Todos los gobiernos han intervenido de alguna u otra forma las Isapre, menos la actual administración que ha preferido el camino de la dilación de los plazos y dejar que los acontecimientos caigan por su propio peso.
De la reforma estructural, esa que amenazaría con derrumbar el sistema como lo conocemos, nunca más se supo. O bien, el Ejecutivo evaluó que el escenario no permite levantar un sistema único, ya sea porque la oferta de Fonasa no está a la altura o la migración hacia las Isapres aumentaría los costos hasta el punto de quebrarlas; ni del fondo mancomunado que podría tener una arista Constitucional, resultado que el Ministerio de Salud debe evitar a toda costa, luego del fallo en materia de gratuidad en la educación.
El asunto en cuestión es que el sistema está en un incómodo estatus quo, donde los principales actores institucionales, gobierno e industria, tienen todo por perder y/o ganar; a costa de los cotizantes que en esta discusión brillan por su ausencia.
Es un asunto de incentivos: Las Isapres, como empresas, desean que se resuelva de una vez por todas la incertidumbre que el TC y los fallos de las cortes de apelaciones han sentado sobre los mecanismos de alza de planes; pero el gobierno no ve ninguna ganancia política en levantar una “ley corta” de esta naturaleza que validaría el rol de del asegurador privado. Menos continuar el proceso de discusión del PGS, aunque es la opción racionalmente más eficiente, una iniciativa que ya lleva un tiempo de discusión y maduración en el legislativo, pero que sería conceder un importante punto político al gobierno de Sebastián Piñera.
Así como están las cosas, no hacer nada por resolver y culpar de los males del sistema a la falta de gestión de las Isapres no es una mala alternativa para un gobierno que tiene diversos y potentes frentes en su gestión de salud y que seguirá en la mira de fiscalización de la oposición.
Sea cual sea el desenlace, espero que las autoridades no olviden que el centro de esta discusión no está en el Ejecutivo, ni en el Parlamento, ni en la Asociación de Isapres o las empresas que representa. Está en los cotizantes, quienes voluntariamente se mantienen en las Isapres y sobre todo el 90% de clientes que no han judicializado su plan de salud, a pesar de la venta descarada de esta solución como una salida fácil, rápida y sin costos.
Victoria Beaumont, Gerente General de Altura Management.
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