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Publicado el 8 diciembre, 2020

Raimundo Ruiz: Conflicto mapuche en Argentina y Chile: Miradas institucionales diversas

Cientista Político, Universidad di Tella, Buenos Aires Raimundo Ruiz

El modelo argentino -federal y descentralizado- ofrece una perspectiva que para Chile podría ser de particular interés. Con sus desaciertos y complejidades, entrega a las comunidades indígenas un modelo de interlocución con diferentes actores estatales, cada cual dotado de sus propias potestades públicas.

Raimundo Ruiz Cientista Político, Universidad di Tella, Buenos Aires
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El asesinato del carabinero Sebastián Naín el 30 de octubre pasado revela un nuevo y triste capítulo de violencia en un conflicto que lleva décadas. Más allá del daño material que se ha generado desde entonces, la violencia en la Araucanía chilena ha cobrado la vida de varias personas, sean mapuches o no. Este nuevo caso ocurre en el marco de un intenso debate sobre la posibilidad de introducir escaños reservados a los pueblos indígenas en la Convención Constituyente, por lo que parece conveniente repensar la relación que debería tener el Estado chileno con la población indígena que habita su territorio.

Chile no es el único país latinoamericano que está atravesando una relación conflictiva con su población mapuche. Argentina también experimenta una agudización de conflictos con su población mapuche. Resalta el caso de Villa Mascardi (cerca de Bariloche, en la zona de frontera con Chile), con la ocupación de terrenos fiscales por parte de una comunidad mapuche, que ha incrementando la tensión social en la zona y exigido la intervención tanto del Estado nacional como del provincial. Años atrás, en 2017, el enfrentamiento de la misma comunidad con fuerzas de seguridad causó la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, capturando la atención mediática del país y abriendo un conflicto exótico para la política argentina. Ensamblado culturalmente por elites en su mayoría provenientes de la pampa húmeda, el Estado argentino no fue adiestrado para encarar conflictos ni en zonas ni con comunidades alejadas del centro, que además fue históricamente fertilizado con vocación hacia el Atlántico. El que este conflicto no se haya podido desactivar revela la incapacidad de la política indigenista de Argentina, algo que no dista tanto de ser el caso en Chile.

Aún con todas estas similitudes, las diferencias entre Chile y Argentina no deberían ser omitidas. Para empezar, la población argentina que se identifica como perteneciente a un pueblo originario es mucho menor que en Chile (2,4% versus 12,8%), aunque la primera está concentrada en las zonas fronterizas de las provincias andinas argentinas, lo cual da un marco de similitud geográfica (¿e indivisibilidad?) al conflicto a uno y otro lado de la cordillera.

Sin embargo, existen particularidades en el diseño institucional argentino que no están presentes en Chile. El primero reposa sobre la descentralización y federalización. Esto significa que el Estado argentino está dividido en tres niveles de gobierno (el nacional, el provincial y municipal), cada uno de ellos con sus propias autoridades electas y con un grado relativamente alto de autonomía. Entender cómo este entramado institucional impacta sobre la forma y la calidad del diálogo con las comunidades indígenas argentinas, ofrece una perspectiva que para Chile podría ser de particular interés. No sólo por la lógica de la relación entre las comunidades y los estamentos estatales, sino porque el modelo argentino, con sus desaciertos y complejidades, ofrece a las Comunidades un modelo de interlocución con diferentes actores estatales, cada cual dotado de sus propias potestades públicas. El diálogo entre las comunidades ancestrales y del Estado argentino, en principio, no se agota con la interlocución del Gobierno central, pues siempre existe una ventana institucional que permite un espacio negociador más amplio, virtuoso, dotado de más densidad político-cultural, en definitiva con más actores. Tal fue el caso de una negociación entre el Estado argentino con la Comunidad Paichil Antriao, una comunidad mapuche asentada en un destino turístico icónico de la Patagonia Argentina: Villa La Angostura.

Tal y como sucede en muchas localidades turísticas del sur argentino (Villa Mascardi es otra de ellas), la creciente popularidad de este destino desde los años 90 ha llevado a un boom inmobiliario y una fuerte demanda por terrenos. Los antepasados de la Comunidad Paichil Antriao habitan la zona desde antes de 1900. Paulatinamente, haciendo uso de diversos trucos legales y engaños, se les despojó gran parte de los terrenos que habitaba. Cuando a esto se le sumaron las presiones inmobiliarias, la Comunidad inició en 2003 una serie de manifestaciones y ocupaciones de terrenos reclamados.

Sobre este diagnóstico la Comunidad mapuche usó la descentralización del Estado argentino en su favor: le permitió un “vitrineo” de autoridad a autoridad, descartando (sin retirarse de la cancha) a las más renuentes al tiempo que favorecía a las más proclives a sus demandas. Replicar este ejemplo en Chile no es viable de acuerdo al actual modelo constitucional, pues el Estado cuenta con menos niveles de interlocución, y las que existen en la zona del conflicto por lo general no tienen el poder necesario como para poder implementar algún cambio sustancial en la política de manera autónoma. El gran decisor en Chile está sentado en Santiago, no es la Araucanía.

No es pretensión de esta columna entusiasmar al lector por alguno de los modelos existentes a uno y otro lado de la cordillera. Después de todo, ninguno de ambos ha sido capaz de resolver el conflicto mapuche de una forma satisfactoria. Sin embargo, dado que el próximo año seremos testigos de un proceso constituyente que permitirá repensar la forma de la que el Estado se relaciona con las poblaciones originarias, sí es importante mirar otros ejemplos, considerar las virtudes y los vicios de sus particularidades y dejarse inspirar por ellas.

* Esta columna recoge parte de la tesis de grado (2020) del autor: “Venue Shopping en Villa La Angostura (2008 – 2019): Un Estudio de las Negociaciones Entre las Comunidades Indígenas y el Estado Argentino”

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