Nada es más reñido con la democracia que la violencia. Cuando el poder coercitivo deja de estar en manos del Estado y debe aplicarse de acuerdo a las leyes y con respeto al Estado de Derecho, tenemos por seguro un deterioro institucional galopante y una amenaza al orden democrático. Gana el más revolucionario, el más fuerte, el con mayor capacidad de destrozo y movilización. Ganan la corrupción y el populismo, pero no el pueblo.

En Chile nos hemos ido crecientemente acostumbrando a la violencia como método de presión y de acción política. Ya vimos, los que estábamos vivos para el 11, el resultado de que partidos, como el Socialista, legitimaran la violencia para la consecución de sus objetivos revolucionarios.

Muchas veces son los mismos políticos (para torpedear al gobierno) los que impiden que se apliquen las leyes y sean sancionados los que marchan sin permiso, tiran molotov en los colegios, boicotean consultas indígenas con agresiones y atentados incendiarios, por dar algunos ejemplos de esta última semana. Estos días continuaron los incidentes y la interrupción de clases en el Instituto Nacional, otrora emblemático signo de excelencia académica y movilidad social. El alcalde implementó la revisión de mochilas para intentar controlar el ingreso de elementos inflamables y botellas con los que elaboran bombas molotov y las lanzan a carabineros y a la vía pública, amenazando con ellas también a los docentes. Felipe Alessandri calculó que en los últimos días los protestantes arrojaban 66 artefactos diariamente a la calle. Pero rápidamente salieron los argumentos en contra de la medida puntual de contención. “No es un elemento ni educativo ni creo que sería suficientemente disuasivo”, dijo respecto a la revisión la exministra de Educación Adriana Delpiano. “Estamos obligados a abordar el problema con seriedad y no dar una respuesta fácil, sólo para las encuestas”, añadió el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

En algunos lugares de Estados Unidos, cuando los menores andan solos en las calles o consumen alcohol en alguna casa, multan a los padres.

Más al sur, el día martes hubo nuevos incidentes y atentados en la región del Biobío, y quienes quemaron un camión dejaron un lienzo rechazando la consulta indígena que está haciendo el Ejecutivo para cumplir con la ley respectiva y consultar a los nueve pueblos originarios sobre cambios a esa normativa. Según las encuestas, la gran mayoría aprueba las propuestas que surgieron de ellos en los diálogos con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, pero hay un grupo radicalizado que no quiere ningún tipo de modificaciones y a punta de violencia han buscado boicotear la consulta. Total, en el sur ya está institucionalizado un barómetro de la violencia que en el último gobierno se extendió de dos a cuatro regiones. La tolerancia al matonaje y al terror es parte del panorama sureño.

El jueves pasado, los protagonistas de una marcha no autorizada en Plaza Italia quemaron una camioneta municipal, dos buses del transporte público y dejaron a siete carabineros heridos. Sin comentarios, apenas un parrafito en la prensa. En Chile no es extraordinario herir policías.

Hay que empezar ya a detener la violencia y no continuar amparándonos en medidas de largo plazo y multisistémicas para no hacer nada ahora ni para prevenirla ni sancionarla.

La cuenta pública se cambió al 1º de junio desde 2017 para evitar seguir mezclando la conmemoración de los héroes del 21 de mayo con la orgía violentista que desataba ese día la rendición de cuentas del Presidente. La Confech y otras organizaciones, sin embargo, anunciaron que marcharían igual en paralelo a la cuenta pública nocturna del sábado, aunque sólo fueron autorizadas a hacerlo durante el día y hasta las 17.30 horas. Todos sabemos en qué se traduce eso. Desmanes + molotov+ destrucción bienes públicos, etc… Película que vimos correr por enésima vez.

Tenemos índices vergonzosos de consumo de alcohol y droga entre escolares de octavo a cuarto medio, lo que muchas veces termina siendo causa de actos de violencia o delitos. Somos los primero de América, según Senda, récord que debiera alarmarnos, pero seguimos impávidos ante los intentos del Congreso por continuar liberalizando el consumo de marihuana en Chile y cualquier medida de protección a los jóvenes es boicoteada. Seis municipios, que harán una consulta el 23 de junio sobre el horario en que los menores pueden permanecer en las calles, están llegando a consenso sobre establecer un “horario límite recomendado” que surja del acuerdo social entre las autoridades, lo padres y los propios menores. Con la amable “recomendación” no llegarán a ninguna parte. No se trata de poner toque de queda y sacar las FFAA para resguardarlo, porque no procede legalmente, sino que la medida tenga algún efecto disuasivo y al cabo de un par de meses no se la lleve el viento.

Hemos sabido cómo en otros países las comunas instalan restricciones y, en el caso de algunas, que he visto en EE.UU., multan a los padres cuando los menores andan solos en las calles o consumen alcohol en alguna casa. Aunque no estén los adultos presentes, los hacen responsables. Pero en Chile no se puede implementar nada parecido, aunque el alcohol y las drogan estén pervirtiendo a nuestros jóvenes. Se impone siempre el mismo tipo de argumento: más que restringir hay que educar a las familias y a los jóvenes (German Codina, alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades) o hay que proteger, no castigar (Mauricio Viñambres, alcalde de Quilpué).

El problema nuestro es obviamente de educación, de falta de valoración de las virtudes, pero no tenemos el tiempo para educar a esos padres que permiten que sus hijos deambulen por las calles a altas horas de la noche y una sanción podría contribuir para que se hagan cargo de ellos. Nada se arregla con una sola medida, nada, pero preferimos no tomar ninguna y traicionamos el sentido común. El 75% de los santiaguinos apoya el toque de queda a menores de 14 años, pero nos escudamos en el “cambio cultural”, “educar”, “persuadir”, como si algo de eso pudiera obtener con un click.

Hay que empezar ya a detener la violencia y no continuar amparándonos en medidas de largo plazo y multisistémicas para no hacer nada ahora ni para prevenirla ni sancionarla. En Chile, cada día más, el uso de la fuerza no paga y  por eso es tan contagiosa.