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Publicado el 21 de julio, 2017

Primero los símbolos, después todo lo demás

En privado, muchos partidarios del oficialismo reconocen que el actual es uno de los peores Gobiernos que ha padecido el país y que cosecha las consecuencias de darle a la política únicamente una función poética.
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Mientras escribo esta columna se termina de discutir en la Cámara de Diputados el proyecto sobre legalización del aborto —por ahora bajo tres causales, que progresivamente irán aumentando y llegará un momento en que la única causal será la voluntad—, el cual se ha definido enviar a comisión mixta, contrariando la aspiración de La Moneda de aprobarlo de una vez.

También esta semana el Gobierno logró pasar a la siguiente etapa, en el Senado, la reforma a la educación superior, que en opinión de la mayoría de los expertos es mala y no aporta al objetivo que rimbombantemente se les ofertó a los chilenos en 2013 (partiendo por los rectores de universidades a las que nadie puede acusar de “serviles a los intereses del mercado” o “conservadoras”, como la Alberto Hurtado y la Diego Portales). Peor aun, todos dicen que es una mala reforma: el aumento de la cobertura de la gratuidad le va a costar a Chile más de 300 millones de dólares adicionales, mientras enfrentamos un déficit fiscal que ha aumentado cinco veces desde 2014 a la fecha.

Ambas reformas —aborto y gratuidad— son indudablemente emblemas políticos de la izquierda: primero, porque son parte integral del dichoso “programa”, y luego, porque son símbolos de su mal entendido progresismo. Pero son también —y sobre todo— la expresión de uno de los sellos más llamativos del Gobierno de la Nueva Mayoría, que es un creciente divorcio entre sus propias prioridades y las urgencias que enfrenta el país, aquello que más aflige hoy a los chilenos.

¿Cuáles son las urgencias de Chile? De acuerdo a la última encuesta CEP, las cinco prioridades de la ciudanía son, en este orden: la delincuencia, la salud, el empleo, las pensiones y la economía (solo un 16% señala la gratuidad universitaria como prioridad). Están además las urgencias emergentes, debido a los cambios que ha experimentado el país: la dramática situación de 25 mil niños en situación de desamparo, que viven en hogares institucionales; cerca de 500 mil inmigrantes allegados al país en los últimos años, muchos de ellos indocumentados; una institucionalidad efectiva para enfrentar las frecuentes emergencias y catástrofes; etc.

Pero veamos cómo enfrenta esas urgencias el Gobierno de la Presidenta Bachelet.

No hay una agenda antidelincuencia; y en el Congreso no tiene urgencia ningún proyecto para prevenirla, reprimirla y castigarla.

No hay un plan de recuperación económica, cuando Chile atraviesa por la situación de mayor debilidad en las últimas décadas. Tampoco para la recuperación del empleo, cuando la cesantía alcanza el 7% y siete de cada 10 nuevos trabajos son sin contrato.

No hay todavía un proyecto de reforma a las pensiones, aunque ésta fue anunciada hace casi un año por la Presidenta.

No se ha promulgado ninguna de las leyes prometidas para la infancia, para las cuales se creó el Consejo Nacional de la Infancia en 2014, a un costo anual de $3.500 millones (la mitad destinado a sueldos).

No hay tampoco un proyecto de Ley de Migración, anunciado hace un año. Y, desde marzo de 2014, La Moneda mantiene congelada en el Congreso la reforma con ese mismo propósito, firmada por Sebastián Piñera.

No hay luces para una Nueva ONEMI y la reforma que mandó el Gobierno anterior sigue exactamente en el mismo lugar desde hace más de tres años (segundo trámite en el Senado).

Como nada es gratis, la Nueva Mayoría paga un costo y crecen las posibilidades de que sea derrotada en noviembre: en los primeros siete meses de administración, la Presidenta Bachelet perdió la mayoría en las encuestas y hoy bordea apenas el 30%; sus tres reformas más emblemáticas tienen el respaldo de sólo uno de cada tres chilenos. La Nueva Mayoría sufrió su peor derrota en las Municipales 2016; y el pasado 2 de julio un millón 800 mil electores participaron en una primaria de la que esa coalición se excluyó, y de ellos un millón 400 mil votaron por un candidato de Chile Vamos.

La mayoría de los partidarios oficialistas públicamente le adjudican esos resultados al boicot de la elite, a los medios en manos de derechistas, a las encuestas mal hechas, al arribismo egoísta de la clase media, etc. En privado, varios reconocen que el actual es uno de los peores Gobiernos que ha padecido el país y que cosecha las consecuencias de darle a la política únicamente una función poética, estremeciéndose por triunfos históricos y por materializar consignas, ignorando su dimensión más compleja y trascendente: perseguir el bien común, procurar el progreso de todos, promover la justicia.

Nada de esto parece preocupar a la Presidenta. Para ella, primero son los símbolos, después cualquier otra consideración.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile

@isabelpla

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

 

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