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Publicado el 24 de junio, 2019

Rodrigo Troncoso: Presunción de culpabilidad en políticas públicas y el 4%

Investigador de LyD y del Centro de Políticas Públicas de la UDD Rodrigo Troncoso

Desde hace un tiempo, la izquierda ha estado usando una estrategia contraria a la lógica de las ciencias, planteando como escenario base reformas radicales sin sustento empírico, mientras dejan el peso de la prueba a quienes sostienen mantener posturas prudentes. Lo mismo que una presunción de culpabilidad, donde el acusado tiene que demostrar que es inocente.

Rodrigo Troncoso Investigador de LyD y del Centro de Políticas Públicas de la UDD
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La presunción de inocencia está contemplada en la Declaración Internacional de DDHH. No bastan los prejuicios para condenar a un acusado, sino pruebas contundentes. Se considera más grave condenar a un inocente erróneamente, que no poder condenar a un culpable a falta de pruebas.

Esta lógica opera en los llamados contrastes de hipótesis estadísticas, herramienta fundamental en las ciencias, así como para la evaluación y diseño de buenas políticas públicas. En estos se plantean hipótesis, para luego contrastarlas con la realidad. Si la evidencia no es consistente con la hipótesis, entonces esta se descarta o, en jerga estadística, se rechaza. Sin embargo, existe una asimetría en este método, ya que no descartar una hipótesis no significa validarla. Simplemente, la deja como una explicación posible, entre muchas otras.

En los contrastes de hipótesis existe un principio de prudencia. Se considera más grave descartar el conocimiento previo erróneamente, que mantenerlo equivocadamente. Hasta que se demuestre lo contrario, con evidencia más robusta.

¿Por qué se aprobó una reforma que no pasaba la prueba del sentido común? Porque los detractores no lograron desacreditar completamente los prejuicios ideológicos impuestos.

Desde hace un tiempo, la izquierda ha estado usando una estrategia contraria a la lógica de las ciencias, planteando como escenario base reformas radicales sin sustento empírico, mientras dejan el peso de la prueba a quienes sostienen mantener posturas prudentes. Lo mismo que una presunción de culpabilidad, donde el acusado tiene que demostrar que es inocente. Por ejemplo, durante el segundo gobierno de Bachelet se fijó como objetivo el fin al lucro, al copago y la selección en educación ¿Qué nos decía la evidencia? Colegios con lucro tenían buenos resultados académicos; colegios con copago tenían mayor integración social; la selección permitió a colegios emblemáticos ser una fuente importante de movilidad social. ¿Por qué se aprobó una reforma que no pasaba la prueba del sentido común? Porque los detractores no lograron desacreditar completamente los prejuicios ideológicos impuestos: los resultados educativos no eran tanto mejores en los colegios con fines de lucro; la integración social del copago no era suficiente; la evidencia de la movilidad social en colegios emblemáticos podría tener otras explicaciones. El mundo al revés. Había evidencia de que la reforma no iba a mejorar nada de lo que se proponía, pero como no era lo suficientemente contundente para la izquierda, entonces se justificó con prejuicios y consignas. Es presumir la culpabilidad del acusado.

Si las pensiones se consideran bajas, esto no tiene que ver con el desempeño de las AFP, sino con razones como las lagunas previsionales, la temprana edad de jubilación o con reformas al pilar solidario.

Esta misma actitud se está teniendo ahora en la discusión de aumentar la cotización previsional del 10% al 14%. Las AFP han administrado el 10% de cotización en forma envidiable a nivel internacional. Altos retornos, bajas comisiones y una cartera robusta a las crisis. Además, las AFP operan bajo un esquema regulatorio estricto, que se ha ido perfeccionado durante años, en forma seria, profesional y consensuada. De hecho, Chile es un referente a nivel mundial en esta materia. Pero, como cuando se presume culpabilidad, se planteó primero “no más AFP”. ¿Por qué? Ninguna razón atendible. Si las pensiones se consideran bajas, esto no tiene que ver con el desempeño de las AFP, sino con razones como las lagunas previsionales, la temprana edad de jubilación o con reformas al pilar solidario. Finalmente, buena parte de la izquierda terminó dejando de lado esa postura insensata, a cambio de otra igual de injustificable: “ni un peso más para la AFP”.

Cuando lo razonable es que el 4% adicional fuese administrado por las AFP, ¿por qué dar un salto al vacío en el pilar más consolidado del sistema? Las AFP cuentan con una regulación madura, buenos resultados y bajas comisiones. ¿Por qué la izquierda insiste en exigir un ente estatal, entonces? La verdad, ningún motivo atendible. En el mejor de los casos, argumentan, este nuevo ente estatal podría hacerlo tan bien como lo hacen actualmente las AFP. Un argumento débil para un tema tan importante y de largo plazo como las pensiones. Y si el ente estatal no resulta ser tan bueno, ¿quién se hace responsable?

Las buenas políticas públicas no deben sostenerse en prejuicios infundados ni ideas improvisadas. Las reformas impulsadas durante el gobierno anterior han deteriorado la educación, el crecimiento y las instituciones. Es tiempo de retomar con seriedad las discusiones en políticas públicas, basadas en evidencia y no en prejuicios.

 

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