Un panelista de mi programa “Directo al Grano”, en Radio Agricultura, ferviente partidario de la Nueva Mayoría, se encuentra muy molesto con el Servel debido a que, según él, “a mi novia la cambiaron de comuna porque al Servel no le pareció que cohabitáramos en concubinato”.
Me reí con su comentario, pero la verdad es que no causa gracia que este gobierno se las haya arreglado para deslegitimar las elecciones de alcaldes y concejales del próximo domingo.
Michelle Bachelet formó el Consejo Anticorrupción a cargo de Eduardo Engel. Sin embargo, como con todas las demás comisiones que ha convocado (yo integré una de ellas), su interés por adherir a las recomendaciones depende de si coinciden con su hoja de ruta, que no es otra que la de conducir a Chile al socialismo del siglo pasado. Así, gran parte de lo avanzado por la comisión Engel, en términos de restaurar confianzas, se irá al tacho de la basura al concluir estas elecciones.
El jueves pasado escuchamos a la Presidenta minimizar el error en el padrón electoral declarando: “Que la gente busque donde le toca votar, es cosa de meterse con el RUT, de hecho yo lo hice”. Lo anterior da cuenta de que no estaba enterada de la magnitud del problema, o simplemente no le tomó el peso al desaguisado.
La “ley express” que acaba de ser retirada, así como la mantención del adulterado actual padrón electoral, son atentados a la democracia. De haber prosperado la apresurada norma, los resultados electorales iban a ser impugnados en muchas comunas debido a lo decisivo que podía resultar que cerca de 460 mil personas escogieran dónde les convenía votar, y así dar vuelta la elección. Asimismo, el resultado con el actual padrón electoral será igualmente deslegitimado, por cuanto éste fue afectado unilateralmente por una entidad del gobierno.
Resulta aberrante que el Gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría pretendieran aprobar una ley inconstitucional. Estaban a favor de provocar una desigualdad inaceptable entre los votantes. Unas 460.000 personas iban a tener la posibilidad de hacer una mejor apuesta donde su voto rindiera más, condición dispar respecto de los demás.
El diputado Renzo Trisotti, alertado por el cambio unilateral y sin consentimiento del domicilio electoral de los afectados, envió el 14 de julio pasado un oficio al Ministerio de Justicia solicitándole, entre otras cosas, “informar sobre las medidas que se tomarán para corregir esta situación con miras a las próximas elecciones municipales de octubre”. Los sucesivos intercambios de oficios en agosto entre el Registro Civil y el subsecretario de Justicia dan cuenta de que el gobierno estaba enterado del problema hace mucho tiempo y que a pesar de ello no lo corrigió. ¿Incompetencia o intencionalidad? Resulta sospechoso que recién el 29 de septiembre el subsecretario de Justicia contestara formalmente a las consultas del diputado Trisotti. ¿Por qué no le respondió antes?
Algunas fuentes me señalan que no resultaba conveniente para el gobierno, ni para la ministra Javiera Blanco, que estos hechos se conocieran en septiembre durante su interpelación. En consideración a los antecedentes expuestos, creo que esta elección de alcaldes y concejales sigue estando viciada. Tiene aroma a un eventual fraude electoral, ya que resulta incomprensible que, estando el gobierno alertado con suficiente tiempo, no haya hecho nada para corregirlo.
La responsabilidad política recae nuevamente en la ministra de Justicia. A pesar de ello, la Presidenta le ha otorgado un “cheque en blanco” para cometer error tras error sin incurrir costo alguno.
Lo más sensato sería postergar las elecciones hasta que se corrija el padrón electoral, ya que por el bien de Chile debemos resguardar la legitimidad y la confianza en nuestra democracia. Estoy seguro de que sólo así mi panelista estará feliz de sufragar en la misma comuna que su novia.
Gonzalo de la Carrera, Ingeniero Comercial UC
Foto: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO