Uno de los avances de los últimos años, luego de los escándalos de las platas políticas, es una mayor conciencia de que el buen funcionamiento de la democracia requiere construir los muros más altos posibles entre el dinero y la política. En una economía de mercado, fundada en un sistema democrático, si el dinero implica poder político, se daña tanto el libre mercado como la democracia. Dinero y política han sido, son y serán una mezcla explosiva.
Es por eso que uno de los elementos más peligrosos de la propuesta de pensiones es el riesgo de que en el mediano plazo el Estado sea el agente más importante del mercado de capitales, en el doble rol de oferente de papeles como emisor de deuda pública y como demandante de instrumentos financieros, producto de la administración de gran parte del ahorro de los trabajadores.
Los conflictos de interés, los riesgos de captura y la necesidad del mundo privado de recurrir a una organización estatal para lograr financiamiento de sus proyectos es, sin lugar a duda, una combinación peligrosa. La ministra del Trabajo ha hablado de acabar “el monopolio” de las AFP ¿para terminar con un monopolio estatal? ¿Cambiar siete instituciones cuyos dueños tienen un claro incentivo a maximizar el mix de riesgo-retorno de los fondos por un único administrador?
“Pero si el proyecto introduce más competencia en la administración de fondos” dirá el Gobierno. Sin embargo, ciertos “detalles” del proyecto llevarían en el mediano plazo a un probable monopolio estatal.
¿En qué forma el Estado llega a tener ese rol dominante en el mercado de capitales? Probablemente las actuales AFP optarían inicialmente por convertirse en IPP (Inversores de Pensiones Privados), ya que eso les permitiría liberar el encaje. Se trata de US$ 2.000 millones que retornarían a sus dueños, lo que además genera un efecto positivo en las arcas fiscales ¿Y quién pierde? Los afiliados, cuyos ahorros ya no contarían con ese respaldo en caso de mala administración. Estas AFP, convertidas en IPP, seguirían administrando el 10% de cotización, aunque con un flujo de comisiones muy bajo, debido a que los antiguos cotizantes ya pagaron por la administración de su stock de ahorro, adicionalmente con serias dificultades para captar nuevos afiliados, que por default se irían al administrador estatal IPPA (Inversor de Pensiones Público y Autónomo), impedidos además de hacer publicidad.
No parece un negocio interesante. Los potenciales nuevos IPP tampoco tendrán mucho incentivo a captar parte del stock de ahorro, porque no podrán cobrar comisiones razonables, dado que ese stock ya las pagó, y los nuevos entrantes, como se dijo, van al IPPA, que además es una institución que no debe devolver capital a su dueño, por lo que puede cobrar comisiones más bajas, que cubran los costos si no recibe subsidios del Estado.
El IPPA administra además la totalidad de la cotización adicional, por lo que no es para nada ciencia ficción pensar que luego de algunos años este ente estatal será un agente absolutamente dominante en el mercado de capitales. Entonces ¿qué puertas tendrán que tocar las empresas cuando necesiten financiamiento de proyectos de inversión? ¿Hacia dónde mirarán los gobiernos cuando necesiten recursos para su gasto social? ¿Cómo se manejará la política de inversiones cuando el gobierno se vea favorecido por determinados movimientos de las tasas de interés y/o el tipo de cambio? ¿Cómo se nombrarán los directores de las empresas privadas en las que el IPPA tenga inversiones importantes? ¿Cómo evaluarán el riesgo de este mercado de capitales los inversionistas externos? ¿Querrán invertir en nuestro país las empresas y familias chilenas con holguras financieras o preferirán otros mercados?
Es cierto que este tipo de conflictos se pueden regular en teoría, y también es efectivo que, en algún grado, mucho menor, están presentes también en un mercado de capitales con agentes mayoritariamente del mundo privado. Pero ciertamente si se aprueba esta reforma, los negocios y la política estarían unidos para siempre, unión que es peligrosa por definición.