¿Qué haría Bukele en Chile?

Según la encuesta Cadem de abril el 78% de los chilenos tiene una imagen positiva del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En detalle, el 67% de los encuestados, a pesar del carácter dictatorial del Mandatario, dijo tener una «excelente» imagen de él y un 11% una «buena». Sólo el 18% señaló tener una «mala o pésima imagen». 

Más allá de las críticas que puedan hacérsele a Bukele, que ha horadado la institucionalidad democrática, esta percepción da señales en nuestro país a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales sobre las aspiraciones de la ciudadanía.

Hoy existen altas probabilidades de que sea “el duro con la delincuencia” quien gane las elecciones. En este contexto un gobierno de izquierda “no democrática” quedaría fuera de la carrera presidencial. Solo pensarlo provoca un racconto, es decir, una escena retrospectiva del pasado, de ese 18-O en el que Chile fue víctima de un golpe de Estado. Hicieron saltar las superestructuras, casi se toman La Moneda, quemaron estaciones de Metro, iglesias, museos y destruyeron miles de negocios en medio de la fiebre octubrista atizada por medios de comunicación. De pronto, todo Chile estaba en contra de Carabineros, incluso el Presidente que, extorsionado por posibles acusaciones de violaciones de Derechos Humanos, endilgaba la responsabilidad a quienes, casi sin recursos y obedeciendo órdenes, defendían la democracia.

En este contexto, que fácilmente podría volver a repetirse dado nuestra debilidad institucional, lo primero que tendría que hacer un Presidente que los chilenos eligieran por sus semejanzas con Bukele sería preguntarse “quiénes dieron el golpe de Estado del 18-O” con el fin de armar una estrategia que permita su neutralización. Y es que, ya nos lo dio a entender el ex Director General de Carabineros, Mario Rozas, “la quema del Metro fue planificada” y “hay una deuda pendiente de quienes primero avalaron la violencia, que nunca la condenaron”.

Lo segundo que tendría que hacer un Presidente tipo Bukele sería disponer de la creación de tribunales especiales para juzgar a quienes atacaron la democracia. Los juicios tendrían que ser públicos con el fin de restablecer la confianza de los ciudadanos en la justicia. Este sería un buen remedio al octubrismo que infectó los ánimos de quienes creen, hasta hoy, que la violencia es la mejor forma de transformar la sociedad. Hablo de un símil a los Juicios de Núremberg que no sólo sirvieron a la condena de los líderes nazis, sino a la erradicación de su ideología. Para lograr este propósito, el Bukele chilensis tendrá que hacerse cargo de una situación extremadamente compleja cual es que parte de los fiscales y jueces parecen estar en guerra con esos carabineros a los que, según el general Rozas y la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, les debemos el Estado de Derecho y la democracia.

Fíjese que de un total de 53.450 funcionarios, al 2021 casi 9 mil fueron querellados -en muchos casos con más de una querella. En breve, ¡casi un cuarto de los miembros de la institución de Carabineros está querellado por haberse opuesto a los golpistas y haber defendido nuestra democracia! ¿Quiénes son los querellantes y cómo se financia este ataque jurídico a la institución? A ello sume que actualmente tenemos 10 mil efectivos menos que hace diez años, las postulaciones cayeron de 1.123 en 2019 a 145 en 2020 y sólo el año pasado 1.300 carabineros pidieron ser dados de baja.

Según investigaciones de la abogada penalista Nubia Vivanco, en 2019 hubo 7.424 carabineros heridos a lo que se suma un activismo judicial que no tiene en consideración el contexto -un golpe de Estado- y que, a juicio de Vivanco, no considera la presunción de inocencia del mismo modo cuando se trata de alguien que viste uniforme. Por este motivo interpuso una querella contra quienes resulten responsables por lo que ella describe como “un sesgo” del Ministerio Público. 

¿Qué cree usted que sucederá si nos vuelven a dar otro golpe de Estado, ya reconocido por Blumel y Martorell? Lo cierto es que actualmente, sólo atendiendo a la naturaleza humana, uno podría pensar sin temor a equivocarse, que las relaciones entre Carabineros y el Poder Judicial han cambiado: desde la fórmula «hago mi trabajo si cumplo mi deber» a «cumplo mi deber y termino querellado y/o tras las rejas». En otros términos, tras la experiencia del 18-O y la reacción de privados, el INDH y organismos varios responsables de las querellas, a lo que se suman las sentencias condenatorias, no serán muchos los carabineros que se animen a combatir a los golpistas y cualquiera de los candidatos en competencia por La Moneda tendrá que hacerse cargo de este asunto si quiere recuperar el orden por el que clama la ciudadanía.

Naturalmente, también tendrá que controlar la inmigración, la corrupción que afecta a diversas instituciones y, otro tema sensible, desideologizar el aparato público, desde los jueces a los fiscales, pasando por universidades, escuelas y ministerios. Y es que, ¿cómo podrá alguien cumplir con promesas de mayor seguridad si, en paralelo, las salas de clases y las aulas sirven de campo de entrenamiento para jóvenes revolucionarios?

No cabe duda de que hablamos de una labor titánica que debiese terminar con los viejos militares cumpliendo sus penas en casa y no en la cárcel. A ello se suma la clausura de todo monumento octubrista, el retorno del general Baquedano y del Soldado Desconocido a su lugar de memoria y una reforma constitucional que se haga cargo de extirpar el derecho garantista, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, punta de lanza del neomarxismo para destruir culturalmente el Estado de Derecho. Por supuesto, con el fin de que no se ideologice más a las nuevas generaciones con utopías afiebradas que sólo conducen al totalitarismo, será necesario integrar a la verdad histórica lo sucedido bajo el régimen de Allende. En este contexto es importante incorporar las causas del quiebre institucional en los contenidos del Museo de la Memoria que hoy no sirve a la defensa de la democracia, sino a la promoción de un proyecto político que los chilenos no sólo rechazamos hace cincuenta años, sino también el 4 de septiembre en el plebiscito de salida.