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Publicado el 17 de diciembre, 2016

Riesgo crediticio: tarjeta amarilla

La decisión de la clasificadora de riesgo Fitch le da la razón al ministro Valdés en sus esfuerzos por enrielar las cuentas fiscales.
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La decisión de la clasificadora de riesgo Fitch de cambiar de “estable” a “negativa” la perspectiva de clasificación de la deuda soberana de Chile ha causado bastante impacto. Y aunque fue algo inesperado por el momento en que ocurrió, en ningún caso debería ser motivo de sorpresa, ya que la forma como ha evolucionado la deuda pública chilena en los últimos años muestra una trayectoria al alza que es preocupante, reflejo de un deterioro paulatino en las cuentas fiscales del país. Y esta situación viene siendo alertada por distintas voces desde hace bastante tiempo.

Detrás de la “nota” que se le asigna a la deuda soberana de un país -o a la de una empresa o institución financiera, según corresponda- lo que hay es una opinión respecto de la probabilidad de que las obligaciones crediticias puedan ser pagadas en los términos pactados. Y de acuerdo a las prácticas usuales con las que proceden las agencias clasificadoras, el cambio en la tendencia de la clasificación (hacia arriba o hacia abajo) suele ser el paso previo a una modificación en la nota asignada (rating), de manera que la señal implícita en esta reciente decisión que se nos ha notificado es bastante evidente.

Actualmente Chile ostenta una de las clasificaciones de riesgo más favorables entre las economías emergentes del mundo, ubicándose de hecho al mismo nivel de países como China e Israel. Este logro ha sido el fruto de muchos años de esfuerzo en cuanto a disciplina fiscal y solidez en las políticas económicas implementadas durante varias décadas.

¿Y de qué ha servido esto? No ha sido un simple galardón obtenido para exhibirlo en una vitrina. Se trata de algo tan valioso como una calificación que es utilizada como punto de referencia para determinar la prima por riesgo que se le aplica al país -o a sus empresas- cuando acuden a los mercados internacionales de capitales para obtener financiamiento. Tan potente como eso. Cabe tener presente que como contrapartida de los variados problemas de competitividad que nuestra economía presenta en diversos ámbitos, y que están dificultando el potencial de crecimiento, una de las principales ventajas competitivas que Chile puede exhibir se refiere, precisamente, a las favorables condiciones en las que el Fisco y las empresas chilenas en general pueden acceder a endeudamiento. Y esto en principal medida es consecuencia de la favorable clasificación de riesgo soberano que exhibe el país.

A mediados de la década de los 90 la clasificación de riesgo país de Chile alcanzó la categoría que se conoce como “grado de inversión” (BBB-), que lo diferenció de aquellos países cuya deuda es considerada como “especulativa” (o “chatarra”), y de ahí en adelante solo fue mejorando en el tiempo. El último salto de escalón otorgado por la agencia Fitch ocurrió en 2011, subiendo de categoría A a categoría A+. Eran tiempos en que las proyecciones de deuda fiscal de mediano plazo eran inferiores al 10% del PIB, en el contexto de una economía que crecía en forma vigorosa. En la actual coyuntura, las proyecciones de deuda pública se elevan a 30% del PIB, y, en opinión de la propia clasificadora de riesgo, Chile está experimentando la erosión más rápida entre los países ubicados en categoría A, al juntarse un proceso de desaceleración económica con un aumento importante en la deuda pública.

El aumento en el riesgo país que esto podría acarrear no es gratis: no solo se retrocedería en cuanto al costo del crédito para el Fisco y para las empresas chilenas en los mercados internacionales, perdiéndose así una importante ventaja competitiva del país, sino que también se colocaría una presión adicional al presupuesto público de los próximos años, por el mayor costo de la deuda que habría que soportar.

Esta tarjeta amarilla que nos está mostrando la clasificadora de riesgo Fitch le da la razón al ministro Rodrigo Valdés en sus esfuerzos por enrielar las cuentas fiscales, apuntando a una situación más equilibrada de mediano plazo. El problema es que no basta con la ya difícil tarea de controlar la expansión del gasto público, pues a ello se suma el desafío de mejorar los resultados en materia de crecimiento económico.

En la medida que la economía chilena se mantenga empantanada, los indicadores de deuda pública en relación al PIB no mejorarán, y la pérdida de musculatura asociada a este estancamiento se va a traducir objetivamente en una menor capacidad del país para cubrir sus obligaciones financieras en el mediano y largo plazo. Eso se vería reflejado en una menor clasificación de riesgo, lo cual daría origen a un aumento en el costo del crédito, alimentando un círculo vicioso de menor inversión, menor crecimiento y menor empleo. Esto es lo que está en juego a partir de la tarjeta amarilla que nos acaban de mostrar.

Tenemos que mejorar el comportamiento en la cancha de juego, porque la próxima tarjeta nos va a hacer perder un importante jugador y el partido se va a desequilibrar en contra de Chile. El ministro Valdés tiene una ardua tarea por delante, convenciendo a quien corresponda del costo que nos va a significar como país persistir en esta senda.

 

Hernán Cheyre V., director Instituto de Emprendimiento U. del Desarrollo

 

 

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