El reciente anuncio de la Presidenta Bachelet en torno al proceso constituyente hace pensar en que siempre es posible tomar buenas decisiones a pesar del “humo” que suele vender parte de los denominados intelectuales. Luego de un extenso debate sobre el mecanismo de cambio a la Constitución, ha quedado definitivamente enterrada toda posibilidad de Asamblea Constituyente (AC).
Si bien es cierto que la AC persiste como alternativa, sus probabilidades de éxito son nulas. Si el congreso actual habilita al siguiente para definir el mecanismo de cambio -para lo que se requiere de los dos tercios- en 2017, la AC tendría que imponerse mediante los tres quintos en ese nuevo congreso. Esto implica, por ejemplo, que en una Cámara compuesta por 155 diputados, la AC debiese contar con la anuencia de 93 representantes. Si sabemos que esta opción sólo es popular en parte de la izquierda, entonces se puede dar como una alternativa descartada, a no ser que la izquierda obtenga una súper-votación en 2017. En el Senado, en tanto, habrá 43 representantes para 2017, completando los 50 en 2021. ¿Por qué 43 senadores? En 2017 se renuevan los senadores de las regiones impares. En el sistema antiguo, esas regiones agrupaban 9 circunscripciones. Es decir, y dado el binominal, equivalían a 18 escaños (9*2). Con la reforma al sistema electoral, estas 9 circunscripciones, ahora concentradas en 6 regiones, repartirán 21 cupos. Por tanto, debemos sumar los 20 senadores a quienes no les toca re-elección, más los 21 cupos por los que se competirá en 2017. Hasta ahí hay 41 senadores. Se añaden dos debido a que Arica y Parinacota los elegirán por primera vez, completando así un Senado de 43 miembros. Los tres quintos de ese senado equivalen a 26 votos.
Supongamos que el actual congreso habilita al siguiente para definir el mecanismo. Ese congreso debe optar entre cuatro alternativas: comisión bicameral, convención constituyente, asamblea constituyente, y plebiscito para que los ciudadanos decidan el mecanismo. En el discurso de la Presidenta no queda muy claro cómo será la forma en que se dirimirá la opción ganadora. A primera vista, es difícil que una de ellas logre de inmediato los tres quintos. Además, se ve complicado que los legisladores voten por una de las cuatro alternativas, en circunstancias de que sus registros de votación son “sí” o “no”. Lo que se podría hacer, entonces, es implementar un sistema nuevo donde los legisladores, efectivamente, se inclinen por alguna de estas alternativas. En el primer ciclo de votación podría quedar excluida la opción menos votada, procediendo a otra vuelta entre las tres opciones con mayor apoyo. En este segundo ciclo, sobrevivirían las dos opciones más votadas. En el tercer ciclo se definiría al ganador. El problema está en que este tercer ciclo no garantiza una opción ganadora mediante los tres quintos, por lo que se debiese hacer una corrección para que, luego de todo el proceso, la opción ganadora fuese declarada por mayoría. Ese es un camino.
Si en las elecciones de 2017 la correlación de fuerzas no cambia sustantivamente, y el congreso actual le entrega la potestad al congreso nuevo para elegir el mecanismo, existe una amplia ventaja para la comisión bicameral. En este escenario, lo más seguro es que el congreso modifique o reforme la Constitución actual, sin cambiarla de manera radical como -aparentemente- sucedería con la AC. Supongamos que es la comisión bicameral la que se impone, y pensemos que se llega a un consenso para proponer el texto constitucional a la ciudadanía. Es decir, avanzaríamos a la última etapa que sería el plebiscito ratificatorio. ¿Se exigirá algún nivel mínimo de participación para legitimar ciudadanamente el texto emanado del congreso? Puede que dicho texto sea aprobado por los ciudadanos que, ciertamente, ya habrían participado en el proceso de elaboración a partir de los diálogos comunales, provinciales y regionales. Pero, ¿será eso suficiente?
No es descartable que en esta última etapa todo el proceso se derrumbe, generando escasa atención por parte de los ciudadanos y, como correlato, una baja asistencia a las urnas. Nuevamente, y casi de manera irónica, nos estaremos preguntando por el grado de legitimidad que tendría la Nueva Constitución o la reforma a la Constitución vigente.
Mauricio Morales, académico Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP.
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