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Publicado el 31 octubre, 2020

Ricardo Vásquez: No son fake news, es desinformación en línea

Abogado, colaborador Fundación P!ensa Ricardo Vásquez

Gran parte de las medidas para combatir la desinformación se enfocan al nivel de plataformas sociales. No obstante, la clave para combatir este problema es comprender que se requiere de un enfoque multidimensional que incluya una diversidad de medidas a corto y largo plazo.

 

Ricardo Vásquez Abogado, colaborador Fundación P!ensa
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Con el surgimiento del Internet como el medio de comunicación más importante de los últimos años, el uso de las plataformas sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ha demostrado tener un rol esencial en la cultura democrática al entregarnos medios innovativos para conectarnos, discutir, conversar e intercambiar ideas. En ese sentido, no somos pocos los que ingresamos a Twitter o Facebook para leer artículos, participar en debates, o informarnos sobre un evento. No obstante, el masivo uso de las plataformas sociales también nos reveló un grave problema: la desinformación en línea.

Particularmente durante el presente año (2020), diversos eventos han manifestado con mayor fuerza este problema. Por ejemplo, el Covid-19 demostró que la desinformación en línea sí tiene efectos reales y que incluso pueden derivar en daños físicos a las personas e infraestructura crítica. Por otro lado, durante la campaña presidencial de los Estados Unidos (2020), la relevancia de tener un debate sincero durante periodos de elecciones quedó confirmada dada la magnitud de información falsa circulando en línea, incluyendo el contenido de grupos conspiracionistas como Qanon. Estos eventos han provocado que diferentes actores en el ecosistema de las redes sociales, incluyendo plataformas, federaciones de periodistas y gobiernos, adopten o soliciten medidas más drásticas para combatir el problema.

En ese sentido, Chile no ha sido la excepción. Por ejemplo, diversos estudios indicaron que, durante el estallido social de octubre del año 2019 y la pandemia del Covid-19, un porcentaje no menor de ciudadanos estuvo expuesto a fake news. Por aquella razón, nuestro país ha intentado no quedarse atrás en el combate en contra de la desinformación en línea y un grupo de Senadores, reconociendo la gravedad del asunto, ingresó el día 11 de agosto de 2020 el Boletín N° 13698-07, cuyos dos objetivos principales son: (i) limitar el acceso de los partidos políticos a información personal de los ciudadanos; y (ii) regular la propagación de fake news durante periodo de elecciones. En lo referido a las noticias falsas, el proyecto de ley busca sancionar con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 100 UTM a las personas “que durante el período legal de campaña electoral, a sabiendas, difunda acusaciones, imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad del proceso electoral en curso o del próximo y sean difundidos de forma deliberada, artificial, automatizada o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social”. 

Previo a realizar cualquier comentario respecto el boletín, es importante destacar que combatir la desinformación en línea es una tarea sumamente difícil respecto de la cual, al día de hoy, no se ha encontrado una solución adecuada. En ese sentido, es complejo balancear el interés de todos los individuos en el ecosistema de las redes sociales, el respeto a la libertad de expresión como derecho fundamental, y una respuesta apropiada para combatir esta amenaza. Como consecuencia de aquello, actualmente es posible hallar diversas modalidades regulatorias que tienen por objeto combatir la desinformación y que difieren enormemente el uno del otro, desde la auto-regulación con el Código De Buenas Prácticas Contra la Desinformación de la Unión Europea a la promulgación de leyes sumamente criticadas por entes internacionales como la Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act de Singapur.

De esa forma, reconociendo la complejidad que implica combatir la desinformación en línea y la importancia que implica generar un debate con altura de miras en nuestro país, es necesario efectuar tres comentarios a raíz de la presentación del Boletín N° 13698-07.

