Con la plurinacionalidad que propone el borrador constitucional, muchos se preguntan si seguiremos siendo un sólo país o no. La respuesta es que sí. Al menos eso dice el papel. El texto señala que el territorio de Chile es “único e indivisible”; y que todas las autonomías territoriales que se crean “en ningún caso podrán atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial”.

Sin embargo, querámoslo o no, la plurinacionalidad nos fragmentará como país. Así ya no seremos una sola nación sino que pasaremos a ser más de 11 “naciones y pueblos”. Nuestro “mínimo común denominador” como habitantes de esta tierra ya no será que todos tengamos la misma nacionalidad, sino que simplemente el hecho de responder y de pagar impuestos a un mismo Estado. 

En otros elementos más prácticos -no tan conceptuales quizás-, la plurinacionalidad conlleva también la creación de las “autonomías territoriales indígenas”, verdaderas zonas geográficas completas entregadas a los distintos pueblos. Estas tendrán “autogobierno y libre determinación”, con autonomía “política, administrativa y financiera”.  En la misma línea, cada pueblo indígena tendrá sus propios tribunales o “sistemas de justicia” que aplicarán sus propias normas y sistemas jurídicos. Esto último no hubiese sido tan complejo si se hubiese establecido que estos tribunales no pudiesen conocer asuntos penales, o que su competencia se acotara sólo a conflictos suscitados entre personas de un mismo pueblo. Sin embargo, la Convención deliberadamente rechazó establecer alguno de estos límites en el borrador, dejando abierta la puerta a que -dependiendo de lo que define la ley en el futuro- un chileno que entre en conflicto con un mapuche pueda terminar viéndose juzgado por un tribunal indígena.

Lo irónico es que, a pesar de todas estas múltiples autonomías que se consagran para los pueblos indígenas, seremos todos los chilenos los que deberemos financiar sus tribunales, gobiernos, regiones y entrega de tierras; ya que el Estado deberá asegurarles “el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación”. Es decir, tendrán autonomía para administrar y gastar, pero no para financiarse.

Como si fuera poco, el Estado para cada medida que quiera tomar y que afecte a los pueblos indígenas, deberá pedirles su consentimiento para llevarla adelante. De lo contrario, no podrá hacerlo. 

Si sumamos todos estos elementos, en la práctica a cada pueblo indígena se le estará dando un trato casi como el equivalente al de un Estado soberano. Nada de esto traerá mayor paz social ni tampoco nos llevará a “una relación más armónica con nuestros pueblos indígenas” como algunos dicen. Por el contrario, aumentará las expectativas de los violentistas, multiplicará las reivindicaciones territoriales y -en definitiva- sólo nos traerá mayor convulsión y conflicto social. 

¿Seguiremos siendo un sólo Chile? El papel puede declarar una cosa, pero en lo concreto se divide la nación, el territorio, los tribunales y el gobierno de Chile. No hay que ser ingenuos.

*Juan Carlos Gazmuri es abogado de la ONG Acción Jurídica. 

Deja un comentario

Cancelar la respuesta