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Publicado el 10 de diciembre, 2018

[Reseñas de Libros] Por una Constitución de consenso

Los autores de «1925, Continuidad republicana y legitimidad constitucional: una propuesta» hacen un aporte significativo a la discusión constitucional que viene dándose en el país desde hace años. Con aciertos y reparos, el volumen formula una propuesta original y novedosa que procura evitar la polarización de las posiciones más en boga en el debate.

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«1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional: Una propuesta». Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera y Joaquín Trujillo. Editorial Catalonia. 288 páginas.

 

El debate académico y político sobre la legitimidad de origen de la llamada Constitución de 1980 ha arreciado en los últimos años. Un primer tema discutido es si dicha ilegitimidad es verdadera en razón del surgimiento dictatorial del texto y, en tal caso, si ha sido compensada por las validaciones del mismo a través de plebiscitos, enmiendas del Congreso, y sentencias de los tribunales de justicia en democracia. En segundo lugar, de estimarse ineficaces o insuficientes tales actos, surge la interrogante de cómo dotar a Chile de un texto constitucional legítimo. El volumen 1925, Continuidad republicana y legitimidad constitucional: una propuesta pretende aportar, precisamente, a este segundo foro con una propuesta muy concreta: reemplazar la Constitución de 1980 por la de 1925.

 

Los destacados autores de esta obra colectivan –Arturo Fontaine, Juan Luis Ossa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera y Joaquín Trujillo— proponen una especie de tercera vía ante la necesidad de poner fin al problema de legitimidad del texto constitucional. Se trata de un camino intermedio entre el inmovilismo de aquellos que niegan la ilegitimidad o necesidad de cambio y el ánimo revolucionario o fundacional de los que proponen hacer tabula rasa y elaborar una constitución totalmente nueva y legítima en su origen.

 

En este intento, los autores no desconocen que la Constitución de 1925 tiene  vicios de origen, sobre todo teniendo en cuenta que fue aprobada por presiones y pautas del Ejército a Arturo Alessandri y a los parlamentarios. Particular mención merece la amenaza proferida por el general Navarrete en plena sesión constituyente: deben hacer la reforma, “pues de otro modo tendremos que hacer, bajo la presión de las fuerzas, las reformas que, en representación del pueblo, ha reclamado de modo tan significativo el elemento joven del Ejército… ¿Qué ocurriría, señores, si las esperanzas de la juventud fueran defraudadas en esta ocasión? No quiero hacer pronósticos desagradables, dejo a vuestro ilustrado criterio la tarea de formular la contestación a esta delicada pregunta” (Comisión consultiva de reformas constitucionales, Ministerio del Interior, sesión de 23 de julio de 1925).

 

Sin embargo, según se explica en el libro, a diferencia de lo ocurrido con la Constitución de 1980, el texto de 1925 pudo devenir en legítimo principalmente porque sus promotores, en particular el presidente Arturo Alessandri, gozaban de un prestigio democrático del que el presidente Augusto Pinochet y su gobierno carecían. De esta forma, los autores identifican como principal factor legitimante de una Constitución la auctoritas de sus redactores de cara a la sociedad, para lo cual recurren a expresiones de validación carismática, simbólica, mitológica, inclusiva, estética, y estilística. Además, la Constitución de 1925 no tenía la pretensión fundacional o ex nihilo de la Carta de 1980, pues sólo se presentó como una reforma al texto de 1833. Por consiguiente, es legítima heredera y no victimaria de la tradición constitucional chilena.

 

Con todo, el planteamiento de fondo no consiste en la vigencia plena de la Constitución de 1925, sino sólo en su adopción como punto de partida para introducir reformas a través de leyes aprobadas en democracia, respetando los quórum de reforma constitucional vigentes e incorporando también los aportes positivos de la Constitución de 1980.

 

La propuesta es valorable sobre todo por el espíritu que la anima, esto es, dotar a Chile de un texto constitucional que, más allá de las discrepancias inevitables sobre su contenido, no merezca reparos de legitimidad en cuanto a su origen. Además, el consenso en torno a una normativa reformada a lo largo de nuestra historia permitiría alejarse de intentos refundacionales que suelen ser fuente de incertidumbre y de soluciones altamente ideologizadas.

 

Algunos reparos

Sin embargo, la propuesta no parece del todo acertada desde un punto de vista dogmático y práctico.

