Que Santiago no es Chile, que las regiones necesitan más autonomía para tomar decisiones, que los impuestos se deben pagar en el lugar donde se genera la fuente de ingresos, que tienen que existir mejores oportunidades para evitar la fuga de talentos a la Región Metropolitana, que falta -en definitiva- mejor capital humano para el desarrollo de las regiones. Cada una de estas frases representa los anhelos descentralizadores de años a los cuales todavía cuesta verles la luz.
Sin embargo, hay al menos tres aspectos que demuestran un camino hacia la descentralización que ya van tomando rumbo y que no permitirán una vuelta atrás en este tema. Es decir, existe un camino ya avanzado en materia de mayor poder político, más atribuciones y más recursos para las regiones.
El primero, la nueva ley de descentralización (Nº 21.074) del año 2018, que con todos sus bemoles ya está en marcha con la solicitud, a contar de este año, de los gobiernos regionales de competencias para sus regiones.
Por otra parte, la declaración de un Estado Regional en la propuesta constitucional. Pase lo que pase en el plebiscito del 4 de septiembre, hay señales de un compromiso políticamente transversal por entregar más autonomía territorial, pero manteniendo un estado unitario, al menos como punto de partida de la discusión en relación a esta materia.
Y lo tercero, tal vez menos planificado y menos observado en el diseño de políticas públicas, es que a partir de la pandemia del Coronavirus se aceleró la migración del centro del país hacia regiones, lo cual está dado principalmente por un revolucionario cambio cultural que permitió darnos cuenta que muchos de los trabajos que se desempeñan en la actualidad y parte importante de la transmisión de conocimientos, necesarios para enfrentar la carencia de capital humano calificado en regiones, perfectamente se pueden realizar desde cualquier lugar, a kilómetros de distancia, a través de sistemas de conexión remota o teletrabajo. A la luz de la realidad, ya no se necesitaría vivir en Santiago para tener acceso al trabajo, brindar educación a los hijos o estar conectados.
Los tres elementos mencionados tienen aspectos virtuosos, pero también se abren una serie de preguntas y desafíos para lograr una verdadera regionalización.
Un poco de historia: la ley 21074 de fortalecimiento a la regionalización elimina la figura del Intendente Regional y del Gobernador Provincial. Se separa la línea del gobierno interior a cargo del orden y la seguridad pública de la administración regional. Es así como se crean las figuras de Delegado Presidencial Regional y Provincial, que son de exclusiva confianza del Presidente de la República. A su vez, en la función de administración regional se creó la figura del Gobernador Regional electo por votación popular, cumpliendo la función ejecutiva del Gobierno regional, quien asume además como presidente del consejo regional. Lo más relevante es que permite la transferencia de competencias en materias de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social-cultural. En este proceso, la gran pregunta ha sido sobre la existencia de dos figuras políticas en la misma región y será parte del debate en los próximos años si es necesario mantenerlas considerando la diferencia a la que responden sus funciones pero la coincidencia aun en diversas materias en que la ley no ha sido clara en la diferenciación de roles, principalmente en relación a la coordinación con las materias y presupuestos sectoriales.
En relación al Estado Regional planteado en la propuesta constitucional, pareciera ser que lo más virtuoso de la discusión es darle alta valoración a las regiones en la norma fundamental, pero su cuestionamiento a la aplicación práctica que se crearía con una alta atomización entre regiones, comunas y autonomías territoriales indígenas, aumento de funcionarios públicos, posibles desigualdades entre regiones ricas y pobres, la posibilidad de tener incluso un marcado centralismo dentro de las mismas regiones, y además la responsabilidad de suponer un sistema con una importante autonomía fiscal, ponen en duda el proceso cuyo principal valor es que debe ser pensado e implementado en forma sistémica y abordando las dificultades que pueda implicar la determinación y uso de competencias en los distintos niveles subnacionales.
Por último, la migración desde la capital, principalmente hacia zonas de mayor atractivo, y donde puedan verse mejorados los estándares de calidad de vida, como pueden ser lugares de la región de O’Higgins como Pichilemu, o Puerto Varas en la región de Los Lagos, aumentará la presencia de mayor capital humano calificado para el desarrollo de las regiones y las necesidades que estas tengan, pero el ordenamiento territorial y el aumento en la densidad de la población, la gestión de la basura, el acceso a servicios básicos, la congestión vehicular es parte de los desafíos que tendrán particularmente estos municipios en los próximos años.
Con todo, el proceso de descentralización está en marcha y como parte del nuevo modelo de desarrollo al cual Chile transita, las regiones y su desarrollo sostenible debieran ser prioritarias. Así también, un tema que nadie habla cuando queremos profundizar en esta materia es cómo generamos herramientas que permitan la modernización de los municipios, con énfasis en mejores mecanismos de control, pero también con más recursos de forma de acercarlos a las personas. Solo así podemos pensar en descentralizar Chile, en regiones y comunidades más empoderadas y eso inevitablemente conducirá a un mejor desarrollo de nuestro país.
*Pía Margarit y María Paz Lagos, Fundación Aire Nuevo.