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Publicado el 12 julio, 2021

Pilar Molina: Soberana arbitrariedad

Periodista Pilar Molina

Claramente se va develando un plan refundacional que comenzó hace rato usando las causas identitarias para obtener legitimidad.

Pilar Molina Periodista
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Algunos siguen creyéndose el poder soberano para decidir cualquier cosa sobre la actual y futura institucionalidad de Chile y continúan apareciendo sus afanes refundacionales o nuevas definiciones de la Convención Constitucional como un poder de Estado y el “único legítimo”, según el vicepresidente Jaime Bassa, porque surgió después del estallido social.

Claramente se va develando un plan refundacional que comenzó hace rato usando las causas identitarias para obtener legitimidad. Por eso vimos la bandera mapuche convertirse en el símbolo de la protesta callejera, miles y miles flameando, y luego la exigencia que hubiera 24 miembros de pueblos originarios en la Convención Constitucional (lo cual no fue plebiscitado). Al final, les dieron 17, una proporción que no existe en ningún Congreso, porque hasta Bolivia, con un 40 o 50 por ciento de población indígena, tiene 5 escaños reservados (el 5,4% de la población) y Colombia, 5 diputados (2.9%).

Después, procedía poner una indígena en la presidencia de la Convención Constitucional (CC) y mujer, por supuesto, otra causa que enarbola la izquierda y que lleva a Jaime Bassa a hablar en la testera de “nosotras”. Usa el femenino como complicidad con esa sub representación histórica de las mujeres y los pueblos originarios, lo cual nos ha llevada al absurdo que estos últimos tienen 17 representantes con menos de la mitad de los votos de Chile Vamos en el distrito 11. Con esa proporción, la derecha debió elegir no 4 sino que 32 convencionales en ese distrito donde una sola convencional, Marcela Cubillos, fue electa con casi los mismos votos que todos los representantes de pueblos indígenas (apenas 5 mil menos sufragios).

Pero el soberano, representado en la CC por Jaime Bassa (que dejó en el plano ceremonial a la presidenta Elisa Loncón), puede hacer lo que quiera, como, por ejemplo, tomar la palabra por media hora o definir quién habla, barajando él los criterios de género, plurinacionalidad, respeto de los territorios y, como agregó, alternando los grupos sociales y políticos. En definitiva, sólo él (del Frente Amplio y cercano a Gabriel Boric) conoce quién tendrá derecho a hablar o por qué la prensa no tiene acceso al plenario. Es cierto que las sesiones se graban, pero sólo aparece lo que registran los micrófonos, los que también opera la máxima autoridad. Es así como, casualmente, no quedó registrada la votación para ampliar la mesa directiva, que fue un ejemplo de asambleísmo universitario.

La gráfica que tuiteó el jueves pasado Jaime Bassa y que revela la mirada épica de sí mismo y de su rol en la Convención Constitucional.

Pero la arbitrariedad no es casualidad, pensará cualquier ciudadano después de escuchar a la convencional Rossana Vidal, enfermera de la Lista del Pueblo. Ella, preocupada por el protocolo Covid, cuestionó que se sirvan café y galletas en el plenario, recibiendo del funcionario respectivo la siguiente respuesta: “yo no puedo hacer nada porque recibimos una instrucción que no se nueve una servilleta si la mesa no lo solicita”.

En el mundo de la arbitrariedad todo puede ocurrir, es completamente aleatorio. Tanto adentro como afuera, donde en los puntos de prensa van seudos periodistas a formular preguntas “galleteadas” y a interrumpir y cuestionar el derecho a dirigirse a los medios de convencionales a los que acusan de haber votado por el Rechazo.

Adentro no es menos aleatorio. La mesa accedió a elegir un comité ejecutivo, luego que Agustín Squella cuestionara sus atribuciones para ampliar vice presidencias. Se aprueba por unanimidad la iniciativa, pero un grupo de izquierda más a la izquierda que la ultra izquierda (como tenemos que empezar a matizar) no aceptó la iniciativa. Bassa terminó dirigiendo sucesivas votaciones para ampliar la directiva de dos a cinco, y luego, por supuesto, agregar dos vice presidencias de las etnias.

El sitio web del organismo establece: “Durante la tarde de este miércoles, se aprobó la ampliación de la Mesa Directiva de la Convención Constitucional de 2 a 9 integrantes. La idea se aprobó con 127 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones”. Las votaciones, sin embargo, fueron sin registro oficial, ninguna sumó 155 (el total de convencionales) y en la segunda no marcaron preferencia 42 personas. Rodrigo Logan, el único electo como independiente fuera de pacto, lo consideró una asamblea constituyente, sin reglas ni procedimiento claro. “Nosotros teníamos dispuesto un sistema de votación on line que lo tenía el Estado y no lo ocupamos. Se decidió ocupar la sala del Senado que sabíamos que no tenía ese sistema”.

Pero el soberano sí sabe a dónde va y le puede cortar la intervención a Squella (que la termina con el tiempo que le cede Harry Jürgensen), como resolver también lo que se pone en tabla. En la primera semana no consideró nunca discutir el proyecto para el funcionamiento de la CC los primeros 30 días que le presentaron los convencionales de Chile Vamos. Tiene la mayoría y ninguna autoridad está sobre el rey.

El jueves se votó el primer acto jurídico de la CC, la exigencia de “tramitación con máxima celeridad del proyecto de indulto en el Senado”, además del indulto a todos los presos políticos desde 2001 en adelante en la macrozona sur del conflicto mapuche. Bassa pidió votar por la declaración 1 o la 2. La primera, del Frente Amplio con el PC y el PS, y la segunda, de la Lista del Pueblo y los originarios. Inicialmente no aceptó que pudieran votar en contra quienes no estuvieran de acuerdo con que el organismo tomara posición sobre un tema que compete a otros poderes o no reconocieran la existencia de “presos políticos”, u objetaran la falsedad de la afirmación que la revuelta social costó “decenas de vidas”. El convencional Bernardo Fontaine tuitió que sólo por la intervención de Constanza Hube se “acepta finalmente que se pueda votar en contra”.

La criticada cocina se trasladó a la CC, ha señalado Marcela Cubillos. Con los chefs del Frente Amplio y el PC y la conducción de la mesa, en cualquier minuto suspenden la sesión y cortan el streaming para ponerse de acuerdo. Todo vale cuando no hay reglamento, más cuando el presidente de facto ha señalado que mientras no tengan reglamento no corresponde reclamar infracciones al mismo ante la Corte Suprema. El problema es que él mismo ha puntualizado que “normalizar la conducción administrativa y aprobar el reglamento no debiera durar más de 3 meses”. Y adelantó que el órgano seguirá fijando postura en distintas materias en adelante.

Ya tienen los 2/3 para aprobar cualquier cosa, incluso fuera de sus atribuciones, como justificar la violencia y solicitar amnistiar hasta los más graves delitos cometidos (“La violencia que acompañó los hechos de octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrir una oportunidad para una nueva Constitución”).

El soberano sabe a donde lleva la discusión y probablemente lo veremos presidiendo la comisión del Reglamento (¿o al lado de un indígena, tal vez?) y asignar el resto por sorteo, lo cual le permitirá conducir a su modo un tema técnico que un egregio constitucionalista como él maneja bien. Y puede estar bien pensado el plazo de 3 meses, que es un tercio del tiempo fijado para que redacten la nueva Constitución, prorrogable por 3 meses más. Ese tiempo permitiría hacer coincidir con la elección presidencial la discusión de temas de fondo y, desde el organismo, dirigir “al pueblo” a un nuevo triunfo en las urnas.

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