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Publicado el 04 de mayo, 2020

Pilar Molina: Ofertas con plata ajena

Periodista Pilar Molina

Las propuestas populistas compiten por extraerle fondos a afiliados para solucionar necesidades distintas a las de obtener una buena pensión. Ello sólo puede redundar en jubilaciones más bajas y mayor dependencia en el pilar solidario que financia el Estado, y que los críticos del sistema se empeñan a omitir para descalificarlo como “poco solidario”.

Pilar Molina Periodista

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Cada día crece la voracidad de los políticos por apropiarse de los fondos de pensiones. Mientras haya plata empozada en las AFP, que pertenece a los trabajadores que han debido ahorrarla obligatoriamente y con esfuerzo, siempre habrá ideas lúcidas para apoderarse de ella. Lo vemos constantemente. Se quejan porque las pensiones son pobres, lo cual es cierto, pero ello ocurre por los bajos montos ahorrados debido a lagunas y cotizaciones que corresponden a sueldos precarios. Imposible financiar buenas pensiones con ahorro escaso y, menos por períodos de jubilación que se calculan de 30 años para las mujeres que se retiran a los 60.

Aún así, las propuestas populistas compiten por extraerle fondos a afiliados para solucionar necesidades distintas a las de obtener una buena pensión. Ello sólo puede redundar en jubilaciones más bajas y mayor dependencia en el pilar solidario que financia el Estado y que los críticos del sistema se empeñan a omitir para descalificarlo como “poco solidario”.

El gobierno pensaba despachar en marzo el proyecto de reforma previsional desde el Senado, pero la emergencia sanitaria y la crisis económica se lo han impedido. Frente a un horizonte de alto desempleo, difícilmente se puede subir en un 6% la cotización de vejez, como lo aprobó la Cámara. Sea quien sea el que lo pague, el empleador o el trabajador, el resultado es el mismo: encarece contratar. El Ejecutivo podría, sin embargo, buscar aprobar la reforma y que entre en vigencia cuando se recuperen los empleos y cerrar de una vez por todas este capítulo para impedir que se perpetúe la discusión judicial y las mociones parlamentarias para retirar fondos. De hecho, ante la presión, el Ejecutivo ya se había abierto a estudiar la posibilidad de permitir retiros frente a enfermedades terminales.

Pero el diente está mucho más largo que para situaciones límites. La crisis sanitaria, con su rebote sobre la economía, catapulta generosas mociones parlamentarias para retirar los ahorros “en forma excepcional”, por supuesto. Pero si es por el desempleo ahora, la demanda también ha sido para enfrentar necesidades de vivienda, de salud o deudas.

Ya hemos visto el zarpazo que hicieron los Kirchner a los fondos de pensiones argentinos. Los iban a devolver a las personas cuando jubilaran. ¿Alguien conoce un argentino al que se los hayan devuelto para mejorar su pensión? Los peruanos han sido otro ejemplo de cómo ir disolviendo la pensión permitiendo retiros para otros propósitos, todos urgentes, por supuesto. Primero fue la idea genial de parlamentarios que buscaban reelegirse en 2016 para que los peruanos pudieran elegir jubilarse o retirar hasta el 95% de sus fondos al momento de hacerlo. A agosto pasado, sobre el 95% había usado esa ventana para financiar necesidades de corto plazo, convirtiéndose en pensionados sin pensión (ese “cachito” lo tendrá que resolver otro, o nadie). Ahora, muy lúcido, al Presidente Martín Vizcarra, se le ocurrió autorizar sucesivamente dos retiros, “en forma muy responsable”, para enfrentar la falta de ingresos de los peruanos producto del Covid-19. El Congreso no quiso quedarse atrás y subió la apuesta aprobando el retiro de hasta el 25% de los fondos a cada trabajador, lo que sumado a la iniciativa de Vizcarra significa extraer la tercera parte del total de los ahorros por US$ 46 mil millones.

Ese es un camino que muchos quieren recorrer también en Chile. Si hasta los senadores se han subido al carro con proyectos parecidos a las abundantes iniciativas de nuestros diputados. Liderados por honorables DC, como Ximena Rincón y Jorge Pizarro, que proponen que los trabajadores puedan retirar “por única vez”, por supuesto, hasta el 10% de sus ahorros. Otra DC, Yasna Provoste, fue más lejos y junto a otros senadores de izquierda postularon terminar con las AFP y “nacionalizar” los fondos de los trabajadores. Muy creativos en iniciativas inconstitucionales, proponen un sistema más solidario que financiará con plata ajena una pensión básica universal cercana a los $350 mil, más del doble de la actual pensión básica solidaria recién reajustada a $165 mil para los mayores de 80 años.

Ojalá viéramos la misma creatividad parlamentaria para generar riqueza. Sólo atinan a pensar en un mundo mejor desarticulando lo que funciona (como los casi US$200 mil millones acumulados para financiarle pensiones a los chilenos) o creyendo que todo se soluciona subiendo los impuestos (¿nadie ha descubierto ese camino al Paraíso?). Es cierto que antes los ultra también pedían imprimir billetes. Ese camino lo estamos recién empezando a transitar con la demanda de que el Banco Central financie al gobierno. “Por qué no, si Argentina lo hace” (se callan las secuelas de hiperinflación, cero inversión y crecimiento). Pero si “sería sólo excepcionalmente”… ¡Por supuesto!

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