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Publicado el 08 de enero, 2019

[Reseñas de libros] El sótano podrido de Argentina

Periodista Juan Ignacio Brito
En La raíz de todos los males, el periodista Hugo Alconada Mon muestra con crudeza y realismo el mapa de la corrupción argentina. Un sistema omnipresente que contamina todo lo que toca y que no parece reformable.
Juan Ignacio Brito Periodista
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La raíz de todos los males. Hugo Alconada Mon. Editorial Planeta Argentina. 490 páginas.

El despiadado retrato de Argentina que pinta el periodista Hugo Alconada Mon es de un realismo brutal: la historia que relata en La raíz de todos los males puede ser conocida, pero no por eso resulta menos devastadora. La Argentina de “los sótanos”, esa que no se ve a primera vista, pero que se percibe a cada paso, está podrida. Un país donde “los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a los trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan”. Donde, resume el autor, la cigarra vence a la hormiga.

Desde su cargo de prosecretario de Redacción en el diario porteño La Nación, Alconada Mon es responsable de dirigir investigaciones periodísticas sobre corrupción, fraude corporativo y lavado de activos. Eso lo convierte en un espectador privilegiado de lo que denomina el “sistema de los sótanos”: “Una estructura de poder y de negocios (y que por lo tanto excede al sistema político en sí) que impera en la Argentina desde hace décadas y que ha ido in crescendo para beneficio del ‘círculo rojo’”, una casta o una élite que opera como “un circuito cerrado que permite acumular poder, enriquecerse, ascender de clase social y perdurar impune a aquellos que acaten las reglas espurias que lo regulan. Pero que también puede montarle una operación a quien saque los pies del plato, enviarlo a la cárcel como chivo expiatorio para salvar al resto del rebaño… o mandarlo matar”.

La costra bajo la cual supuran las heridas sangrantes de la sociedad “es, en la práctica, la raíz de todos los males que afronta la Argentina”, porque “altera las prioridades de quienes deben tomar decisiones con todo tipo de efectos nocivos. Políticos, económicos y sociales. Y la impunidad rompe con la premisa de que un castigo debe seguir al delito, alentando la repetición y subvirtiendo valores sociales”.

Cambalache

Paso a paso, Alconada Mon muestra cómo funciona el sistema. Nadie se salva. El problema parte, según el autor, en el “pecado original” del financiamiento de las campañas electorales. Cita ejemplos que ilustran la descomposición: el actual Presidente Mauricio Macri declaró en 2015 un gasto de $160 millones, pero en realidad usó once veces esa cifra ($1.760 millones); parte de ese monto fue destinado a cubrir gastos de la campaña de uno de sus rivales, Sergio Massa, cuya presencia en la boleta electoral le quitaba votos al principal contendor de Macri, el kirchnerista Daniel Scioli, a quien finalmente derrotó.

El financiamiento irregular de las campañas proviene de las empresas privadas, de las compañías proveedoras del Estado y del gobierno mismo cuando los candidatos tienen acceso a la caja fiscal. No es un secreto, sino todo lo contrario: un modelo conocido que opera en la impunidad. Como dice el director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, “acá hay un sistema político que es cómplice del sistema de financiamiento. Todos saben las trampas que se hacen”.

En Argentina el pecado no es robar, sino carecer de una red de apoyo para encubrir el delito.

Aportar fondos en negro a las campañas entrega acceso y una serie de privilegios a los donantes, pero no está ni cerca de garantizarles negocios. Para cerrar contratos es necesario recurrir a la coima, que es “la norma general, no la excepción”, al punto que, en el caso de las obras públicas licitadas por el Estado, se sabe exactamente cuál es la carga que supone la corrupción. El contador Vicente Monteverde, ex auditor de la Unión Obrera Metalúrgica, ha estudiado el fenómeno y calcula que, entre los sobornos y el sobreprecio que termina pagando el Estado, el costo de la corrupción para el Estado argentino equivale al 36,87% del valor de la obra. Eso en promedio, porque hay casos en que es mucho más. Como el de la red de gasoductos impulsada por Julio De Vido, ex ministro de Planificación kirchnerista, que inicialmente tenía un valor de US$1.427 millones, pero que terminó costando US$2.347 millones (65% más) después de dos años y luego de que intervinieran la constructora brasileña Odebrecht y sus socios subcontratistas.

Aunque el sistema de los sótanos agarró viento de cola durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), existe desde mucho antes. Ya en los 90, el ministro menemista José Luis Manzano acuñó una frase que lo hizo pasar a la posteridad como símbolo de una era: “Yo robo para la corona”. No es casualidad que, más tarde, el camaleónico Manzano haya sido un aliado cercano de los Kirchner. Porque en Argentina el pecado no es robar, sino carecer de una red de apoyo para encubrir el delito. Así se explican las palabras de Felisa Miceli, la ministra de Economía kirchnerista que fue juzgada luego de que se descubriera en el botiquín de su baño una bolsa con dinero que no pudo justificar: “Fui condenada por no contar con una estructura de poder propia que me defendiera”.

