Chile tiene un sistema previsional mixto donde al financiamiento de las pensiones concurren distintas fuentes. Está sustentado sobre la base de un pilar contributivo de ahorro bajo un esquema de capitalización individual, un pilar solidario conformado principalmente por una pensión no contributiva financiada con impuestos generales (PGU) y un pilar más pequeño voluntario.

La norma en nuestro sistema de pensiones ha sido financiar la solidaridad con impuestos generales de la Nación: así fue con la antigua PASIS, el pilar solidario y hoy con la PGU. La propuesta de reforma a las pensiones del gobierno modifica esto, introduciendo solidaridad con las cotizaciones obligatorias con cargo al empleador. Con lo que nuestro sistema de pensiones tendrá solidaridad con impuestos generales y con cotizaciones, lo que es bastante anómalo entre los países de la OCDE (sólo México e Israel tienen un esquema similar).

En concreto, el Gobierno propone que el 70% del nuevo 6% de cotización se registre íntegramente en las cuentas nocionales de cada trabajador y el 30% restante se anote con criterios de solidaridad (se contabilizará la cotización promedio del sistema a todos los cotizantes; de esta manera, los que cotizan por un salario inferior al promedio recibirán más de lo que aportaron y viceversa). Adicionalmente, con el 6% de cotización se financiarán una serie de beneficios solidarios: i) 0,1 UF (aproximadamente $3.500) por año cotizado a actuales pensionados, ii) garantía de 0,1 UF por año cotizado para futuros pensionados, iii) beneficio de maternidad, iv) beneficio de cuidados y v) compensación a mujeres por mayores expectativas de vida. Para financiar estos beneficios, en régimen, el sistema de cuentas nocionales propuesto aplicará una rentabilidad a los registros en torno a 50% inferior a la rentabilidad de mercado.

El incremento de la solidaridad es un objetivo loable, sin embargo, lo que corresponde es preguntarse qué mecanismo es mejor para alcanzarlo. Hay una serie de argumentos que permitirían afirmar que es preferible o menos costoso financiar la solidaridad con impuestos generales antes que con cotizaciones.

En primer lugar, al financiar la solidaridad con cotizaciones, el costo recae exclusivamente en el trabajo asalariado formal. Si los trabajadores no internalizan la totalidad de los beneficios prometidos con esta nueva cotización, se producirá un desincentivo al trabajo formal puesto que la parte que no se internaliza se percibe como un impuesto. Al respecto, es importante tomar en cuenta la elevada informalidad en nuestro país (27%), factor que se erige como una de las principales causas de las bajas pensiones. Si bien es necesario elevar la tasa de cotización, ya que se requiere de más ahorro para pensiones, mientras más desdibujado está el vínculo entre aportes y beneficios percibidos, una mayor proporción de la nueva cotización será percibida como impuesto, incentivando la informalidad y la subcotización.

En segundo lugar, con la existencia del tope imponible, aquellos trabajadores de más altos salarios aportarán una fracción menor de sus ingresos a la solidaridad. Además, los más ricos -por lo general- no son ricos por recibir muy altos salarios, sino que por las rentas del capital, las que no aportan a la solidaridad propuesta, mientras que sí contribuyen a la recaudación de impuestos. Por lo tanto, desde esta perspectiva, es una alternativa más regresiva. 

Por último, el cambio demográfico lleva a que las cotizaciones decaigan antes que la recaudación de impuestos generales, lo que significa un mayor riesgo de insostenibilidad del esquema de financiamiento de la solidaridad así propuesto. Es decir, mientras una caída en el número de trabajadores impacta de manera directa en la recaudación por cotizaciones, la recaudación de impuestos generales es más estable, ya que tiene otras fuentes más resilientes a la reducción de la población. 

Como sostiene Matías Pablo en una carta a El Mostrador, 61% de los países de la OCDE realizan solidaridad por medio de cotizaciones (aunque sólo dos realizan además solidaridad con impuestos). Pareciera que el Gobierno quiere emular aquello, como si fuera un fin, obviando la forma en la que ya está estructurado nuestro sistema. El medio para lograr un objetivo no puede ser un fin en sí mismo.

*Soledad Hormazábal, Investigadora de Horizontal

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