Los integrantes de la Comisión Experta han presentado más de 900 enmiendas al texto aprobado en general por la propia Comisión. Es una cantidad considerable que significa, en promedio, cinco enmiendas, sea aditivas, sustitutivas o supresivas, por cada uno de los artículos aprobados por la Comisión, y que viene a desmentir la existencia de lo que se pregonaba como un amplio consenso al interior de ella.

Es, sin duda, un tropiezo grave, en un momento particularmente delicado del proceso constituyente. Grave porque revela que lo que existía en el seno de la Comisión no era un verdadero sino un falso consenso. Y delicado porque el número de enmiendas presentadas aparece en la víspera -podemos decir- de la elección de quienes serán los integrantes del Consejo Constitucional.

Ya se ha anunciado, en efecto, que las votaciones sobre las diversas enmiendas presentadas por los expertos serán votadas después de la elección del 7 de mayo. La decisión resulta desafortunada porque inevitablemente contaminará con elementos circunstanciales del momento político la que debiera haber sido una propuesta técnica pensada con una visión de futuro.

Esta proximidad entre las votaciones al interior de la Comisión Experta y la votación popular para elegir los miembros del Consejo Constitucional, órgano este que deberá aprobar el texto que se someterá a plebiscito a fin de año, es resultado de un mal diseño del proceso de elaboración de la Constitución, pero que ha contado también con la complicidad de los expertos.

El proceso constitucional debió haber tenido una división temporal neta entre el trabajo de la Comisión Experta y la labor propia del Consejo Constitucional. La elección de este órgano debió haberse contemplado para un momento posterior a la aprobación final de la propuesta de la Comisión Experta. Si así hubiese ocurrido los ciudadanos habrían tenido la oportunidad de dar su voto a los candidatos a ser consejeros constitucionales conociendo su posición respecto al texto de nueva Constitución elaborado por la Comisión.

Ahora, en cambio, la elección de los consejeros constitucionales antes de que la Comisión Experta termine de elaborar su propuesta, desvirtuará el trabajo de la Comisión. No se conocerá ya cuál habría sido el texto preferido realmente por los expertos que la integran, sino que estos lo elaborarán a la luz del resultado electoral del 7 de mayo.

Los expertos pudieron, pero no lo hicieron, atenuar la inevitable contaminación política de su propuesta, si hubiesen presentado un número reducido de enmiendas al texto aprobado en general por la Comisión. En tal caso, la ciudadanía habría tenido a la vista un texto consensuado en la mayor parte de las materias propias de una Constitución, y un conjunto de alternativas perfiladas sobre las cuales pronunciarse dando su voto a quienes las defendieran.

Hoy, en cambio, la multitud de enmiendas presentadas por sus integrantes, impide visualizar cuál es el pensamiento de la Comisión Experta respecto al contenido de la Constitución.

De la aprobación o rechazo de tales enmiendas, como también de la aceptación en particular del texto aprobado ya en general por la Comisión, pudiera resultar un texto reducido, con vacíos; o un texto inconexo compuesto de normas contradictorias, o bien uno similar al que conocemos y que la Comisión Experta aprobara en general antes de la presentación de las enmiendas. 

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Raúl Bertelsen

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes

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