“En la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la seguridad vial, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta para que no presenciara lo que hacíamos”.

Los tramposos necesitan una red de protección. Los más afortunados la encuentran en la Casa Rosada. Así, Carlos Menem benefició a los Yoma (la familia de su primera mujer); Eduardo Duhalde a Victorio Américo Gualtieri (que ganó contratos por más de mil millones de dólares entre 2002 y 2003); los Kirchner, a Lázaro Báez; Macri a Daniel Angelici, su sucesor en la presidencia de Boca Juniors, vicepresidente de la AFA y operador judicial, quien se ufana de “poner y sacar jueces y fiscales” y afirma “yo soy Macri, ¿qué necesitan?”. Otros deben recurrir a la solidaridad de sus pares, asociándose con sus supuestos competidores para obtener ganancias ilegítimas y asegurarse de que todos estén en la misma frecuencia. Saben que lo que hacen es inmoral y toman sus recaudos. Un participante de las citas en que los empresarios asociados a la Cámara Argentina de Empresas Viales se repartían los negocios con el Estado y definían quién ganaría las licitaciones públicas y cómo compensaría al resto, señala que “en la sala de reuniones había una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la seguridad vial, y antes de empezar la reunión la dábamos vuelta para que no presenciara lo que hacíamos”.

Todos ganan

Para que cierre el círculo se requiere además el concurso de otros actores indispensables. En primer lugar, los sindicatos. “En Argentina sobran los gremialistas millonarios que desarrollan negocios particulares, que jamás trabajaron en el rubro que representan, que movilizan a sus ‘bases’ para acordar por debajo de la mesa con los empresarios en perjuicio de sus representados, que llevan décadas atornillados a las cúpulas gremiales”, acusa Alconada Mon. Los “sobrecostos sindicales” que deben pagar las compañías que operan en Argentina son tan altos que desincentivan la contratación de mano de obra, por lo que la corrupción de los sindicatos termina provocando cesantía. “Los sindicatos se anclaron, son corruptos. El día que se acabe eso no hay más desempleo en la Argentina”, dijo en 2017 Guillermo Dietrich, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio. ¿Un ejemplo? Se estima que la presencia en La Plata del clan sindical encabezado por Juan Pablo “el Pata” Medina le costó a esa ciudad la pérdida de proyectos por $11 mil millones y 9.520 puestos de trabajo. Medina terminó siendo arrestado, un destino que otros líderes –como Hugo Moyano, el jefe de los camioneros que en su enfrentamiento con Macri ha encontrado apoyo incluso en la jerarquía de la Iglesia Católica—harán lo imposible por evitar, aunque para ello deban paralizar al país.

A la ecuación corrupta se suman los periodistas, la policía, los organismos de inteligencia y los jueces. Ellos también prosperan en el “sistema de los sótanos”.

Contrario a lo que ocurre en el resto del mundo, en Argentina el periodismo puede ser muy rentable.

El periodismo argentino se ha anotado grandes triunfos en la lucha anticorrupción, como por ejemplo el reciente descubrimiento de los “cuadernos de la coima”. Pero se trata de excepciones, advierte Alconada Mon, porque “muchos periodistas actúan como agentes de propaganda o callan cuando algo de los sótanos sale a la superficie”. Algunos son venales y se venden al mejor postor, mientras otros son procíclicos: “cuelgan medallas al campeón y lo patean cuando ya está caído”. La cercanía a veces quema: Fernando Niembro –conocido excomentarista deportivo de Fox Sports—cosechó una relación tan próxima a Mauricio Macri, que terminó ganando jugosos contratos con el municipio del entonces alcalde de Buenos Aires, quien definió a Niembro como “su mejor entrevistador”. Contrario a lo que ocurre en el resto del mundo, en Argentina el periodismo puede ser muy rentable.

También puede serlo la función policial, en especial si se llega a controlar una posición de importancia. Es lo que ocurre en la apetecida Primera Comisaría de La Plata: para ser comisario allí hay que pagar una coima sustanciosa –un “pie” más una mensualidad fija— a los jefes policiales. Con el objetivo de solventar los pagos, el comisario crea una red de corrupción, cobrando una cuota de impunidad a proxenetas, narcotraficantes, dueños de casas de apuestas irregulares, los “remiseros con autos truchos”… en definitiva, a todos aquellos que hipotéticamente debería perseguir. Por eso, dice, Alconada Mon, “la mala policía no previene ni reprime el delito. Como el buen judoca, lo utiliza a su favor, se beneficia de las actividades ilícitas, recauda para sí y para los superiores de la fuerza y de la policía y, de ser necesario, se encarga de ocultar evidencias, coordinar el encubrimiento, entorpecer o desviar las investigaciones sensibles y silenciar ruidos molestos provenientes de los sótanos”.

