Todo sucedió en el curso de esta misma semana: los vecinos peruanos, (proactivos como siempre), iniciaron los procesos administrativos y políticos para “institucionalizar” la apropiación del famoso triángulo terrestre, tarea a la cual se abocaron no bien se acababa de comunicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la delimitación marítima. La respuesta de Chile, (reactiva como de costumbre), tomó la forma de una infaltable y anodina Nota entregada por los canales diplomáticos. Casi simultáneamente (y por enésima vez) ingresaron desconocidos desde Bolivia, vistiendo uniforme y portando armas de guerra, para asaltar a empleados de una empresa de sondajes que efectuaban trabajos para la minera Collahuasi en la zona fronteriza, amenazándolos y robándoles su vehículo y equipos, para huir de regreso hacia Bolivia. Para completar el cuadro, en Argentina se avanza en el proyecto que contempla la utilización de importantes cantidades de recursos hídricos compartidos del Lago Carrera, sin aviso previo ni estudio conjunto alguno, como lo contemplan los tratados que regulan la materia.
En resumen, una trilogía nada de despreciable de hechos fronterizos y todo en pocos días, como para agradecer la bendición de tener sólo tres países vecinos. Pero no deja de llamarnos la atención el silencio absoluto y ni un atisbo de dar, desde los organismos pertinentes, para no decir competentes, explicaciones razonables sobre la línea política para resolver cada uno de estos casos. Vemos con desazón la repetición de fallas de gestión que tocan a temas de soberanía, cada vez con mayor frecuencia. Los hechos “nuevos” que comentamos, son sólo consecuencias de situaciones que se vienen incubando desde hace décadas y se repite el mismo patrón de conducta de la autoridad: secretismo absoluto y como prioridad inalterable bajar el perfil a los temas vecinales, como si aún creyeran que el sol se puede tapar con un dedo.
Recapitulemos: el año 2001 hubo un incidente en las cercanías del Hito 1 de la frontera Norte, en el cual una patrulla de la Armada disparó, con resultado de muerte, a un ciudadano peruano que ingresaba de forma clandestina a territorio chileno, desoyendo las voces de alto y advertencias previas. No demoraron en llegar los reclamos desde el Perú cada vez con mayor fuerza y, frente a la presión, la Canciller Soledad Alvear hizo que la Armada de Chile retirase un puesto de vigilancia cercano al Hito 1, para reubicarlo unos 400 metros más al interior de territorio chileno para mantener “una franja de distensión” entre ambos países. ¿Qué razones obraban (sic) en la cabeza de nuestras autoridades, para hacerles olvidar un dato primordial (que Chile tenía todo el derecho de ejercer la vigilancia requerida para proteger su territorio, así sea a un metro del límite), y que ninguna persona, grupo de personas o autoridades extranjeras tienen derecho a reclamo alguno por ello? Nunca es tarde para reparar los errores; aquel del Hito 1 debe ser reparado, pero eso es algo que no se hace sólo con notas diplomáticas.
El incidente que afectó a los trabajadores de la empresa que efectuaba sondajes para la minera Collahuasi se está convirtiendo en una situación casi habitual en la zona. Ello, a pesar de las inversiones siderales que se han hecho en equipamiento, capacitación y mantención de un contundente poder militar disuasivo, amén de todo lo que se ha invertido en el plan Frontera Norte, focalizado en las fuerzas policiales. Pero en la práctica, lo que queda en evidencia es que hoy, al igual que en los años 2001, 2004, 2008, 2011 y 2012, resulta gratuito para bandas civiles y patrullas militares bolivianas entrar incluso armados a territorio chileno para perpetrar asaltos. Cosa similar ha ocurrido con narcotraficantes y delincuentes comunes del Perú, sólo que en este caso ha habido un hábil manejo paralelo que los vecinos del Norte han capitalizado cada vez que logran que Chile se repliegue, como sucede actualmente con el “triángulo terrestre”. Hay, por decir lo menos, una seria falta de coordinación entre las autoridades políticas de la Cancillería, las de Fronteras y Límites, las Policías y las Fuerzas Armadas, en la defensa de la soberanía.
El Poder Ejecutivo (que tiene la conducción de la política exterior de manera exclusiva) ha demostrado una absoluta carencia de visión estratégica en materias vecinales, optando por consideraciones políticas de corto plazo en sus decisiones de política exterior. Nunca se le ha dado la prioridad requerida a los asuntos internacionales más sensibles ni se ha reparado en la asimetría y disparidad de los recursos asignados a la Diplomacia, principal instrumento en la defensa de la soberanía en tiempos de Paz, en contraste con los recursos destinados a las FF.AA. Junto a ello, se ha despreciado al estamento profesional para favorecer a militantes o parientes en funciones diplomáticas, lo que ha llevado a profundizar la acumulación de errores, los cuales, ya se ha comprobado, resultan aún más onerosos cuando afectan los asuntos vecinales. En el intertanto, cabe preguntarse: ¿cómo lo hacen nuestros vecinos?
Para muestra, un botón: En la Cancillería peruana, para ascender al grado de Embajador, los diplomáticos deben demostrar, entre otros requisitos, el haber cumplido un cierto número de años trabajando en países limítrofes. En Chile no existe esa exigencia, lo que indica el contraste entre ambos países en cuanto a la prioridad que cada cual asigna a los asuntos vecinales. Pero hay más: en Chile, los diplomáticos de carrera simplemente no ascienden al grado de Embajador. Pueden ser nombrados en el cargo de Embajador, (porque es una designación política), pero para ello previamente deben presentar su renuncia al Servicio Exterior (algo sólo visto en Chile). ¿Qué tiene esto que ver con estos “casos” de actualidad y con aquellos que, con seguridad, continuaremos viendo a futuro, dada la particular relación que tenemos con nuestros vecinos? La respuesta es “TODO”, pues si Chile hubiese contado con una Cancillería totalmente profesional (“de Capitán a Paje”) y bien estructurada, jamás se hubiese producido el retiro del puesto de vigilancia de la Armada cercano al Hito 1 y no habríamos dado pie para que los vecinos del Norte alimentasen su aspiración a apropiarse del “triángulo terrestre”. Y es muy probable que con una Cancillería encabezada por un diplomático profesional, tampoco se hubiese aceptado la inclusión del tema marítimo en una agenda formal, como se hizo con el diálogo en torno a los “13 Puntos” con Bolivia, entre otras cosas. En resumen, la postergación de la efectiva profesionalización de nuestra diplomacia, pilar fundamental de una Cancillería moderna, nos seguirá pasando cuentas, partiendo por el creciente deterioro de los intereses permanentes en lo vecinal.
Jorge Canelas, Cientista Político, Embajador (r).
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