Las indicaciones aprobadas recientemente por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados reflejan un avance respecto del proyecto original, sin embargo todavía no resuelven todos los problemas que el proyecto generará al sistema educativo.
De los tres grandes aspectos que modifica este proyecto, el mejor resuelto es el relativo al financiamiento compartido. A diferencia de la primera versión, donde se congelaba el techo máximo del copago en pesos, ahora se congela el monto que cobra cada colegio en UF. Este cambio busca resguardar a las familias, asegurando que los montos que exigen los colegios no seguirán aumentando, pero al mismo tiempo garantizando a los niños los mismos recursos con los que cuentan hoy para su educación.
Además, se establece que el monto del copago de cada establecimiento irá disminuyendo en la misma cantidad en UF en que aumente la subvención y las asignaciones, sin establecer un plazo definido. Esto asegura que ningún niño se verá perjudicado durante la transición y que en régimen todos los niños verán aumentados sus recursos en prácticamente el doble.
Por último, se aumenta en 20% la subvención escolar preferencial para los niños vulnerables y de clase media, focalizando el gasto fiscal precisamente en quienes más los necesitan. Con todo, llama profundamente la atención la falta de compromiso del Gobierno con la educación escolar, pues el proyecto no compromete los recursos necesarios para asegurar en un plazo razonable el fin del copago. Ello resulta aún más sorprendente cuando se considera que en seis años más habrá gratuidad universal en educación superior.
Si de verdad queremos avanzar en justicia social, ¿no es acaso más razonable partir asegurando una educación escolar gratuita, de calidad y más integrada; que por la educación superior, a la cual sólo el 50% de los jóvenes tiene acceso y de los cuales sólo una minoría es vulnerable? Además de este error en las prioridades, hay problemas que siguen sin resolverse, como por ejemplo la discriminación que introduce el proyecto de ley entre los alumnos que reciben la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el impuesto a los aportes voluntarios de los padres. Por una parte, se establece una discriminación entre los alumnos prioritarios y los de clase media, pues los primeros pueden recibir la SEP si asisten a colegios con financiamiento compartido, mientras que los segundos no. Por otra parte, discrimina entre alumnos de clase media, entregándoles a unos más financiamiento que a otros por razones que los estudiantes no pueden controlar. El proyecto también establece un descuento en la subvención por los aportes voluntarios de los padres y las donaciones que reciba el establecimiento, desincentivando la participación y el involucramiento de la comunidad con la educación.
En relación con el lucro y la selección, se observan también avances, pero menos de lo que uno hubiera esperado, permaneciendo problemas graves que afectan no sólo a los colegios sin fines de lucro, sino también a los municipales. Uno de los avances es permitir el arriendo a terceros, donde no existe conflicto de intereses, flexibilizar las condiciones para la adquisición del inmueble por parte de los sostenedores extendiendo el plazo de adquisición a 25 años y dejando la compra de colegios por parte del Estado como herramienta de última instancia.
Sin embargo estas medidas no están exentas de complejidades. El proyecto determina el valor del inmueble y su renta mensual según el avalúo fiscal y no por su valor de mercado, lo que claramente perjudica al propietario, toda vez que el avalúo del fisco es considerablemente menor a su precio de mercado. Además, el proyecto sigue restringiendo el acceso al crédito para operaciones que no tengan relación con la adquisición del inmueble, como mejorar la infraestructura o aumentar la capacidad. Se continúa restringiendo la libertad de crear nuevos establecimientos sin argumento alguno y permanecen las discriminaciones entre proyectos educativos, permitiéndose proyectos selectivos en el área artística y deportiva, pero en la práctica prohibiéndose en el área académica. Esto lleva a terminar con los liceos emblemáticos, debilitando fuertemente a la educación pública y destruyendo uno de los pocos instrumentos efectivos que tiene el Estado de movilidad social.
Una lectura cuidadosa de este proyecto nos muestra que sus problemas de diseño no radican en los fines últimos que persigue, sino en una mirada unidimensional sobre la educación, incapaz de percibir al unísono las múltiples dimensiones que en ella se conjugan. Queriendo resolver un asunto en particular, se muestra incapaz de percibir estas múltiples dimensiones. En este respecto, la reforma se parece cada vez más al jabón Copito, que queriendo sacar la mancha, deja el hoyito.
Sylvia Eyzaguirre, Investigadora Centro de Estudios Públicos (CEP).
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO