Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 11 de noviembre, 2019

Rodrigo Ahumada: Entre la ilusión y la mentira

Académico Correspondiente, Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino, Profesor Asociado de Historia y Filosofía Rodrigo Ahumada

El acceso a una educación pública de calidad, un sistema de salud pública eficiente, un sistema previsional que garantice no solo pensiones dignas sino también la propiedad privada sobre los fondos de pensiones, la creación de empleos de calidad, aumentos en el salario mínimo, por mencionar los temas más relevantes, NO pasan por un cambio a la Constitución y menos aún por una Asamblea Constituyente.

Rodrigo Ahumada Académico Correspondiente, Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino, Profesor Asociado de Historia y Filosofía
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Una de las características que la sociedad chilena comparte con el resto de los países de América Latina consiste en la ilusión de creer que los grandes cambios sociales y las crisis políticas de un país se resuelven con un cambio de Constitución. De hecho, resulta abrumador constatar el gran número de Constituciones que han deambulado por nuestros pueblos en su corta historia republicana. Muchos de estos cambios se realizaron sin considerar si dicha Carta fundamental les había otorgado estabilidad política y paz social a sus respectivos países.

Un caso emblemático lo encontramos en Venezuela, donde la Constitución de 1961, considerada una de las más modernas para su tiempo, inauguró el periodo del Estado democrático centralizado de partidos políticos. Desgraciadamente, con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez (1999) se puso fin a este periodo histórico y al régimen democrático que lo sustentaba. Lo que no se debe olvidar nunca es que el factor determinante para acabar con la democracia y desmantelar sus instituciones fue la implementación de una nueva Constitución por la vía de una Asamblea Constituyente promovida y manejada, entre otros, por los “revolucionarios profesionales” (Lenin, ¿Qué hacer?), los mismos que hoy operan en Chile y que los vemos aparecer en las llamadas marchas “pacíficas”. A partir de ese momento fundacional se instauró el año cero de una nueva historia (François Furet), la historia de la República Bolivariana de Venezuela, un Estado Autoritario Centralizado, y finalmente una dictadura bajo el halo del Socialismo del Siglo XXI (Heinz Dieterich, Marta Harnecker).

Experiencias históricas similares las encontramos en Ecuador y Bolivia. En el caso de Ecuador bajo el mandato de Rafael Correa (2007-2017), hoy prófugo de la justicia ecuatoriana que nunca imaginó que Lenin Moreno pondría fin a su sueño de ser presidente vitalicio. El otro ejemplo reciente lo tenemos en Bolivia con Evo Morales, quien violentó la soberanía popular expresada en las elecciones del 20 de octubre, tal como lo hizo con el resultado del referendo de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos le dijeron NO a la reelección indefinida. Ese pronunciamiento era vinculante y obligatorio para el mandatario, sin embargo, Evo lo desconoció manipulando al Tribunal Constitucional (Trino Márquez). En los tres casos mencionados fue “La Constituyente” la que permitió crear una Nueva Constitución para instaurar un régimen dictatorial visible o encubierto.

Es a partir de estos hechos, que debe comprenderse el llamado de la izquierda chilena no democrática a convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, como si ésta última fuese la causa del “estallido social” y del descontento que hoy vivimos. Por eso se ha buscado mediante un hábil manejo de la propaganda política (¿puede sorprendernos?) instalar en el imaginario político de la ciudadanía el relato ficcional que cambiando la Constitución se resolverá la desigualdad y la brecha social entre los chilenos. Esto no tiene ninguna base en la realidad. En efecto, el acceso a una educación pública de calidad, un sistema de salud pública eficiente, un sistema previsional que garantice no solo pensiones dignas sino también la propiedad privada sobre los fondos de pensiones, la creación de empleos de calidad, aumentar el salario mínimo, por mencionar los temas más relevantes, NO pasan por un cambio a la Constitución y menos aún por una Asamblea Constituyente, el viejo “caballo de Troya” de la izquierda no democrática.

¿Por qué entonces la extrema izquierda y algunos políticos de la ex Concertación o de la Nueva Mayoría aspira a una Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Como señala Pablo Torres en La Izquierda Diario con meridiana claridad, “nuestra lucha por echar a Piñera con la huelga general y por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, debe ser liquidando los poderes de las viejas instituciones del régimen heredero de la dictadura como la presidencia y el parlamento actual. Para que sea verdaderamente Libre y Soberana, es decir, sin ninguna restricción, que pueda discutir y tomar todas las medidas que considere necesarias, debe ser impuesta por las coordinadoras y la autoorganización democrática de las organizaciones obreras, populares, los comités y coordinadoras que surjan a través de la lucha. Estas organizaciones de autodeterminación son las únicas que pueden convocar a una Constituyente realmente democrática, donde todos puedan participar desde los 14 años”.

Estos son los articuladores de muchas de las asambleas y cabildos que pululan a lo largo de Chile en pro de una Asamblea Constituyente, al mismo tiempo que legitiman la vía violenta como la única garante de su voluntad de poderío. ¿Qué democracia nos quieren imponer? Los ejemplos están a la vista. Un modelo político que de democrático solo tiene el nombre. Con esto no queremos decir en modo alguno que el tema constitucional no sea importante, sino que el problema actual en Chile no es constitucional, es social y político, por consiguiente, no puede ser resuelto si no se abren las vías políticas del diálogo entre todos los sectores políticos y con todas las fuerzas vivas de la sociedad política, ese difícil equilibrio entre representación y participación. Solamente de esa manera podremos defendernos de una minoría violenta y vociferante que, contando con el apoyo tácito de algunos medios televisivos, solo busca acabar con la democracia para realizar su utopía del Hombre Nuevo. Desgraciadamente, la mayoría de los manifestantes no logra percibir con claridad que sin un mínimo de estabilidad política y paz social no se puede reiniciar el trabajo político que permita la renovación política-social, que garantice la libertad y la justicia social que, todos los que creemos  y valoramos la democracia (a pesar de sus defectos), anhelamos.

Nuestro primer deber es defender la democracia de sus enemigos, antes que tengamos que llorar sobre sus cenizas.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: