“Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”. Ese es el título de la ley, impulsada por la ministra Montero, que se discute actualmente en España. El contenido es una bomba cultural multicolor para los niños. 

En lo que se refiere a la rectificación registral sobre el sexo y su adecuación documental se establece que los mayores de 16 años podrán cambiar su sexo sin otro requisito que su propia voluntad. Para los mayores de 14 y menores de 16, deben estar acompañados de sus padres y si ellos no consienten, se nombra un defensor judicial. Para que los mayores de 12 y menores de 14 años puedan modificar su sexo registral, se requiere la autorización de un juez que debe examinar el grado de madurez del niño. Como si no fuese suficiente, se presentó una enmienda para que los menores de 12 años puedan modificar solo su nombre según su autopercepción. 

Pero esto es solo la punta del iceberg. Luego de un extenso neo vocabulario (similar a los reglamentos de la Convención) se establecen criterios y líneas generales de actuación de los poderes públicos; medidas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI en materia laboral, de salud, ocio y deporte, medios de comunicación, familia e infancia, acción exterior y protección internacional; políticas públicas con el mismo objetivo; actualización de la cuantía de las sanciones, etc. 

Se crea un Consejo de Participación de las Personas LGTBI que tiene por función “reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGBTI y sus familias”; se crean distintivos para “reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación de las personas LGBTI”; se prohíben las terapias de conversión, “incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”. Pero lo más grave, hasta el momento, es que “se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona”, y si tienen entre 12 y 16 años, solo se permitirán cuando el menor “por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas”. ¿Prácticas de modificación genital en menores de edad? No. Verdaderas mutilaciones y castraciones irreversibles. 

En Chile somos más tímidos, aunque el Gobierno de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático mira con admiración al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. La Ley de Presupuesto, en cuanto a la partida del Ministerio de Salud, contempla $4.301 MM para la ideología de género. Así, para el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) destina $3.272 MM para otorgar a los niños entre 3 a 17 años que padezcan de disforia de género acompañamiento por dupla psicosocial para “mejorar su capacidad de adaptación ante potenciales experiencias adversas de vida”; $940 MM para el Programa Salud Trans, en “acompañamiento afirmativo para la transición física a través de la terapia de supresión y reemplazo hormonal”; y $89 MM en capacitación a 3.480 funcionarios de los 29 Servicios de Salud mediante jornadas presenciales “para la sensibilización, reflexión y formación de competencias” a los funcionarios de la Atención Primaria de Salud con el objetivo de habilitarlos en “competencias básicas para acoger la demanda inicial de niños, niñas y adolescentes con género no conforme y sus familias”. Estos números corresponden a los principales incrementos del 2023. 

Financiar la ideología de género en adoctrinar («capacitar») a los funcionarios de salud y ejecutar “terapias” de supresión y reemplazo hormonal en menores de edad pareciera ser más importante que destinar más recursos a seguridad, enfrentar la crisis económica o atender las urgentes demandas sociales.

Los propulsores de esta ideología en España y Chile, que niegan la ciencia y la evidencia al mismo nivel que los terraplanistas, ignoran (o prefieren ignorar) los retrocesos de los países precursores de este tipo de leyes. En Suecia, pionero en promover leyes trans que permitían el cambio de género desde los 12 años sin el consentimiento de sus padres, el hospital Karolinska (referente internacional en terapias de cambio de sexo) publicó un estudio en 2019 en el que avalaba los beneficios psiquiátricos de estas terapias, pero al año siguiente se retractó y en 2022 modificó sus protocolos para prohibir el uso de bloqueadores hormonales en menores de 18 años. Finlandia, durante el 2020, decidió priorizar las intervenciones psicológicas sobre las médicas. En Reino Unido, luego de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020 que acogió la denuncia de una joven trans arrepentida de la aplicación de un tratamiento hormonal sin una evaluación psicológica previa, por considerar poco probable que los menores de 16 años pudieran consentir en someterse a un tratamiento con bloqueadores de pubertad. En Francia, el Consejo de la Academia de la Medicina ha aconsejado frenar el uso de bloqueadores de la pubertad por los graves riesgos para la salud de los niños que se someten a estos tratamientos. El Hospital Universitario de Careggi de Italia en 2016 publicó, junto al Centro Médico Universitario el estudio “Gender dysphoria in childhood” que concluía que a partir de los 10 estudios de seguimiento, cerca del 80% de los niños se arrepentía en la adolescencia de su incomodidad con su sexo. 

La evidencia y la experiencia están sobre la mesa. Si el Gobierno del Presidente Gabriel Boric insiste en financiar estas terapias hormonales, será responsable de la destrucción física y psicológica de los niños que se sometan a ellas. El Senado acaba de aprobar el proyecto de ley que eleva la edad para contraer matrimonio a los 18 años, pero no hay problema en promover en menores de 18 años su transición física mediante terapias hormonales. Para quienes promueven esta ideología deshumanizadora, la autodeterminación es la única verdad. Ante ella, el Estado, en sus leyes, sentencias y resoluciones administrativas, y las personas, individual o colectivamente, se inclinan. Un absurdo monumental.

Hemos llegado al disparate de tener una Ley de Etiquetado de Alimentos que prohíbe comercializar y promocionar la “comida chatarra” en los establecimientos educacionales, pues se considera que los niños no son conscientes de los riesgos para su salud, pero no tenemos ningún problema en modificar con medicamentos hormonales a los mismos niños que se autoidentifican como pertenecientes al sexo opuesto. ¿Dulce o truco? No lo sabemos, pero sí que es una noche de terror para los niños. 

*Roberto Astaburuaga Briseño es abogado de Comunidad y Justicia

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