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Publicado el 19 de febrero, 2017

¡Que nadie se sorprenda!

Más allá de un diagnóstico errado de la situación social, el mayor problema del Gobierno ha estado en su carencia profesional a la hora de implementar sus decisiones.
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No deja de llamar la atención que cada cierto tiempo alguien reconozca que apoyó electoralmente a la actual Mandataria, pero que no sabía bien qué tenía pensado hacer ella al momento de gobernar. Parece que nadie se leyó el programa que tanto sacaban a relucir sus partidarios y, para sorpresa nuestra, hoy reniegan de lo escrito en él.

El programa fue la amalgama con la cual tradiciones políticas tan distintas como la socialcristiana se unió al materialismo histórico, el ateísmo al cristianismo, los socialdemócratas con los comunistas, los autoflagelantes con los autocomplacientes. Bajo esta convocatoria sui generis, Michelle Bachelet ofreció enfrentar el nuevo ciclo histórico del país garantizando un Gobierno centrado en las personas, a través de mejores prácticas, eficiencia, transparencia, agilidad y responsabilidad.

Pero al analizar el programa se notaba un diagnóstico errado sobre la causa de los problemas que pretendía resolver. Lo cual planteaba, por cierto, políticas públicas que no daban cuenta de la realidad a la cual querían hacer frente. Sin embargo, el problema mayor no estuvo en un mal diagnóstico, sino en una implementación que en el mejor de los casos fue deficiente. Un nivel de improvisación que no deja a nadie indiferente, pues tanto partidarios como opositores se unen en ese 80% de desaprobación.

Lo anterior no es relevante por un asunto de ego político, sino por ser parte de la gobernabilidad, lo que implica que tal función se desempeñe con eficacia, legitimidad y respaldo social. Ninguna de estas tres básicas condiciones se cumple en este Gobierno.

El déficit de conducción política y fundamentalmente administrativa ha sido su principal característica. Quizás, salvo sus primeros meses de mandato —cuando existía una suerte de devoción ciega a la Presidenta—, el núcleo gobernante se desempeñó como una coalición de gobierno, pero eso fue breve y costoso para el país.

Volviendo a la conducción política, el gobernante le da un soporte a la solución propuesta para generar el consenso necesario entre sus partidarios y, eventualmente, sumar a otras fuerzas involucradas en la problemática, lo que generalmente se traduce en la aprobación de un proyecto de ley. En cuanto a lo administrativo, lo relevante es la ejecución de la política adoptada; aquí entra a tallar la capacidad de transformar la política en soluciones concretas, utilizando la institucionalidad existente tanto en el Estado como en la sociedad.

La unión de la política con la administración nos lleva a la conjunción de idear, definir y desarrollar un plan que identifica al Gobierno en la medida que da respuestas a las demandas priorizadas, generando beneficios para la gente. En el papel, el programa del “Chile de todos” señalaba que un buen gobierno implica saber gobernar los cambios y asegurar las transformaciones con gobernabilidad, pero nada de eso se ha visto hasta hora.

No desconozco que todo juicio tiene en su base un grado de subjetividad -esta no es la excepción-, pero cuando una porción significativa de la población se manifiesta contra las medidas adoptadas por el Gobierno y lo desaprueba mayoritariamente, y cuando esto se prolonga en el tiempo, claramente hay algún nivel de consistencia en esta apreciación. Es más, tanto si vamos de lo particular a lo general o al revés, el accionar del gobierno es consistentemente desaprobado.

Más allá de un diagnóstico errado de la situación social, el mayor problema del Gobierno ha estado en su carencia profesional a la hora de implementar sus decisiones. Esto no es menor, en especial cuando los cambios propuestos se plantean de frentón como refundacionales, es decir, se desea hacer políticas partiendo de cero.

En síntesis, los gobiernos en democracia son administradores temporales del Estado, independientes del apoyo con que asumen su mandato, la misma institucionalidad les entrega herramientas para desarrollar su programa como limitaciones en su ejercicio, lo cual contribuye a gobernar siempre con respeto a visiones alternativas, las cuales en este esquema democrático en algún momento es posible que sean Gobierno. Esta idea de alternancia complementa los principales factores de la responsabilidad política y la continuidad del sistema en el tiempo.

 

Aldo Cassinelli Capurro, director ejecutivo Instituto Libertad

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

 

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