El primer comentario tiene un carácter netamente conceptual y dice relación con la utilización por parte de nuestros legisladores del concepto de fake news en desmedro de desinformación en línea, particularmente en el título del proyecto y su desarrollo, lo cual contradice la gran mayoría de recomendaciones entregadas a nivel internacional. En ese sentido, es fundamental considerar que actualmente diversos grupos de expertos, autores e instituciones internacionales han incentivado y recomendado la utilización del concepto de desinformación en línea en reemplazo de fake news. Algunos de los argumentos para sustentar aquello dicen relación con la ambigüedad y falta de claridad en la definición de fake news, que dicho concepto es extremadamente inadecuado para describir la complejidad que la desinformación en línea acarrea, o que la idea está bastardizada y/o contaminada. Específicamente, el denominado Independent High-Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation de la UE, concluyó al respecto:

  1. i) el término fake news no captura la real extensión y complejidad que el problema de la desinformación implica en la sociedad ya que no necesariamente incluye noticias falsas, sino que también fabricadas y prácticas que van más allá de las noticias; y
  2. ii) el concepto de fake news ha sido utilizado de forma inadecuada por diferentes políticos para desechar noticias con las cuales no están de acuerdo.

De esa manera, el grupo de expertos propone emplear el término desinformación en línea para referirse a este problema en vez de fake news, lo que ha sido acogido expresamente por diversos actores. Por ejemplo, la Comisión Europea de la UE en su Comunicación Final Lucha Contra la Desinformación en Línea: un Enfoque Europeo, adopta el término desinformación en línea y lo define como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Por su parte, la UNESCO, en el documento denominado Periodismo, “Noticias Falsas” & Desinformación Manual de Educación y Capacitación en Periodismo, indica que se debe evitar emplear el término fake news y en su reemplazo propone utilizar desinformación. Igualmente, la OECD mediante su publicación Governance responses to disinformation, señala que la nomenclatura fake news debe ser evitada y el concepto de desinformación debiese emplearse al discutir esta problemática. Cabe destacar que, en los ejemplos antes mencionados, las razones expuestas son similares o basadas en los argumentos esgrimidos por el grupo de experto de la UE. Lo anterior ha derivado en que diversos legisladores (Reino Unido, Francia, entre otros), al discutir proyectos de ley para combatir la información falsa en las redes sociales desechen la noción de fake news optando por utilizar desinformación en línea o variantes similares.

En consecuencia, esta diferencia conceptual no es un mero capricho y existen razones que justifican su aplicación como algo básico y primordial al momento de iniciar cualquier discusión en esta materia. Más aún, emplear el concepto de desinformación en línea en vez de fake news, e idealmente en términos similares a los definidos por la UE, no sólo otorga una mayor armonización a nivel internacional, sino que también nos permite enfocarnos en la idea de public harm o daño público como elemento esencial. Esto admite aplicar una sola definición de desinformación en línea en distintos contextos y no sólo enfocada a periodo de elecciones, como es el caso de la propuesta chilena. De esa forma, y dada la transversalidad de este problema, no sería necesario modificar la definición para adecuarla a situaciones distintas.

El segundo comentario dice relación con la dificultad en aplicar una normativa que se centra en sancionar al usuario de la plataforma social. En ese sentido, la gran mayoría de los esfuerzos para combatir la desinformación en línea a nivel mundial se enfocan en las plataformas sociales y/o incluyen o recomiendan diferentes mecanismos que permitan un enfoque holístico para atacar este problema (campañas de educación, la regulación de la publicidad online, entre otros). De esa forma, cualquier esfuerzo para combatir la desinformación en línea que se orienta en sancionar al usuario, como es el caso de Chile, tiene que considerar las diversas complejidades que esto implica, particularmente: (i) el carácter transfronterizo y la diversidad de actores en el Internet; (ii) volumen y velocidad de la información; y (iii) herramientas de anonimización de los usuarios.

Respecto al primer punto, es esencial tener presente que existen diversos usuarios capaces de generar campañas de desinformación en línea y que va más allá de la persona natural con residencia en Chile. Así, es posible encontrar desde el “lobo solitario”, grupos políticos o apolíticos (ej. movimientos ultranacionalistas), empresas y/o corporaciones a gobiernos extranjeros. Por ejemplo, durante los primeros meses del Covid-19, la UE sufrió extensos flujos de desinformación en su territorio, incluyendo acciones de estados externos como China y Rusia. De esa forma, en el evento que se generen campañas de desinformación por actores externos, como fue el caso de la UE, la aplicación de sanciones en los términos indicados en el Boletín carece de efectividad alguna.

