Cuando asumí el desafío de ser Convencional Constituyente y logré uno de los cupos a la instancia encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental, lo hice pensando que al cabo del plazo establecido para discutirla y redactarla lograríamos un texto que sería representativo para la mayoría de los chilenos, a pesar de que el sector del cual soy parte es minoría en este proceso.

Un pensamiento optimista, que al poco andar derivó en duda, luego en escepticismo y ahora que se han comenzado a aprobar las normas en el pleno, se transformó en una fundada incertidumbre sobre qué le ofreceremos a los chilenos en un par de meses más para que decidan en el plebiscito de salida. Por lo visto, será un texto hecho a la medida de determinados grupos, donde el Estado pretende ser desmembrado, atrofiado y jibarizado a tal punto que, si continuamos por esta deriva, a la mayoría de los que amamos Chile nos costará mucho sentirnos parte de él.

La paradoja de todo esto es que uno de los fundamentos de quienes impulsaron un cambio de Constitución al amparo de la violencia callejera que se desató desde la revuelta de octubre de 2019 es que la Constitución actual carece de legitimidad por haber sido redactada y aprobada en dictadura, y que está fue elaborada por una elite a espaldas de la ciudadanía. Bueno, si ese era uno de los principales argumentos para desahuciar el actual texto constitucional, que continúa siendo muy “libertario”, cuesta comprender que quienes hoy tienen mayoría en la Convención actúen con la misma lógica sectaria, refractaria y carente de diálogo, empañando de antemano la legitimidad de la próxima Carta Fundamental.

Es increíble observar desde dentro de la Convención cómo la existencia de determinados grupos, que incluye a quienes obtuvieron cupos reservados y están absolutamente sobrerrepresentados, la ponen hoy en riesgo, definiendo todos los artículos desde una perspectiva que va más allá de eventuales reivindicaciones y deudas históricas, porque lo que se observa más bien es un afán revanchista, excluyente y con un marcado desdén por la historia institucional del Estado de Chile y por la patria a la que pertenecemos.

Todos somos parte de esta Nación y entre todos hemos ayudado a construirla. Nos une una historia común, un lenguaje común que nos permite comunicarnos, costumbres, vínculos y un territorio, y aun cuando la nueva Constitución debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas, y promover su cultura y desarrollo, es muy distinto reconocer en la propuesta de Carta Magna a esos pueblos como naciones, definiendo una Constitución plurinacional, que nos dividirá como país, con distintas banderas, diversos sistemas de justicia, lenguas impuestas que no son comunes a todos, y todas las demás derivadas que se desprenden de esa premisa.

Lo que se pretende ya ni siquiera lo debemos entender como una avanzada refundacional, donde se establezcan los nuevos cimientos del Estado chileno, porque pareciera que dichos grupos dentro de la Convención ni siquiera se sienten parte de ese Estado. Esto es tan así, que cualquiera que visite las instalaciones donde funciona la Convención podrá observar con estupor que en uno de los patios están las banderas representativas de diversas etnias y movimientos reconocidos como minorías, pero la bandera chilena no está.  

Nos encontramos frente a una mayoría circunstancial con preocupantes intenciones de desmantelar al país en el que vivimos, desmembrar nuestro territorio, desconocer la injerencia del Estado en la administración de ese territorio, y que busca desconocer los emblemas patrios, nuestra historia y a nuestros héroes.

Llegó el momento de advertir con claridad a la ciudadanía de los riesgos que supone que esta mayoría circunstancial imponga sus términos en la nueva Constitución, y nos arrastre a enterrar nuestra identidad, democracia y libertad; a olvidar que Chile nos pertenece a todos, y donde todos somos “libres e iguales en dignidad y derechos”. Aún estamos a tiempo de reaccionar.

*Pollyana Rivera B., Convencional Constituyente.

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