A mes y medio de haber asumido la presidencia de la República de Colombia, Gustavo Petro ya ha ido despejando algunas dudas con respecto a lo que podrían ser las líneas maestras de su período de gobierno. Lo único que estaba claro desde un principio era que, por múltiples razones, su elección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales conllevaría cambios de toda índole en la conducción del Estado, tanto en el fondo como en las formas.

Por un lado, la sola presencia en la Casa de Nariño de este costeño nacido en la Ciénaga de Oro representa un notable giro de imagen dentro de una muy tradicional sucesión de presidentes cachacos, usualmente nacidos en las zonas centrales y montañosas del país. Lo mismo cabe decir de su vicepresidenta Francia Márquez, así como de buena parte de su tren ministerial, consejeros y grupos de apoyo. También la esposa del nuevo mandatario, Verónica Alcocer, había destacado por su desparpajo y alegría a lo largo de la campaña presidencial. Ya solamente por este cambio de caras y modos, la presidencia de Petro —quien también cuenta con la nacionalidad italiana, herencia de un bisabuelo que emigró a Colombia desde el sur de Italia en 1870— encarna la llegada de aires nuevos a la dirección política de una sociedad tan conservadora como la colombiana.

Otro tanto cabe decir de sus ideas políticas. Seguramente ningún presidente en la historia de Colombia había emergido de sectores ubicados tan a la izquierda del espectro político de dicho país. A pesar de su larga trayectoria dentro del marco de la política institucional, en virtud de la cual llegó a ser diputado, senador, alcalde de Bogotá y 3 veces candidato presidencial, nadie olvida sus orígenes guerrilleros en el M-19 ni la radicalidad de su discurso político a lo largo del tiempo.

El propio Petro se ha encargado una y otra vez de que a nadie se le olvide el carácter rupturista de su proyecto político, como dejó claro al romper el protocolo de su juramentación como presidente para hacer pasar frente a todos la espada de Bolívar, en teoría la misma que el M-19 sustrajo audazmente en 1974. Pero ¿hasta dónde llega esta voluntad de ruptura?

Luego de transcurridas seis semanas de aquel día, las primeras acciones de gobierno del nuevo presidente se han centrado en decisiones que parecen demostrar, por una parte, la voluntad de hacer cambios muy profundos, mientras que por otra parte se intenta no alarmar excesivamente a los sectores sociales y políticos que tanto dentro como fuera del país lo observan con desconfianza.

Para ello Petro ha designado, en diversas posiciones de gobierno, a numerosas figuras políticas que no vienen de la izquierda más radical, sino que más bien se caracterizan por haber desarrollado sus trayectorias en el extenso y variopinto ámbito del liberalismo colombiano.

Incluso el Partido Conservador de ese país —cuyos orígenes datan de 1849— ha decidido apoyar al nuevo mandatario mientras no vulnere ciertos postulados conservadores. Por ahora no ha emergido una figura que con toda claridad lidere a la oposición política a Petro, en tanto que éste avanza estableciendo acuerdos con amplios sectores del país. Incluso con un empresariado al cual le ha asegurado el presidente que su intención no es combatir el capitalismo sino mejorarlo.

Estos acuerdos, designaciones y actitudes parecen revelar un espíritu de apertura que, en buena lid, debería mantener a Colombia apartada de las derivas autoritarias que han arrastrado a otros gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana, como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega. Pero quizás convenga no perder de vista que también estos mandatarios se caracterizaron, durante las primeras fases que siguieron a sus victorias electorales, por sus actitudes conciliadoras o cooperativas con sectores sociales y políticos a los que posteriormente confrontaron más allá de lo que permiten los límites constitucionales.

Por ahora, varios asuntos vienen alimentando los recelos de los sectores más suspicaces con respecto a las intenciones del nuevo presidente colombiano. En primer lugar, la celeridad con la que ha relevado a una gran cantidad de altos mandos militares, avisando a los uniformados colombianos que a partir de ahora han de prepararse para constituir “un ejército de paz”. En boca de un ex guerrillero, tales palabras no han sentado del todo bien en una oficialidad que durante décadas ha combatido a múltiples grupos subversivos, en el marco de una guerra cargada de atrocidades cometidas por todos los bandos.

En segundo lugar, la nueva política que Petro quiere desplegar frente al narcotráfico propugna una mayor tolerancia ante los cultivos, concentrándose más bien en combatir a los traficantes violentos e ir suspendiendo diversos mecanismos de extradición. En teoría, con este nuevo enfoque Petro intentaría reducir la violencia que ocasiona la “guerra contra las drogas” en territorio colombiano, impulsada por los Estados Unidos en América Latina desde los tiempos de Nixon y reforzada en este país con el Plan Colombia. Los críticos, no obstante, ven con preocupación la posibilidad de que los cultivos se disparen, nutriendo así el surgimiento de cada vez más organizaciones narcotraficantes.

Un tercer punto que también genera gran inquietud entre los opositores a Petro es el modo en que se plantea desarrollar diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última gran guerrilla marxista que, como tal, sigue operando en el país. El reciente levantamiento de las órdenes de captura y extradición a los negociadores del ELN, así como otras facilidades que desde ya se están brindando a los miembros de dicha agrupación subversiva, hacen a muchos temer en la posibilidad de que un denso manto de impunidad le permita a múltiples criminales de guerra pasar a ejercer tareas políticas bajo el amparo que les ofrece el gobierno de Petro.

Por último, y como factor que no deja de estar relacionado con los tres anteriores, cabe mencionar el veloz restablecimiento de las relaciones bilaterales con la autocracia que preside Nicolás Maduro en Venezuela. Los primeros encuentros oficiales —y por separado— entre Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y otros altos miembros del régimen chavista con Armando Benedetti, mano derecha de Petro durante su campaña presidencial y nuevo embajador neogranadino en Caracas, estuvieron marcados por una evidente complicidad y sabor costeño. En pocos días, Benedetti, Petro y el canciller Álvaro Leyva se han encargado de ofrecerle a Venezuela la apertura de la frontera común, comprarle gas —a pesar de que Colombia puede producirlo— y designar a Maduro como garante de los futuros acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN.

En esta tónica, ¿puede asumirse como un mero desliz, como un impulsivo error que contraviene el ánimo profundo, conciliador y reformista de un demócrata, el sincero pero destemplado tuit que escribió el presidente Gustavo Petro tras conocer los resultados del plebiscito del pasado 4 de septiembre en Chile? Por ahora, todo parece indicar que allí subyace algo más complejo.

*Miguel Ángel Martínez es Doctor en Conflicto político y Procesos de Pacificación. @martinezmeucci

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