El nombre de Patricia Arriagada ha sonado fuerte las últimas semanas entre los candidatos para ocupar el cargo de Contralor General de la República. De efectuarse la nominación por parte del gobierno y ser aprobada por el Senado, Chile daría una fuerte señal. No sólo porque sería la primera mujer en ocupar el cargo, sino porque además se transmitiría el mensaje de que un funcionario que ha trabajado durante 40 años en el mismo servicio, haciendo carrera pública, también tiene posibilidades de dirigir la institución. Eso es meritocracia.
En Chile, los altos cargos públicos son designados a dedo. Si bien la mayoría cuenta con la capacidad y experiencia necesarias, frecuentemente son nominados según sus conexiones políticas o afiliaciones partidistas. Eso no significa que haya que terminar con los cargos de confianza. Quienes fueron electos popularmente para gobernar deben tener la autonomía para decidir libremente con quién desean hacerlo. El problema se genera cuando dichos cargos entran en la penumbra de la maquinaria partidista y se eligen por razones políticas. Por lo mismo, el gobierno podría dar una gran señal a la ciudadanía promoviendo a funcionarios que han dedicado su vida laboral al servicio público.
Seguir amarrados a la política del cuoteo u amiguismo es peligroso para el futuro de nuestras instituciones. Ya a fines del siglo XIX el sociólogo alemán Max Weber criticaba a las organizaciones públicas por tener una administración informal, en la que los empleados eran leales al jefe y no a la institución en sí misma. Fue el propio Weber quien calificó a la burocracia -entendida como la administración pública- como la forma más racional y eficiente de organizar la actividad humana, donde debe existir una organización jerarquizada, una autoridad legítima y personal altamente calificado. Solo así la carrera pública dependería de criterios objetivos y se eliminaría por completo el favoritismo. Woodrow Wilson, quien sería presidente de Estados Unidos, proclamaba también que la burocracia debía profesionalizarse y que los empleados públicos tenían que avanzar en sus carreras en base a su mérito y no a sus afiliaciones políticas.
El servicio civil en muchos lugares del mundo es sinónimo de respeto y prestigio. Atrás quedaron los tiempos en que la gran mayoría de los cargos debían ser reemplazados después de cada elección. En Estados Unidos, el 99% de los funcionarios públicos son de carrera. Para entrar al aparato estatal en Japón es necesario rendir exámenes y pertenecer a las mejores universidades. En muchos países, el funcionario público está representado por una persona ilustrada, que cuenta con altas calificaciones y que se somete a un riguroso proceso de selección. Su incentivo está puesto precisamente en que tendrá la posibilidad de acceder, con el transcurso de los años, a las mejores posiciones de la repartición pública.
Lamentablemente, Chile está lejos de eso. Actualmente la mayoría de los cargos de poder recaen sobre personas cuyos contratos deben ser renovados anualmente, según los criterios del jefe de turno. La promoción también es subjetiva y está plagada de inequidades salariales entre funcionarios que cumplen roles similares pero en diferentes servicios. Las evaluaciones de desempeño no tienen un efecto real sobre la promoción, los sueldos o la desvinculación de los funcionarios. Hay que reconocer que han existido avances como la creación del Sistema de Alta Dirección Pública, pero en general el servicio civil sigue respondiendo a los antiguos esquemas de arbitrariedad y cuoteo político. Si queremos contar con un servicio civil de alta calidad, démosle espacio a esos funcionarios que han dado muestras de compromiso y vocación pública, como lo ha hecho Patricia Arriagada. Se lo merecen. Nos lo merecemos.
Gracia Dalgalarrando, Máster en Políticas Públicas, Universidad de Columbia.
FOTO:JONAZ GOMEZ/AGENCIAUNO