Habitualmente se le atribuye a Porfirio Díaz aquello de “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, pero todo indica que la frase es de Nemesio García Naranjo. De hecho, aparece publicada en un artículo suyo del El Heraldo de Chihuahua, con fecha del 3 de diciembre de 1962. La anexión por vía armada (1848) de los territorios correspondientes a los actuales estados de Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California, además de buena parte de lo que hoy son Oklahoma, Wyoming y Colorado, y del reconocimiento definitivo de la previa incorporación de Texas a la Unión estadounidense, justifican plenamente las palabras del intelectual mexicano. 

Esta tensa relación ha ido adquiriendo importantes matices con el paso del tiempo. Con la firma en octubre de 1988 de lo que desde un principio se llamó Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por su acrónimo en inglés), y que más recientemente ha sido reconvertido en el T-MEC (2020), México accedió a los mercados de Estados Unidos y Canadá de manera preferente. En ese sentido, no cabe duda de que el acuerdo trilateral ha sido esencial para que la economía de este país haya crecido en volumen y complejidad.

No en balde el PIB anual se ha duplicado en lo que llevamos del siglo XXI, mientras que el PIB per cápita no ha dejado de crecer (algo particularmente significativo en un país que ya supera los 130 millones de habitantes) y el porcentaje de las exportaciones petroleras sobre el total de bienes exportados ha pasado de un 82% en 1982 a menos de un 6% en 2021. Para 2020, México era el décimo primer mayor exportador del planeta, habiendo llegado a ser el octavo en algún momento. 

Pero a pesar de que el acceso de la población a los servicios básicos ha mejorado notablemente, la pobreza por ingresos se mantiene en niveles muy elevados (alrededor de 44%), al igual que la desigualdad (45,4 en 2020, según el índice de Gini), con todo y que ambas han mejorado con el paso del tiempo. En este sentido, poco ha cambiado la situación con la apertura del sistema político a finales de los años 90 y el desmontaje progresivo de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización que gobernó México de modo ininterrumpido desde 1929 hasta la victoria de Vicente Fox y el Partido de Acción Nacional (PAN) en el año 2000.

A lo anterior cabe sumar la gravedad del problema del narcotráfico en México, país que en diversos aspectos prácticamente ha alcanzado la condición de narcoestado. La “guerra contra el narco” declarada por el Estado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) desató una oleada de violencia que no ha hecho más que incrementarse durante la siguiente década. Un denso entramado de carteles entre los que hoy sobresalen el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación ha seguido avanzando en sus actividades, llegando a permear casi todos los ámbitos de la administración pública nacional, estatal y local.

De ahí que el veterano Andrés Manuel López Obrador y su plataforma MORENA hayan encontrado la oportunidad para, tras varios intentos fallidos en los que sistemáticamente se le comparó con Hugo Chávez, hacerse con la victoria en los comicios presidenciales de 2018. AMLO ha personificado la esperanza de una mayoría de mexicanos que aspiran a un cambio profundo en la situación socioeconómica de los más desfavorecidos. Sus promesas electorales han estado siempre dirigidas a los más pobres y a superar la violencia generada por el narcotráfico, desde un discurso nacionalista nunca exento de ribetes populistas.

Sin embargo, en la medida en que va pasando el tiempo AMLO no hace más que ratificar los argumentos de quienes desde un inicio le comparaban con Chávez. Cumplida ya la mitad de su período constitucional de gobierno, el actual presidente de México acumula una cantidad de decisiones que lo asemejan al mandatario venezolano en una medida, si cabe, aún mayor a la de otros líderes regionales como Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega. 

Entre las polémicas medidas acometidas por el tabasqueño, una de las primeras fue la de la “amnistía” decretada con respecto al narco. Se argumentó que la lucha del Estado contra los carteles no había hecho más que disparar los homicidios en el país, y que una política contemporizadora ayudaría a rebajar la violencia. En realidad, ha sucedido todo lo contrario. En su informe especial “Crimen organizado y violencia en México”, la organización Justice in Mexico señaló que durante los dos primeros años de sus respectivos períodos de gobierno, con Fox se registraron 33.635 asesinatos; con Calderón se produjeron 30.572; con Peña Nieto fueron 41.688, y con AMLO han sido más de 72.000. Al cumplirse ya el tercer año, la cifra supera los 102.000

Esta dinámica recuerda lo sucedido en Venezuela luego de que Chávez, quien siempre se mostró condescendiente con el crimen, se mostrara “neutral” ante las FARC y el ELN colombianos, organizaciones subversivas devenidas en narcotraficantes. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la cifra de homicidios se disparó desde los 4.550 en 1998 (18/100.000 habitantes) hasta los 23.047 homicidios en 2018 (81,4/100.000 habitantes). Chávez también se ocupó de expulsar a la DEA de Venezuela, medida que AMLO acaba de copiar en abril de 2022

Al igual que Chávez, AMLO ha procurado crear nuevos cuerpos militares e incorporar a los uniformados en tareas de administración pública. Si el venezolano creó una Milicia nacional y puso a los militares a la cabeza de ministerios y empresas públicas, el mexicano creó una Guardia Nacional y encargó a los militares la construcción de obras como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y un tramo del Tren Maya. Y aunque su proyecto de creación de la Guardia Nacional fue reformado por el Congreso para que fuera un cuerpo civil —sustituto de la Policía Federal en tareas de Seguridad Pública—, AMLO violó dicho mandato y la conformó con personal y mandos militares. Además, publicó un acuerdo que le permite disponer discrecionalmente de las Fuerzas Armadas.

Si Chávez se empeñó en expropiar múltiples compañías y en controlar la empresa petrolera estatal PDVSA, algo que consiguió tras despedir a la mitad de sus 40.000 empleados, AMLO no ceja en su empeño de ampliar el control del sector eléctrico y energético del país, no vacilando en iniciar una campaña de odio contra España para presionar indirectamente a sus empresas en México. Y al igual que hiciera Chávez en su momento, AMLO también está empeñado en modificar el organismo autónomo que regula las elecciones y en mudar el sistema hacia el voto electrónico.

Y entre las iniciativas más preocupantes, por supuesto, está la de sondear las posibilidades de alcanzar la reelección presidencial, pulverizando así la muy mexicana institución del sexenio. Chávez lo intentó primero con una reforma constitucional que fue rechazada en el referéndum de 2007, pero lo logró mediante la enmienda de 2009. Y aunque el polémico referéndum convocado por AMLO no alcanzó todos sus objetivos, todo augura que aún veremos al presidente mexicano hacer todo lo que esté en su poder para avanzar en la senda marcada por su homólogo venezolano.

*Miguel Ángel Martínez es Doctor en Conflicto político y Procesos de Pacificación. @martinezmeucci

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