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Publicado el 09 de mayo, 2020

Ricardo Manzi: La indulgencia

Abogado, Magister en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional Ricardo Manzi

No es lo mismo la comprensión de fenómenos humanos complejos que llevan a algunos a atentar contra la convivencia pacífica en una sociedad y adoptar medidas -si se puede- reparadoras del mal causado y de redención para los culpables, que el empático e inútil expediente de la mera impunidad, que azuza las pulsiones del marginado social y político que, liberado del castigo o suavizado éste por una victimización “inversa”, se avienta a perseverar en sus conductas dañosas.

Ricardo Manzi Abogado, Magister en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional

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Se dictó veredicto en una de las causas criminales más resaltantes de la Asonada de Octubre: el caso del incendio en la Sucursal Providencia del BancoEstado.

El registro gráfico de ese delito se viralizó por las redes sociales con grave escándalo para los pacíficos, con alegría triste para los demoledores, con la exhibición al desnudo de los desinformadores que pervierten las redes sociales, echando cortinas de humo sobre hechos delictuales; esos que dijeron que las imágenes que vimos con nuestros propios sentidos fueron manipuladas y editadas, que todo fue una fake news. Bien, quedó demostrado que no era así. Esa exposición que acusó a los insurgentes mostró a una pareja que, con fría determinación -la propia de un experimentado antisocial o de un terrorista avezado-, hizo arder ese “altar del capitalismo” en un verdadero auto de fe.

El hombre, en rol de seguridad -salvo por las ropas-, tenía aspecto de anarquista decimonónico afiebrado y feroz, hierático, imperturbable, tan enjuto que su finura rivalizaba con la anorexia, la barba hirsuta y la blancura de sus brazos de azulosas venas, transparentaba la epilepsia. La mujer, segura y decidida como las idealizadas combatientes de la “Gran Guerra Patria” de la URSS; la imagino de rostro duro y adusto y, por cierto, de un impenetrable anonimato beneficiado por el casco con cámara go pro, para registrar el hecho político, para que el mundo pueda conocer cómo se combate a la sociedad capitalista, la globalización y el consumo; para que todos los que preconizan ese tipo de sociedad sepan lo que les espera. La polera rojo amaranto podría ser indiciaria de la fe sectaria que la anima.

Ambos, se acercaron al inmueble amagado, rociando acelerante y prendiéndole fuego, cuyas flamígeras lenguas debían expiar esos pecados sociales. Los ciudadanos y manifestantes que circulaban por el lugar se apartaron sorprendidos y atemorizados, mientras flameaban múltiples banderas como en “La libertad guiando al pueblo” de Delacroix. Violencia que podría ser vendida como idealismo clásico. Al revisar el video de los hechos, la tranquilidad, frialdad y control que manifiestan los partícipes de este comando da para pensar en la preparación militar de esos soldados.

Las redes sociales consignaron una encendida polémica, en que los manipuladores y estultos de siempre acusaron una operación de los fachos; es decir, alguien o cualquiera que denuncie la violencia irracional, para aquellos no es otra cosa que un intento de demonizar y criminalizar una protesta social, que sabemos que no es tal. La falsificación de la verdad quedó demostrada por el mérito del proceso que estableció que ese atentado fue un hecho delictivo real, cuando no, derechamente terrorista, aunque la calificación penal se limitase al modesto delito de incendio.

El tribunal respectivo pronunció su veredicto sin haber aún dictado su sentencia, pero anticipó una condena benigna, libertad vigilada intensiva por cuatro años. Se preguntarán ustedes, ¿qué es una condena de este tipo? ¿Qué es libertad vigilada intensiva? Es una forma de cumplimiento de la pena en libertad, quedando el condenado sujeto a un programa de actividades orientado a su reinserción social a través de una intervención individualizada y bajo aplicación de condiciones especiales. Para tal efecto, se le nombra un delegado que ejercerá un tutelaje sobre el delincuente, dotado de facultades para proponer al juez la reducción del plazo de esa intervención, el reemplazo de la pena por otra de menor intensidad, incluso proponer el término anticipado de la pena, en los casos que considere que el condenado ha dado cumplimiento a los objetivos del plan de intervención.

Casi podría asegurar que el seguimiento previsto para las medidas que establezca el juez en su sentencia en poco tiempo se diluirá y con probabilidad el delegado propondrá en breve plazo el reemplazo de la pena o su terminación o la reducción de la intervención. Las presiones sobre el delegado y sobre la judicatura serán persistentes y agobiantes; no faltarán los informes psicosociales y criminológicos favorables que harán de la pena asignada a este grave delito de estragos una titubeante amonestación.

Durante los últimos años, gravísimos y reiterados delitos expresivos de violencia política son sancionados como si se tratase de faltas, o son penados con la gradación más baja asignada al delito cometido o con formas de cumplimiento alternativo, que disuelven la eficacia consecuencial del derecho, destinada a restablecer el orden jurídico roto por el infractor. Cuando este proceder “políticamente correcto” se manifiesta, declina el estado de derecho, porque se sustituye el castigo ejemplarizador por la irresponsable indulgencia.

No es lo mismo la comprensión de fenómenos humanos complejos que llevan a algunos a atentar contra la convivencia pacífica en una sociedad y, adoptar medidas -si se puede- reparadoras del mal causado y de redención para los culpables, que el empático e inútil expediente de la mera impunidad, que azuza las pulsiones del marginado social y político, que liberado del castigo o, suavizado éste por una victimización “inversa” (el victimario como víctima del sistema), se avienta a perseverar en sus conductas dañosas.

Este errado entendimiento concluye, como ocurrió hace pocos días, con el asesinato de un guardia de seguridad de ServiEstado en San Bernardo a manos de un mirista condenado en Brasil por secuestro, pensionado en Chile como víctima de la dictadura y defendido por sus abogados como un perturbado mental, presentándolo como un inimputable.

De este modo, la indulgencia trabaja para la violencia.

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