En segundo lugar, debido el masivo volumen de información que se comparte en las redes sociales (quince millones de usuarios activos en Chile) y la inmediatez con que se propaga la información, aplicar sanciones al usuario con posterioridad (semanas o meses después) no afectaría el ciclo de la noticia falsa, que es lo que se debiese buscar. Más aún, en periodos de mayor movimiento en redes sociales, como elecciones, el volumen de quejas por información falsa en las plataformas podría traducirse en un colapso del sistema judicial como se temió en Francia con la relative à la lutte contre la manipulation de l’information. Todo lo anterior dificulta aún más la aplicación de cualquier normativa que se centra exclusivamente en el usuario para combatir la desinformación en línea.

Finalmente, las diferentes técnicas de anonimización que los usuarios pueden utilizar en Internet hacen muy complejo identificar al autor material de una campaña de desinformación. Particularmente, el uso de servicios Proxy, VPN que modifican el IP del usuario, o de TOR como navegador que oculta el tráfico en Internet claramente dificultan esta tarea. En efecto, estas herramientas hacen muy costoso, y en algunos casos imposible, encontrar a la persona que difunde o crea una campaña de desinformación en línea.

Por las razones antes expuestas, gran parte de las medidas para combatir la desinformación se enfocan al nivel de plataformas sociales, incluyendo advertencias respecto de la naturaleza de la información y en casos más graves, filtros, remoción y postergación de la información falsa en el feed del usuario. No obstante, la clave para combatir este problema es comprender que se requiere de un enfoque multidimensional que incluya una diversidad de medidas a corto y largo plazo. Sólo a modo de ejemplo, hablamos de programas de educación literaria que ayuden a las personas con la distinción entre noticias falsas y verdaderas; una red potente e independiente de fact-checking; planes de coordinación entre el gobierno y plataformas sociales para responder antes situaciones de emergencia; promover la publicación de noticias de fuentes fidedignas, entre otras. Ahora, si nos ceñimos exclusivamente a periodos electorales, las medidas antes referidas pueden complementarse con restricciones temporales a la publicidad pagada por políticos en las plataformas sociales, incentivar la transparencia en dicha publicidad y aumentar la capacidad de moderación de contenido o fact-checking. En consecuencia, un proyecto de ley que se enfoca exclusivamente en el usuario de la red social es muy complejo de aplicar, lo que podría afectar su capacidad de impacto al combatir la desinformación.

Finalmente, el tercer comentario respecto del Boletín N° 13698-07 dice relación con la complejidad, desde el punto de vista legal-constitucional, que existe en conciliar la aplicación de sanciones en contra de las personas que emiten información falsa con el respecto a la libertad de expresión como derecho fundamental. Es esencial tener presente que la libertad de expresión no sólo protege la difusión de información veraz, sino que también la distribución de información falsa, salvo en casos específicos como la difamación o discursos de odio. Por aquello, uno de los aspectos más complejos al regular la desinformación en línea, independientemente de la modalidad regulatoria que se opte, es conciliar los mecanismos a utilizar con el respeto a la libertad de expresión. Por aquello, instituciones internacionales como el United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression han indicado que prohibiciones generales basadas en normativas ambiguas y vagas respecto a la diseminación de información son incompatibles con estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

De esa manera, y tal como se indicó al comienzo, la desinformación en línea es un problema bastante complejo y a la fecha no existe una fórmula milagrosa que permita enfrentarla adecuadamente. Cualquier debate sobre este tema requiere de un análisis y discusión profunda que va más allá de modificar un solo artículo para sancionar al usuario que difunda la información falsa. En consecuencia, generar espacios de debate respecto a esta materia que incentiven a encontrar la manera más idónea de combatir la desinformación en nuestro país y así disminuir su efecto negativo es siempre un aporte, pero es una tarea muy compleja que requiere de una mirada holística con medidas a corto y largo plazo para generar un real impacto en la sociedad.

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