Nuestro país necesita de crecimiento económico para poder financiar los derechos sociales que se han discutido en el proceso constituyente, pues independiente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, ya sea que gane la opción del apruebo o del rechazo, nuestra sociedad ha alcanzado un consenso mayoritario en cuanto a la necesidad de darnos una nueva Constitución que refleje los principales intereses de la ciudadanía y que a la vez nos una, a todos, en un proyecto común.

Sin embargo, en Chile estamos ad portas de iniciar la discusión legislativa sobre reforma tributaria, a lo que se suman proyectos de ley que abordarán la reforma de pensiones, la reducción de las jornada laboral a 40 horas, la sala cuna universal, gratificaciones. Sin duda, vendrán otras iniciativas más en las que difícilmente podremos estar en desacuerdo, pues estarán todas orientadas al bienestar de nuestra sociedad, pero que asimismo implicarán costos laborales de las empresas, sin que se observe la existencia de medidas concretas para impulsar el crecimiento.

Al respecto, debemos recordar que el desarrollo económico, aunque sea de Perogrullo mencionarlo, es condición esencial para poder distribuir la riqueza con equidad, pues si no contamos con una economía saludable, tendremos igualdad en la pobreza mas no equidad en la bonanza. 

En este sentido, resulta sintomático que los proyectos de inversión estén comenzando a resentir la ausencia de una contraparte en el Estado que se haga cargo de agilizarlos y destrabarlos. Sobre todo, porque el acompañamiento de la inversión no es una temática nueva, sino que, al contrario, esta preocupación se ha abordado con anterioridad expresamente en los programas de gobierno de candidatos presidenciales. Basta recordar los programas presentados por los candidatos Alejandro Guillier y Sebastián Piñera en el año 2017, que hacían alusión a la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos, materializándose en el gobierno anterior con la creación de tres oficinas en los ministerios de Economía, Energía y Minería.

Estas iniciativas no son extrañas en otras partes del mundo y nuestro país debería emularlas como verdaderas políticas de Estado. Pensemos, por ejemplo, en la Major Project Management Office (MPMO) de Canadá, creada en el año 2007 con el principal objetivo de proporcionar una coordinación, gestión y rendición de cuentas de proyectos en el contexto de la tramitación de los diversos permisos federales contemplados en la regulación canadiense.

Lo anterior no deja de ser atingente a nuestro país, pues a propósito de un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad del año 2019 sobre “Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos” uno de los hallazgos identificados como obstáculos del crecimiento y productividad de nuestro país, entre otros factores, era justamente la baja coordinación de los servicios relacionados con el otorgamiento de permisos.

Es por este motivo que, si el actual gobierno quiere tener éxito en el cumplimiento de su programa, debería comenzar a ocuparse de la atracción y agilización de la inversión, dándole continuidad a iniciativas como las Oficinas de Gestión de Proyectos, que aspiraban a consolidarse como políticas de Estado, pues los países desarrollados como Canadá, solo avanzan hacia el Desarrollo Sostenible con un crecimiento económico robusto y no solo con buenas intenciones.

*Iván Cheuquelaf es abogado.

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