Escribo mientras el Presidente de la República finaliza un recorrido de dos días por la Macrozona Sur, un territorio donde la violencia se ha ensañado con inocentes civiles a manos de rebeldes organizados, que dicen querer recuperar derechos ancestrales y crear su propio Estado Nación.

Es evidente que aquellos afectados no han sido protegidos adecuadamente por las fuerzas del orden público que recorren los caminos de aquella zona, por lo que varios han perdido la vida.

El presidente Boric, al término de estas jornadas, sigue insistiendo en la búsqueda de la paz a través de dialogo, pero es evidente que la impunidad empuja a las víctimas a un conflicto de mayor magnitud y consecuencias.

Lo que la amplia mayoría de la población allí reclama es que se restituya el Estado de derecho y el imperio de la ley, como también reglas del uso de la fuerza acordes con la mantención de los derechos de los ciudadanos.

Las votaciones democráticas hacen evidente que La Moneda no goza de popularidad allí, mientras los revoltosos queman, roban y matan en esa región; mientras La Moneda sencillamente no gobierna allí, la economía profundamente debilitada transforma a la gente en habitantes cada vez más empobrecidos con este conflicto sin límites, orden, ni ley.

Me parece que la autoridad busca por la fuerza un conjunto de reformas, que una inmensa mayoría de ciudadanos rechazó recientemente. Se trata de un gobierno dueño de una tozudez indescriptibles y que actúa en la práctica como si nada hubiera ocurrido el 4 de septiembre pasado, todo esto en medio de la mayor crisis política de los últimos cincuenta años, y una profunda crisis económica basada en inflación, estancamiento y falta inversión.

La gran mayoría del país quiere que se gobierne, que se detenga la violencia, tanto terrorismo como delincuencia, y que las condiciones económicas mejoren, sobre todo aquellos más pobres, quienes han visto su ingreso mermado.

Entretanto, el gobierno anunció el envío de una reforma previsional. Tal vez el hecho político más importante de la última semana, que aparece como una acción de mayor envergadura frente al inmovilismo de La Moneda y la gran otra reforma que pretende impulsar el oficialismo: la reforma tributaria.

En la reforma tributaria, en los anuncios de la campaña del Presidente Boric se habló de 8 puntos del PIB, luego en el anuncio oficial del Ministro Marcel se indicó que la recaudación alcanzaría a un 4,1 % del PIB. Mis cálculos ahora son que esa recaudación podría alcanzar un 2,6% del PIB, fundamentalmente por la desaceleración de la economía, especialmente, el próximo año por la recesión que aparecerá con mucha fuerza en el país, y porque el crecimiento de la inversión mermará las posibilidades de un crecimiento alto y sostenido.

El producto tendencial, una medida de crecimiento del PIB a mediano plazo, se empina apenas al 2%, y el desafío mayor es promover la inversión privada. Creo que el IPOM de diciembre del Banco Central mostrara una caída cercana al 5% para la inversión bruta en capital fijo.

Ese es el gran desafío de La Moneda.

La recesión afectará el dinamismo del empleo y obligará a la autoridad a apoyar a los sectores más débiles del país, lo que en conjunto con la caída del ingreso disponible de los trabajadores -a causa de mayor desempleo y la persistencia de la inflación-, llevará a dirigir una cantidad importante de recursos fiscales hacia esos segmentos, que deben ser priorizados. No sacamos nada con ayudar si la persistencia del impuesto inflación mantiene mermados los ingresos de los trabajadores.

El Socialismo Democrático ha sido llamado por el Presidente para que lidere esta nueva etapa, pero ante las tensiones que se generan al interior del Gobierno no descarto que, si las bases de esta cooperación se debilitan, pueda terminar nuevamente en una crisis de Gabinete.

La reforma previsional busca prevenir eso, coordinar un gran esfuerzo en el oficialismo para aprobar una reforma que le dé un rol preminente al Estado para proteger a nuestra tercera edad, y subir las cotizaciones al 6% para aumentar ese fondo estatal para apoyo social a la vejez. Bajo esas premisas la probabilidad de aprobación es baja, y observaremos un duro debate en los próximos meses. En todos los estudios de opinión que he consultado, más del 80% quiere que el 6% adicional se depositen en cuentas de ahorro individual o capitalización individual.

El gobierno busca un cambio ideológico en la protección social a la vejez, y creo que no están los votos para aprobar un cambio de esa magnitud, que en la práctica tiene solo el apoyo de Apruebo Dignidad.

*Alejandro Alarcón es economista.

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