Un rol similar tienen los servicios de inteligencia, encargados, según el autor, de “apretar a los díscolos y evitar que una situación se desmadre”. El desprestigio de la antigua SIDE se hizo tan notorio que Cristina Fernández la reemplazó por la actual AFI (Agencia Federal de Inteligencia). Pero es más fácil cambiar un nombre que una cultura mafiosa: la presidenta puso a la cabeza de la nueva institución a sus alfiles, encargados de la tarea sucia. Cuando asumió Mauricio Macri la cosa no fue diferente. Al justificar la designación de Gustavo Arribas al frente de la AFI, el actual mandatario dijo con franqueza que “yo pensé de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esa clase de trampas?”.

Los jueces argentinos son “procíclicos”: no investigan al funcionario mientras éste detenta el cargo; por el contrario, le allanan el camino y le garantizan impunidad. Pero los persiguen implacablemente una vez que dejan el poder.

Como el sistema no descuida detalle, también se ha apropiado de los tribunales, la tenaza final de un modelo perfecto. Los jueces sirven “como último bastión de protección para los corruptos cuando todos los otros filtros (periodistas, fuerzas de seguridad, organismos de control, servicios de inteligencia) incumplieron con su objetivo común de garantizar impunidad y preservar los sótanos”. En Comodoro Py –el lugar donde se ubican los tribunales con jurisdicción sobre la Casa Rosada— se aplica la justicia del más fuerte: se respeta al que tiene poder y se desprecia al que lo perdió. Es por eso que el oficio más peligroso de Argentina es ser expresidente: lo saben Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Cristina Fernández, que hicieron y deshicieron mientras estuvieron a cargo del país, pero que han sido perseguidos implacablemente una vez que dejaron el poder. Porque los jueces argentinos son “procíclicos”: no investigan al funcionario mientras éste detenta el cargo; por el contrario, le allanan el camino y le garantizan impunidad. A Macri, por ejemplo, la justicia lo sobreseyó apenas asumió la presidencia de una investigación por escuchas telefónicas ilegales que arrastraba desde 2009.

¿Hay salida?

Una característica de la corrupción argentina es que todos declaran estar en contra de ella, pero pocos hacen algo concreto por erradicarla. La casta privilegiada es experta en el gatopardismo: proclama el cambio para mantenerlo todo igual. Denuncia la “vieja política”, escoge chivos expiatorios –María Julia Alsogaray durante el menemismo, Domingo Cavallo tras el gobierno de De la Rúa, o el ex vicepresidente Amado Boudou después de la gestión kirchnerista—, se escandaliza y se golpea el pecho en supuesta contrición. Pero no es más que un simulacro sacrificial para calmar la ira popular y seguir haciendo lo mismo.

El otro rasgo distintivo es la transversalidad: el sistema de los sótanos es un árbol generoso que da sombra a todos, sean de derecha o izquierda, militares o civiles, empresarios o sindicalistas. La ubicuidad de la corrupción se manifiesta en el interminable listado de escándalos que han sacudido a gobiernos de todos los colores en las últimas décadas: el caso IBM-Banco Nación, el caso Skanska, el caso Siemens, las “coimas en el Senado”, la “servilleta” de (Carlos) Corach, la “causa Revelación”, el “plan Qunita”, el caso “cuadernos de la coima”, los bolsos con dinero que José López arrojó al convento Nuestra Señora de Fátima en 2016, el caso armas, el Yomagate, la “ruta del dinero K”, el caso Ciccone, el “suicidio” del fiscal Alberto Nisman, el caso “carbón blanco”, el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el caso “Sueños Compartidos”, el caso AMIA, la maleta de Guido Antonini Wilson, el caso Greco, el triple crimen de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculados al tráfico ilegal de efedrina…

Alconada Mon no tiene esperanzas de que una estructura como la descrita se ponga límites a sí misma. “Si quienes se benefician con la corrupción y la impunidad son quienes deberían reformar ese mismo sistema putrefacto que los enriquece y protege, ¿cómo lo reformamos?”, se pregunta. La única salida posible es que la presión social y el involucramiento ciudadano hagan inevitable el cambio. Pero el autor no se hace grandes ilusiones. La corrupción está metida en todos los engranajes de la sociedad argentina. “Me temo que mi generación no llegue a ver la salida, porque siento que mi camada ya es parte del sistema putrefacto de corrupción e impunidad”, concluye con pesimismo el autor.

La raíz de todos los males no tiene un final feliz. Argentina, el país promisorio que alguna vez estuvo entre los más ricos del planeta, se ha farreado su oportunidad. Dilapida sus recursos y se ahoga en un sistema donde “el que no afana es un gil”, como señaló Enrique Santos Discépolo hace 75 años en su famoso tango Cambalache. Quizás deba conformarse con el mal menor, con lo poco de conciencia que parece quedarles a los que se benefician a costa del bien común. Quizás Argentina deba ensayar la solución que alguna vez enunció Hugo Barrionuevo, líder del sindicato de los gastronómicos y puntal del sistema de los sótanos: “Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años, si no, no sacamos el país adelante”.

 

 

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