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Publicado el 09 de octubre, 2015

¿Qué peligra en La Haya, el prestigio o la soberanía?

Chile no puede mantenerse atado, ad aeternum, a un sistema viciado y que no responde a los objetivos para los cuáles se estableció.
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Desde que el Perú presentó su demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, argumentando la inexistencia de una delimitación marítima claramente convenida y largamente puesta en práctica, comenzó a debatirse la conveniencia o no de denunciar el Pacto de Bogotá ante la posibilidad de que se repitiesen similares intentos de ilusionismo en el futuro.

Ya sabemos cómo falló la Corte en ese caso; imposibilitada de acceder totalmente a lo solicitado por el Estado demandante (hacer desaparecer, como por arte de magia, acuerdos plenamente válidos y vigentes de delimitación marítima), no pudo menos que reconocerlos, pero al mismo tiempo, fiel a su tradición de búsqueda de equidad y haciendo honor a su condición de instancia judicial de un organismo político, respetó los acuerdos que delimitaban el espacio marítimo por  200 millas, solamente hasta 80 millas. Desde ese punto, la CIJ trazó un límite absolutamente antojadizo, dando rienda suelta a su otra característica: la de un tribunal “innovador y creativo”.

Con esa experiencia, se incrementó el número de voces haciendo ver la inconveniencia de seguir eternamente atados a un sistema de solución de controversias que claramente no estaba cumpliendo ni con los objetivos para los cuales fue creado ni con las condiciones que los mismos signatarios establecieron.

Luego vino la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y Chile sigue, inexplicablemente, sin tomar la única decisión que sus intereses le aconsejan en relación con el Pacto de Bogotá. ¿Cuáles son los argumentos que se han dado para impedir la denuncia de ese acuerdo? El más recurrente es el que señala que el retiro de Chile de ese Pacto es inconveniente porque “estaríamos faltando a una tradición de respeto y de apego al Derecho Internacional”. ¿De qué apego al Derecho Internacional estamos hablando cuando la CIJ emite fallos que no se ajustan a derecho, sustituyendo a éste por la “equidad” o desconociendo lo pactado por las partes, como es el caso del límite marítimo entre Chile y Perú? ¿Qué tradición debemos respetar manteniéndonos amarrados a una Corte inclinada a acoger todo y cualquier tipo de demanda que llegue a su conocimiento, a sabiendas que nuestros vecinos, por doctrina, no renuncian a reivindicar territorios perdidos, con todo tipo de argucias?

Chile no puede mantenerse atado, ad aeternum, a un sistema viciado y que no responde a los objetivos para los cuáles se estableció. Los signatarios del Pacto de Bogotá fijaron determinados criterios para su aplicación, precisamente para evitar reabrir asuntos territoriales resueltos tras dolorosos conflictos. Pero la Corte ha decidido interpretar de otra manera dichos criterios, abriendo la posibilidad de re-escribir la historia y re-dibujar los límites existentes y pactados entre los países latinoamericanos sometidos a su jurisdicción.

Con esos antecedentes, llama la atención que se siga argumentando la obligación de Chile a seguir sometiendo su soberanía a los fallos de la Corte Internacional de Justicia, tribunal cada vez más devaluado y menos relevante a nivel mundial, teniendo como principal razonamiento el peligro de dañar “el prestigio como país respetuoso y apegado al derecho internacional”. Pregunto nuevamente: ¿ante los ojos de quiénes veremos dañado nuestro prestigio? ¿Tal vez nos preocupe la opinión del vecino que, tras conocer el laudo arbitral sobre el Canal Beagle y al ver que los árbitros no habían acogido sus planteamientos, procedió a declararlo “insanablemente nulo” y que, ante la probabilidad de que Chile llevase el asunto a la Corte Internacional de Justicia, advirtió que ello implicaría un casus belli (motivo de guerra)?

Si el tema que nos preocupa es “el qué dirán”, entonces no podemos dejar de mencionar el concepto de lo que Evo Morales entiende sobre lo que es legal o ilegal. A continuación, una cita textual de lo que piensa el mandatario boliviano al respecto: “Por encima de lo jurídico, está lo político…cuando algún jurista me dice: Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, bueno, yo le meto, por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, si no, ¿para qué han estudiado?” Después de esta joya de apego al derecho manifestada por el mandatario boliviano, ¿debemos preocuparnos por nuestra tradición de respeto al derecho internacional?

Los expertos jurídicos han sostenido reiteradamente que los casos presentados por Perú y por Bolivia contra Chile son absolutamente diferentes y no admiten comparación. Se equivocan completamente. Tienen un importantísimo factor en común: ambos han buscado modificar judicialmente los efectos derivados de un mismo conflicto bélico, la Guerra del Pacífico, que tuvo su origen en un pacto secreto que originalmente buscó incorporar no sólo a Bolivia y Perú, sino también a Argentina, hacia un enfrentamiento que Chile estuvo lejos de buscar y, por el contrario, trató de evitar. Ahora, ¿le corresponde a la CIJ juzgar la historia en retrospectiva, con todo lo que ello conlleva?

Si a estas alturas los responsables de la política exterior no han caído en cuenta de que los casos presentados por nuestros vecinos ante la CIJ son asuntos prioritariamente políticos y los contenidos y argumentos para la defensa no se encontrarán en los tecnicismos del derecho internacional, vamos por muy mal camino. Nuestra mentalidad excesivamente jurídica nos ha llevado a enfrentar las demandas vecinales con una visión parcial y sin asignar la debida importancia a la dimensión político-diplomática de la relación bilateral, con los resultados que ya conocemos.

Deberá entenderse que la historia de las relaciones bilaterales es, en último término, lo que se ha llevado a juicio. En consecuencia, el valor del relato histórico basado en una descripción documentada y exhaustiva de las relaciones entre las partes, será crucial para la defensa chilena sobre el tema de fondo de la demanda boliviana.

Sabemos muy bien que el retiro del Pacto de Bogotá no tendrá efectos para este caso ya en curso y que ello no impedirá la presentación de otras demandas en un plazo de un año. Pero ello no debe ser obstáculo para poner una fecha de término a una atadura que llevará a amenazas permanentes contra la soberanía nacional. Lo que se juega actualmente en La Haya no es el prestigio, sino la soberanía.

 

Jorge Canelas U., Cientista político y Embajador (r).

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.

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