 

En primer lugar, se sustenta en una premisa cuestionable: el carácter refundacional de la Constitución de 1980. Más allá de las declaraciones de Jaime Guzmán y de la pretensión de sus autores, numerosas disposiciones de la Constitución de 1980 provienen de las cartas anteriores. Y respecto de los preceptos nuevos, cabe señalar que la mayoría ha sido objeto de modificaciones o validaciones en democracia. En definitiva, si restamos del texto original de 1980 las normas provenientes de las constituciones anteriores y las modificadas en democracia, quedarían escasas normas “refundacionales”. Este realidad no permite hablar realmente de un quiebre en la tradición constitucional chilena, al menos desde un punto de vista normativo, sino de reformas más o menos sustanciales, no muy distintas en grado de aquellas que se promulgaron entre 1833 y 1925, sin mencionar las prácticas constitucionales parlamentaristas del último cuarto del siglo XIX y principios del XX.

 

Sin perjuicio de lo anterior, es innegable que entre las normas subsistentes del texto original de 1980 están aquellas que permiten mayores controles o restricciones a las mayorías absolutas. Respecto de estas, la solución que prevén los autores es modificarlas según los quórums de la Constitución vigente, esto es, de dos tercios o tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio según la materia. Surge aquí un segundo reparo a la propuesta. Si para volver a la Constitución de 1925 se requiere el mismo quórum que para modificar los remanentes originales del texto de 1980, ¿qué necesidad habría de volver a la Carta de 1925? Contando con dicho quórum ¿no sería mejor avanzar hacia el futuro y no retroceder hacia el pasado, considerando además que el Parlamento fue elegido conforme a un sistema proporcional?

 

De esta forma, además, no sería necesario realizar tantas reformas. La Constitución se inscribiría únicamente en ese continuo de enmiendas que procuran sanar y evitar las heridas sufridas como Nación en el pasado. Además, el quórum más alto aseguraría que las reformas sean fruto de un consenso amplio que goza de mayor estabilidad que una ley común, favoreciendo así el control constitucional de todo el ordenamiento. Después de todo, ¿qué es una Constitución sino un instrumento para limitar el abuso de poder, incluso legislativo? ¿Y de qué modo podría hacerlo si puede ser modificada con el mismo quórum que una ley común o de mayoría circunstancial? Se cumple así la máxima de Montesquieu, de que el poder se extiende hasta que encuentra límites, lo único que puede detenerlo es otro poder igual o mayor. Optamos aquí por un real poder de la Constitución por sobre la ley.

 

En relación a esta concepción de la Constitución como un texto que admite reformas basadas en las experiencias del pueblo, cabe referir aquí las sabias palabras con que el Rey Jorge V se refería en 1935 a la Constitución del Reino Unido, una de las más respetadas del mundo: «Las complejas formas y el espíritu equilibrado de nuestra Constitución no fueron el descubrimiento de una sola era; y todavía menos el de un partido único o de una sola persona. Ellas son la lenta acumulación de los siglos, el resultado de la paciencia, tradición y experiencia, constantemente encontrando canales, viejos y nuevos, para el impulso hacia la justicia y mejora social inherente en nuestra gente en cada época».

 

Un error frecuente

Esta última reflexión permite identificar el mal endémico de nuestra cultura constitucional: la pretensión de asociar las cartas fundamentales a un solo año (1828, 1833, 1925 o 1980) o a un solo carisma (de Mora, Portales, Alessandri, Pinochet o Bachelet), en vez de entenderlos en un contexto histórico de reformas de un texto único, al igual como ya sucede con el resto de nuestras leyes. Pese a las numerosas y profundas reformas de que han sido objeto, nadie habla de los códigos Civil, Procesal Civil o del Trabajo de tal o cual año, o de tal o cual Presidente o Congreso. Antes bien, son simplemente códigos. Conforme a la misma lógica, y considerando la tradición constitucional chilena, debiéramos desterrar de nuestro lenguaje las expresiones Constitución de 1833, 1925 o 1980, para hablar simplemente de la Constitución de la República de Chile y de sus enmiendas. Al igual como ocurre con las leyes, esta Constitución podría indicar al margen de cada precepto el año de su introducción al texto. Nos sorprendería descubrir que algunos se remontan incluso a la Carta de 1828.

 

En resumen, el libro aporta seriamente al debate sobre la legitimidad de origen de nuestra Carta Fundamental. Y no sólo eso, sus autores se atreven a formular una propuesta original y novedosa que procura evitar la polarización de las posiciones más en boga. Más allá de las opiniones diversas que puede suscitar el retomar la Constitución de 1925, como las planteadas en este breve comentario, lo cierto es que todo intento por avanzar hacia una mayor legitimidad de nuestra Carta Fundamental sobre la base de un consenso amplio es digna de encomio.

 

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