La primera ley de presupuestos del sector público de la administración Boric no tiene grandes sorpresas, lo que es, en sí mismo, una gran sorpresa. Quienes pensaban este gobierno empujando transferencias directas universales, gratuidad en varias materias, grandes reformas estructurales, pagos de deudas históricas y condonaciones masivas, deberán esperar. Afortunadamente, se trata de un presupuesto responsable con la situación económica actual y futura del país. 

En el contexto de un presupuesto de pocos cambios, los aumentos se notan más. En el caso de educación superior, se disminuyen fuertemente los Fondos de Desarrollo Institucional (recursos al que pueden acceder todas las instituciones de educación superior mediante concursos, donde se seleccionan los mejores proyectos en áreas estratégicas) tanto en transferencias corrientes (37%) como en infraestructura (44%), y se aumentan las becas en educación superior en 19%, lo que es una buena noticia.

En educación superior pública, hay un aumento de 15% a fondos directos a universidades estatales, tanto en transferencias corrientes como infraestructura. Llama la atención el aumento en 99% (14.800 millones de pesos) en infraestructura para los centros de formación técnica estatales. El plan de fortalecimiento de las universidades estatales, por su parte, disminuye un 17%, si bien esto estaba definido previamente.

A la primera conclusión de que se trata de un presupuesto austero, podemos agregar que es un presupuesto fuertemente centrado en la educación estatal (en particular en infraestructura), y muy poco en la educación privada. Si bien hay aumentos que benefician a estudiantes que eligen instituciones privadas (becas, gratuidad) estos fondos también son accesibles para los estudiantes que eligen las instituciones del Estado. Los fondos que más agresivamente aumentan solo son para instituciones estatales.

Esta decisión es cuestionable. No solo porque la mayor parte de la matrícula elige instituciones privadas para estudiar (67% a nivel universitario, sobre 90% en el mundo técnico), sino porque a nivel agregado, las instituciones privadas aportan y contribuyen a la docencia, investigación y desarrollo social en mayor medida que las estatales. El presupuesto nacional, que -recordemos- son recursos de todos los chilenos, no solo del Estado, debiera financiar e incentivar la excelencia y la calidad ahí donde esta se encuentra, sin importar si la institución es privada o pública. Resulta especialmente ilustrativo de esto que se disminuyan fondos concursables: donde se eligen los mejores proyectos de las universidades más destacadas, y por otra parte se aumenten los recursos para infraestructura de centros de formación técnica estatales que apenas tienen matrícula y no tienen ningún tipo de acreditación de su calidad.

Si bien el trato preferente a la educación estatal es una constante en el presupuesto nacional, esta forma de preferencia ideológica e irracional, sin miramiento alguno y que termina siendo una discriminación a la gran mayoría de los estudiantes que no la eligen, se había visto pocas veces en el debate público. Donde se observó con mayor claridad, si mal no recuerdo, fue en la fallida convención constitucional, y donde mejor quedó plasmada esta discriminación odiosa es en su fracasado proyecto. No hace mal recordarlo.

*Daniel Rodríguez es director ejecutivo de Acción Educar

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