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Publicado el 17 septiembre, 2020

Roberto Munita: Elección de gobernadores: Evitemos un Transantiago administrativo

Abogado, magíster en Sociología y Master in Political Management, George Washington University Roberto Munita

Si se eligen antes del Presidente, durante los primeros meses de su gestión, los gobernadores no tendrán prácticamente nada que hacer. ¿Qué hace una autoridad con tiempo libre, tribuna asegurada y respaldo ciudadano? Obvio: convertirse en el jefe de campaña del candidato presidencial de su preferencia. Es decir, un activista político, pagado con plata de todos los chilenos.

Roberto Munita Abogado, magíster en Sociología y Master in Political Management, George Washington University
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De no ser por Mr. Covid-19 —a quien habría que postular como personaje del año de la revista Time— en un mes más estaríamos eligiendo, por primera vez, a los gobernadores de las 16 regiones del país. No obstante, la pandemia obligó a modificar el calendario electoral y por ello tanto esta elección como la de alcaldes y concejales se realizará en abril del año 2021.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha empezado a instalar la posibilidad de que la elección de gobernadores se realice junto con la presidencial, en noviembre del mismo año. La idea no es descabellada: para quienes creemos que el futuro de Chile está en las regiones y vemos con buenos ojos contar con una mayor descentralización, esperar unos meses más puede ser una tremenda oportunidad, si se hacen las cosas bien.

Uno: la pandemia ha resultado ser más catastrófica y resistente de lo que habíamos pensado. Esperamos estar en mejor pie en abril de 2021, pero ¿qué pasa si hay rebrotes? Postergar el máximo de eventos masivos para fin de año puede ser un gran alivio, suponiendo que para entonces ya tendremos una vacuna. Es difícil mover las elecciones municipales —pues tienen autoridades actualmente en ejercicio, a los que ya se les extendió su mandato— pero la elección de gobernadores permite hacer justamente eso, a un bajo costo.

Dos: es mejor tener menos fechas electorales, con más comicios simultáneos; es más barato y se puede esperar más participación. Si los gobernadores pasaran a elegirse con el Presidente y el Congreso, en noviembre de 2021, se podría augurar una mayor participación electoral y, por tanto, las autoridades electas podrán gozar de mayor legitimidad, lo que será sumamente necesario por tratarse de un cargo recién creado.

Tres: el Gobierno anterior sacó la ley que consagró la elección popular de gobernadores entre gallos y medianoche, en febrero de 2018, justo antes de terminar su período. Y por ello, salió del horno aún muy cruda, lo que fue reconocido incluso públicamente por varios parlamentarios, al momento de aprobar el informe de una apurada Comisión Mixta (por ejemplo, el senador Pizarro, en ese entonces oficialista, se quejó públicamente de que el Gobierno tuvo la “incapacidad de llegar a acuerdos entre todos”). En contraposición a ello, hoy contamos con una oportunidad histórica para darle, a esta ley, la cocción final que requiere.

Cuatro: cuidado con la ilusión de descentralización. El mejor ejemplo de ello es la instalación del Congreso en Valparaíso. La decisión política sigue siendo igual de centralizada, pero en otra ciudad. Si queremos hacer un proceso de regionalización en serio, debemos preocuparnos por la profundidad y el alcance que tendrán los gobiernos regionales, más que por contar con autoridades electas cuanto antes.

Cinco: en relación con lo anterior, postergar la elección puede ayudar a entregar más competencias a los futuros ejecutivos regionales. Una de las grandes críticas en todo este proceso es el bajo grado de competencias que se cederían a los gobiernos regionales. Pues bien, con el cambio de fecha se pueden ganar inestimables semanas y meses para negociar con el Ejecutivo un protocolo que permita asegurar que el Gobernador Regional no será, apenas, una figura decorativa en la región.

Seis: el hecho de hacer las elecciones de gobernadores un año antes —o siete meses antes, en para el particular caso de 2021— de la elección presidencial equivale a “presidencializar la elección regional”. Si se mantiene el calendario previsto, es probable que las coaliciones no busquen las mejores cartas para gobernar cada región, sino aquellas que le ayuden al candidato presidencial. Y, como es evidente, las regiones no merecen este trato ni este nivel de instrumentalización.

Siete: la teoría de que la fecha de elecciones de gobernadores debe ir junto a la de alcaldes y concejales se basa en una falacia: que se trataría de elecciones locales, en contraposición a la Presidencial, que es nacional. Lo cierto es que hay tres niveles distintos de autoridades electas: municipales, regionales y nacionales. Que las autoridades regionales se parezcan más a las municipales es algo completamente debatible. ¿A qué se parecerá más la sede del Gobierno Regional, a La Moneda, o a un Municipio? ¿Con qué órgano se relacionará más el gobernador, con el poder central —que tendrán delegados en cada región— o con los alcaldes? La respuesta es evidente, y no requiere mayor análisis.

Ocho: la ley que estableció la elección de gobernadores regionales fue hecha tan a la rápida que olvidaron que los consejeros regionales o cores —que integran, junto con el gobernador, el Gobierno Regional— se eligen junto con el Presidente y el Congreso. Esto obligó a sacar posteriormente una “ley corta”, que estableció que los próximos cores durarán sólo tres años en su cargo. Curiosa solución a la que llegó el legislador, cuando una alternativa más simple y obvia habría sido adecuar la elección de los gobernadores a los cores (institución que ya cuenta con varias elecciones en el cuerpo), y no viceversa.

Nueve: como estrategia política, también es mejor reunir la elección presidencial con la regional. Así, cada candidato presidencial se presentará con sus candidatos a gobernadores, como un gran equipo. Esto ayudará no sólo a uniformar las candidaturas a lo largo del país, sino también a darle más peso político al cargo regional que recientemente se ha creado.

Diez: he dejado para el final la que, a mi juicio, es la razón más importante de todas: la ley dejó establecido que, durante los primeros 24 meses de mandato de un Presidente de la República, éste podrá transferir competencias a un Gobernador Regional. Es decir, durante los primeros meses de su gestión, el gobernador no tendrá prácticamente nada que hacer (salvo administrar fondos y otras tareas menores). Y esto no sucederá sólo en el año 2021, sino cada vez que se elija a un gobernador un año antes que la autoridad que le debe transferir competencias. ¿Qué hace una autoridad con tiempo libre, tribuna asegurada y respaldo ciudadano? Obvio: convertirse en el jefe de campaña del candidato presidencial de su preferencia. Es decir, un activista político, pagado con plata de todos los chilenos.

Todas estas razones demuestran que el tema de la fecha de la elección no es para nada trivial, aunque aquí se ha tratado como un dogma inalterable. Frente a ello, no son pocas las voces que reconocen —aun en voz baja— que, si no hacemos cambios relevantes, la nueva institución del Gobernador Regional se podría llegar a convertir en un verdadero Transantiago administrativo.

Por suerte, aún estamos a tiempo para revertir estos efectos, y parece ser más prudente aprovechar los meses que vienen para afinar y diseñar de mejor manera el futuro cargo, en vez de apurar una fecha electoral que podemos terminar lamentando después.

En esto no hay engaño; acá no se trata de echar por tierra el proceso de descentralización ya comenzado; el regionalismo triunfó y es una buena noticia que cada territorio pueda elegir a su máxima autoridad. Pero hagamos las cosas bien, por el bien de las regiones. Parafraseando a Napoleón: avancemos despacio, porque llevamos prisa.

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