerdos de ocupación y pacificación de 1883? ¿O el acuerdo de paz de la Araucanía del presidente Sebastián Piñera en 2018?, en la Declaración no queda claro.

El documento también recoge los conceptos de autonomía y autogobierno en asuntos internos y locales, pero a la vez el derecho de participar en todo lo que realice el Estado. Ergo, los pueblos aborígenes tendrían su país independiente, pero financiado por el resto de Chile. Usted lector, ¿está dispuesto a que le suban los impuestos para financiar la educación, vivienda, caminos, seguridad a esta población, pero sin que el imperio de la ley chilena penetre en esos territorios?

Y se incluyen normas que van más allá. “Las comunidades, pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado deberán ser consultadas por las autoridades públicas para obtener su consentimiento previo, libre e informado cuando se trate de adoptar medidas administrativas, legislativas, adopción de políticas públicas”. Por ejemplo, la actual comunidad de Temucuicui estaría actuando legalmente al no dejar entrar militares, ni PDI, ni que se pueda ingresar a censar a la población.

No sabemos qué saldrá finalmente en la propuesta de Constitución en esta temática, pero si fuera así como está hoy, huele más a independencia a costo cero para los pueblos preexistentes. Si se informara más sobre el contenido de esta norma no cabe duda que ya se habrían levantado voces en contra de la plurinacionalidad; y se defendería el de la pluriculturalidad, porque en esta propuesta ¿se está respetando a la gran mayoría del pueblo que no es aborigen? y, ¿es políticamente razonable lo que se quiere? Estas son las preguntas que deben analizarse, y darle respuesta a todo un país antes de que sea tarde.

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