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Publicado el 25 de noviembre, 2019

Pilar Molina: ¿Todo el peso en Carabineros?

Periodista Pilar Molina

Si todo el control de la violencia delictual está en Carabineros, y éste no tiene legitimidad para usar la fuerza porque viola los derechos humanos, y la violencia no se detiene en 38 días, ¿qué queda?

Pilar Molina Periodista
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Patético, por decir lo menos, fue el informe que dio Amnistía Internacional sobre la situación chilena. Desde el título en adelante, trata de involucrar al Gobierno: “Chile: política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando”. Acusa “ataques generalizados en contra de la población”; uso de “fuerza excesiva”, “tortura, maltrato físico y sicológico” con el fin de “castigar a las personas” que participan en protestas.

La reacción del Presidente al lapidario informe fue tímida: “Si no se cumplieron esos protocolos (del uso de la fuerza) y yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la fiscalía y será sancionado por los tribunales de justicia”. El Ejecutivo dejó el “rechazo categórico” en manos de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien señala que el informe “pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”, lo cual es irresponsable.

Amnistía Internacional (AI) no se reunió con nadie del Gobierno, creyendo que si el Presidente no los recibía, el trámite se daba por cumplido; no alude a la violencia dentro de las protestas, menos habla de saqueos, incendios, destrozos de hospitales, el transporte e iglesias y las agresiones contra la policía. Da la impresión que se trata únicamente de víctimas inocentes reprimidas en forma brutal por unos dementes que quieren inhibir la legítima manifestación.

No resiste ningún análisis que pretenda ser juez quien forma parte activa de la protesta violenta. Amnistía Internacional figura integrando la Mesa de Unidad Social (aunque después procuró enmendar su participación) que viene insistentemente llamando a paros nacionales junto a los profesores de los colegios públicos y los funcionarios del Estado que nos venden su preocupación por la calidad de la educación y de la salud. Esa mesa no quiere diálogo y rechazó el acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución de la oposición con el gobierno, buscando agudizar el conflicto con incesantes convocatorias a huelgas.

Los denigrados uniformados tuvieron que defenderse solos. Carabineros, a través de un comunicado, aclaró que la institución “no ampara ilegalidades” y que en cada uno de los casos observado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha puesto a disposición de la fiscalía todos los antecedentes. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sacaron una declaración el jueves por la noche para hacerse cargo de la imputación de AI que durante el estado de emergencia salieron a lesionar a quienes se manifestaban pacíficamente con el objeto de desincentivar la protesta social.

Aclararon lo que es obvio para todos, menos para AI, que no se mandan solos, que actuaron a petición del Presidente de la República y para proteger a la población de “ataques generalizados cometidos por grupos no identificados” y en el marco de la ley. Además, que son observados por el INDH y rinden cuentas ante el Ministerio Público de cada uno de los actos que les han cuestionado.

Por supuesto que sesudos abogados lo consideraron deliberación y lo reprocharon, pero el Gobierno prefirió visar la declaración de las FFAA que evaluar él su comportamiento y responder a las descalificaciones de AI.

La Moneda parece estar inmovilizada por el temor a los otros informes que vendrán de los cinco grupos de observadores internacionales de derechos humanos, lo cual la lleva a valorar que el de la ONU haya concluido su misión señalando que tuvieron “acceso sin restricciones” a cárceles, hospitales y comisarías.

La verdad es que estamos viviendo un baile de máscaras inimaginable: Carabineros ha abierto más de mil sumarios por denuncias contra ellos, está grabando con cámaras el uso de las escopetas antidisturbios, para poder justificar que recurre a los perdigones sólo cuando corre peligro su integridad física; van 2.171 heridos, a bala, quemados con molotov y ácido, fracturados, pero nada es suficiente. Siguen respondiendo a cada llamado de auxilio, aunque las redes transmiten los vítores a los jóvenes encapuchados “mata pacos” que ahora se denominan con lenguaje narco como “primera línea”. Les tienden trampas, han atacado su cuarteles (169) y evalúan cerrar algunos por la agresividad de los asedios diarios. ¿Qué harán los inocentes en Peñalolén o Padre Hurtado si cierran sus subcomisarías?

Pareciera que los Carabineros son los únicos que tienen que responder hoy día: por qué disparan perdigones y lesionan a los manifestantes; por qué dicen que los compraron de goma cuando tienen contenido metálico, según indicó un estudio de la U. de Chile. Y, al mismo tiempo, les reprochan llegar tarde, ignorando que hay grupos dedicados a atacarlos en el trayecto al objetivo que está siendo incendiado o saqueando y los acusan de que sigan ocurriendo eventos graves, que al jueves pasado sumaban 5.500.

La violencia no ceja y la Fiscalía no da explicaciones de por qué todavía no identifica ni a los que actuaron el viernes 18 para quemar y destruir gran parte de nuestra red del Metro. Los jueces no se alertan con la violencia como lo hacen frente a la sola posibilidad que el Congreso les rebaje sus sueldos y aceptan a tramitación querellas criminales contra las más altas autoridades que buscan penalizar el conflicto político. Las organizaciones sindicales de funcionarios y profesores del sector público siguen convocando a paros nacionales, conscientes que se convierten en un teatro para maniobras delictuales que no tienen nada que ver con las originales demandas sociales que revestían de legitimidad las marchas. Las universidades continúan cerradas para que sus alumnos con gratuidad o CAE (cuyos bajos intereses también pagamos todos) puedan movilizarse. Y en, fin, la mayoría de la oposición continúa pulsando cómo sacarle provecho a la situación para consagrar lo que no pudieron instalar antes, que la derecha no ofrece gobernabilidad. Y el Congreso, con mayoría de izquierda, se niega a considerar la agenda de seguridad que propuso el Ejecutivo previo al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que apunta a modernizar la policía y la inteligencia y a enfrentar mejor a los encapuchados y a las barricadas que quieren normalizarse en Chile. La TV, por último, continúa mayoritariamente mirando lo que ocurre en las calles a través de los ojos de los que insultan, tiran piedras, proyectiles de vidrio, bolas de acero y molotov a los carabineros.

Si todo el control de la violencia delictual está en Carabineros, y éste no tiene legitimidad para usar la fuerza porque viola los derechos humanos, y la violencia no se detiene en 38 días, ¿qué queda? El Gobierno tiene como primer deber el orden público, porque sin él no hay democracia posible, pero parece estar contra las cuerdas. Las acusaciones en su contra por derechos humanos lo inmovilizan. Ayer domingo el Presidente, en terreno, consideró necesario apoyar la acción policial y anunció que los efectivos aumentarán en 4 mil en razón al reintegro de algunos retirados y que se anticipó el egreso de otros en formación.

Pero no es una cuestión de números. La violencia hay que cortarla antes de llegar al combate uno a uno porque los delincuentes suman más. Si no hay un cambio de actitud de todos, no es de extrañar que en algún momento sean los uniformados los que digan basta y resuelvan no arriesgarse más mientras no haya otros también dispuestos a hacerse responsables de la destrucción de la democracia que estamos festinando.

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