En Chile existen 45.769 personas que son definidas como población penal privada de libertad, según el último reporte de Gendarmería al 31/12 del año 2022. El 93% son hombres, y el 35% se concentra en la Región Metropolitana.
Específicamente sobre los migrantes, el 12% de la población privada de libertad es extranjera, es decir, 5.400 reclusos, lo que es considerablemente superior al 7,5% que representan los extranjeros con respecto a todos los que vivimos en este país. Ahora bien, este dato destaca ya que es contrario al argumento favorito de académicos con una mirada buenista, que basan sus datos de la CASEN 2017, cuando la cantidad de migrantes era menos de la mitad de lo que existe hoy, o en datos desactualizados del 2020 de la fiscalía, también menospreciando los flujos clandestinos y el aumento de delitos de mayor connotación social en Chile.
Estos 5.400 extranjeros privados de libertad representan el 0,35% de los extranjeros en nuestro país, que es proporcionalmente mayor a los 40.369 nacionales que representan el 0,2% de los chilenos en recintos penitenciarios. En términos de nacionalidad, los extranjeros que más presencia tienen en las cárceles chilenas son ciudadanos colombianos con 1.540 que representan al 29%, en segundo lugar, los bolivianos con 1.473 (27%), seguidos de los ciudadanos venezolanos con 1.252 (23%). En términos de evolución, se observa un crecimiento explosivo de extranjeros privados de libertad a partir del año 2022, donde en enero 2019 existían 3.379 internos, en enero 2022 3.941 internos e iniciando el año 2023, sube a 5.400, es decir, un aumento de un 37% solo en el año 2022.
Los datos regionales nos muestran que cada una tiene características distintas. Las 4 regiones con más extranjeros que son población penal también son las cuatro regiones en que tienen más de un 10% de población extranjera con respecto al total de la población, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la Región Metropolitana. Se suma la región de Atacama con un alto porcentaje de población penitenciaria extranjera. Sorprende enormemente que el 46% de la población carcelaria en Tarapacá sea extranjera, un 32% en el caso de Arica y Parinacota, 28,8% en Antofagasta, 15,9% Atacama y 11,4% en la Región Metropolitana.
A su vez, también los tipos de delitos han cambiado. La aparición de delitos como sicariato, o la violencia de algunos delitos que terminan en muertes, como los casos de ciudadanos enterrados vivos en Cerro Chuño en Arica, la aparición de motochorros y las bandas internacionales como el Tren de Aragua, demuestran que es poco objetiva con la realidad el descartar de plano la migración clandestina con algunos de estos delitos.
Que existan extranjeros que no vienen a aportar a nuestro país es un hecho y se debe enfrentar con la verdad, tomar medidas para hacernos cargo de la realidad y no replicar la medida de Suecia donde la policía ocultaba los acosos sexuales para no desvelar que los autores eran extranjeros con otra visión sociocultural. El negacionismo migratorio, o la política del avestruz de esconder la cabeza en la arena y cuestionar esta realidad solo genera mayores problemas de cohesión, por lo que hay que ser tajantes en que habrá sanciones -y no ocultamiento ni impunidad- con estos casos.
Por último, cabe aclarar que la cantidad de extranjeros que comenten delito en Chile debería ser 0, no menor al porcentaje de la población extranjera residente, ya que los extranjeros que vienen a Chile deben venir a aportar, y si comenten delitos deben ser devueltos a su país de origen. Son una minoría quienes vienen a hacer daño, pero tener tolerancia 0 con estos casos permite mejorar la relación entre nacionales y extranjeros y no estigmatizar. Bastante distinta es la mirada del Ministerio del Interior, donde el director regional Metropolitano del Servicio Nacional de Migraciones es un reconocido abogado que buscó evitar la expulsión de una narco condenada por traficar 1,6 toneladas de droga.
Que los extranjeros en las cárceles chilenas hayan aumentado un 37% en un año debería ser motivo de preocupación, pero el gobierno insiste en que “estamos mejor”, en no solicitar la colaboración de las FF.AA. en el control de la Macrozona Norte, y avanzar hacia una política migratoria que terminará en una visa para quien ingresa clandestinamente a Chile, sin respetar nuestras reglas, instituciones y barrios. La migración es una oportunidad, pero se debe tomar en serio tanto el ingreso clandestino, como los extranjeros privados de libertad y las señales que estamos dando, antes que sea demasiado tarde.
*Alvaro Bellolio es Ingeniero Civil Industrial en Tecnologías de la Información y Director Escuela de Gobierno Universidad Nacional Andrés Bello.