La vocación nacional por el presidencialismo es impresionante. Esto fue destacado indudablemente por Portales, pero viene de mucho antes; quizás es herencia directa de la Colonia, o tal vez se debe a la desconfianza masiva por las oligarquías parlamentarias. Sin ir más lejos, es cosa de recordar que la Convención Constitucional se atrevió a todo, menos a tocar a el carácter presidencialista de Chile.

Si hemos llegado hasta acá ha sido gracias a diversos factores: el respeto por la institución presidencial, el resguardo por los actos electorales (siempre el foco está puesto en las campañas presidenciales y no en las parlamentarias) y, sobre todo, liderazgos fuertes, profesionales y certeros. En general hemos tenido Presidentes que, estemos o no de acuerdo con sus visiones políticas, asumen la toma de decisiones y ponen el pecho frente a las balas, cuando de ellas surge algún problema. A lo hecho, pecho.

Por ello, no es admisible la cuña del Presidente Boric al momento de aceptar la renuncia de su ministra de Justicia y su jefe de gabinete (“hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”) pues es leída como una vil lavada de manos. Y para qué decir la declaración, días después, de su propia vocera, la ministra Vallejo, quien señaló que “si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes, la situación habría sido distinta”. El chiste se cuenta solo: es como si un grupo de asesores y funcionarios hubiese actuado a espaldas del Presidente de la República. Algo intolerable en un sistema presidencial como el nuestro.

Hay que recordar que, de acuerdo con la Constitución vigente (art. 32 Nº 14), la prerrogativa de conceder indultos particulares es privativa del Presidente de la República. Es cierto que, en la práctica, un Decreto Supremo permite que los indultos vayan firmados por el Ministro de Justicia, pero ojo: siempre “por orden del Presidente de la República”. Y esta frase no es baladí: mucho más que una fórmula semántica, actuar por orden del Presidente tiene una serie de implicancias jurídicas y políticas que refuerzan la idea de que es el Jefe de Estado, y no uno de sus ministros, el que toma la decisión, el que conoce los detalles y el que es responsable de su implementación.

En 1994 el Presidente Frei Ruiz-Tagle indultó a un narcotraficante llamado Ángel Vargas Parga, pero no fue sino años después -en medio del primer gobierno de la Presidenta Bachelet- que se originó un escándalo al respecto, pues Vargas Parga se convirtió en un símbolo del combate al narcotráfico. En un capítulo de Tolerancia Cero le preguntaron a Bachelet su opinión sobre los indultos, y ella dijo que no estaba segura si había utilizado esa atribución, creía que sí, pero una o dos veces, y por motivos humanitarios. La mala noticia es que un grupo de investigadores, entre los cuales me encontraba presente, teníamos más clara la película: a la fecha (año 2009) el Gobierno de Bachelet había ejercido dicha atribución más de 60 veces. Y la Presidenta simplemente lo ignoraba.

El asunto dio lugar a un intercambio epistolar entre el suscrito y el entonces Ministro de Justicia, y hoy vicepresidente de Demócratas, Carlos Maldonado. Él se defendió diciendo que la atribución presidencial es comúnmente delegada en un ministro de Estado, con la fórmula ya enunciada (“por orden del Presidente”). Y mi respuesta fue: “Lo que requiere explicación es el uso indiscriminado de esta atribución por parte del signatario, sin la venia de su superior jerárquico. El desconocimiento por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, de los indultos otorgados en su gobierno, hace suponer que el ministro Carlos Maldonado está infringiendo la Constitución”. Lamentablemente, dicha explicación nunca llegó.

Todo parece indicar que hoy vivimos un proceso equivalente, aunque peor: para Bachelet no pasó a mayores, porque Vargas Parga era harina de otro costal, y ella no se jugaba la vida en esos 60 indultos; sólo dio una mala cuña en un programa de televisión, y demostró su falta de control sobre el aparato estatal. Hoy, en cambio, el Presidente se ha tomado el otorgamiento de los indultos como bandera de lucha, lo ha hecho pésimo, y ahora más encima pretende echarle la culpa a sus funcionarios. ¡Qué lejos queda del ideal de gobernante fuerte y sobrio que proponía Diego Portales! (Y ni hablar del intento de comparación con Aylwin).

Para el Gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, este episodio representa un momento de inflexión. Según cómo logren salir del entuerto demostrará su capacidad de resolver crisis aún más complejas que se presentarán en el futuro. Pero lo demostrado hasta ahora no permite tener muchas esperanzas. La Moneda sigue sin dar el ancho, ni entender la envergadura que puede tener una simple firma. Incluso aunque no sea la firma del Presidente.

Roberto Munita

Abogado, sociólogo y master en Gestión Política George Washington University

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