Hace un par de días la Comisión Especial Investigadora sobre robo de madera de la Cámara de Diputados publicó su informe concluyendo de manera unánime que no era posible establecer vínculo entre “la causa mapuche o las demandas territoriales de pueblos indígenas con la organización delictual que posibilita el desarrollo y comercio del crimen organizado en torno a la sustracción de madera”.

Esta conclusión es -primero- equivocada, ya que resulta evidente llegar a la conclusión opuesta, es decir, que sí existe un vínculo entre las demandas de algunas comunidades radicalizadas y el robo de madera. Segundo, es un profundo error de diagnóstico que continuará perpetuando la equivocada impronta que hemos tenido para enfrentar políticamente el conflicto tanto en materia de seguridad como en materia de pueblos indígenas y -tercero- es tremendamente preocupante, sobre todo en el contexto de la crisis de inseguridad que estamos viviendo. 

De hecho -curiosamente- pocos días después de que la Comisión publicara su informe, se detuvo por robo de madera al vocero de una de las comunidades mapuche de Temucuicui, Mijael Nicolás Carvones Queipul, quien también fue sindicado por la propia Conaf como el líder de la Alianza Territorial Mapuche, grupo que el pasado 26 de septiembre se habría tomado 2 casas de la reserva Malleco. Esta detención se suma a la del líder y vocero de la CAM, Héctor Llaitul, también por robo de madera, aún cuando todos conocemos que la CAM es una organización que persigue la autonomía territorial a través de acciones violentas, razón por la cual una gran cantidad de atentados se atribuyen a la misma organización.

De hecho, el propio Llaitul declaró que el robo de madera que han realizado les ha servido, entre otras cosas, para la compra de “fierros” que después utilizan para el control territorial.

Así, es equivocado tratar de instalar que los grupos violentos no tienen ninguna vinculación con la causa etno-separatista, ya que lamentablemente el elemento racial o étnico ha sido fuertemente explotado por este tipo de organizaciones para la construcción de un relato político con sentido para quienes las integran, el cual -dicho sea de paso- es bastante más complejo que simplemente ganar plata robando madera.

Es decir, no se puede lisa y llanamente eliminar el elemento racial o étnico si se quiere comprender el funcionamiento y motivaciones de grupos violentos como la CAM y similares, ya que tal como ellos mismos lo han indicado en su libro Chem ka Rakiduam, sus postulados políticos se fundan en lo que denominan “la liberación nacional mapuche”.

En consecuencia, todo lo que sea necesario para el logro de ese objetivo, hechos violentos, usurpación de tierras y robo de madera son cuestiones necesarias, pero accesorias al cumplimiento de una aspiración central que es mucho más trascendente para ellos. 

Por otro lado, si es que los parlamentarios de la Comisión pretendían a través de dicha conclusión -que más bien constituye una declaración voluntarista- diferenciar a las comunidades que promueven sus aspiraciones a través de métodos pacíficos y democráticos de las que constituyen grupos minoritarios, violentos y radicalizados, están cometiendo otro tremendo error, ya que para solucionar tanto la crisis de inseguridad como el conflicto con los pueblos indígenas se requiere partir de un diagnóstico correcto y no de conclusiones falsas que sólo permiten ganar titulares con aparentes “buenas cuñas”. Es más, estoy segura de que la gran mayoría de las comunidades mapuche aspiran a que se efectúe correctamente esta distinción.

Finalmente, la Comisión Investigadora era para realizar indagaciones que permitieran descubrir aspectos desconocidos del problema, no para redactar un informe que les sea instrumental a la necesidad de fundar sus propias preconcepciones respecto al robo de madera y el conflicto con los pueblos indígenas.

En ese contexto -por ejemplo- habría sido un tremendo aporte haber escuchado a las comunidades mapuche mayoritarias para determinar qué entienden ellas por la “causa mapuche” (ya que según los propios parlamentarios de la Comisión no tiene vínculo alguno con el robo de madera) y cuáles son sus aspiraciones, ya que a esta altura -lamentablemente- la denominada causa mapuche está tan desvirtuada y capturada como el feminismo. Es decir, para autodenominarse como feminista hoy -o a favor de la causa mapuche- uno debe aceptar también la suscripción a una ideología, que es -entre otras cosas- contraria a la libertad, cuestión que estoy segura no suscriben la mayoría de las comunidades mapuche que habitan la Macrozona Sur.

*Paz Charpentier es académica en la UDD y ex candidata a constituyente; directora de Juntos +Libres Concepción.

Paz Charpentier

Académica en la UDD, directora de Juntos +Libres Concepción

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