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Publicado el 3 mayo, 2021

Pilar Molina: ¿Mínimos comunes o máximos unilaterales?

Periodista Pilar Molina

Darle gobernabilidad al país es una buena razón que podría justificar cualquier concesión al eje que dice tener el poder hoy, el Congreso. Pero ya vimos con el acuerdo del 15 noviembre de 2019 titulado “por la paz y una nueva Constitución”, que la izquierda obtuvo el plebiscito, pero la paz quedó pendiente.

Pilar Molina Periodista
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El Gobierno aceptó negociar nuevamente con la oposición, sin usar las palabras “negociar” o “acuerdos”, porque la izquierda las ha convertido en anatema, a pesar que son de la esencia de la democracia. Ahora hablan de “mínimos comunes”, término que todavía no ha sido cargado peyorativamente. Al Ejecutivo no le quedó otra opción, luego de una serie de traspiés que terminaron con el Tribunal Constitucional (TC) negándose a tramitar su requerimiento que planteaba la inconstitucionalidad del tercer retiro de fondos de pensiones, proyecto parlamentario idéntico al del segundo retiro que fue sentenciado como inconstitucional por ese mismo Tribunal.

La movida del Ejecutivo de repetir lo que hizo con el segundo retiro (presentar un proyecto propio y cuestionar el del Congreso ante el TC) podía darle un nuevo triunfo, dejando a La Moneda de “Midas” y además “mejorado”, porque incluyó un bono de $200 mil para los 3 millones de afiliados que ya retiraron todos sus ahorros en los dos rescates anteriores.

Pero esta vez no se quedó con la victoria y como llegó tarde al TC, luego que el proyecto parlamentario se convirtiera en ley, el péndulo del poder osciló hacia la oposición, la que, sumando a sectores oficialistas, buscó frenar la presentación con movilizaciones y advertencias de un nuevo estallido social (#estallido2021, tuiteó el PC de inmediato). La derrota ante el TC terminó de hundir al gobierno con su apuesta ganadora.

Puesto a sí mismo en una posición imposible peor, no le queda más que tratar de recuperar el clima social. Sobre todo, porque el regreso de la fronda callejera y su estela de violencia perjudica a sus aliados de Chile Vamos también, en las vísperas (apenas 15 días) de las elecciones más importantes desde el retorno a la democracia.

Al frente tiene a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, que es la primera titular que logra aunar a la oposición en este segundo mandato de Piñera, caracterizado por la fragmentación y polarización de la izquierda. Jaime Quintana inauguró el parlamentarismo de facto, Adriana Muñoz legitimó violar la Constitución y ahora, la parlamentaria DC ha hecho gala de un gran olfato político, dejando en el camino todas las objeciones a la “cocina neoliberal”, como acusó Pamela Jiles.

Provoste bien podría estar en el PC, como señaló el año pasado Marta Larraechea, quien le recomendó “renunciar y que se vaya al PC”. Su posición ultra, sin embargo, le ha permitido articularse con ese sector. Es con sus representantes con quienes ha votado o presentado proyectos numerosas veces. Para indultar a los presos del estallido social, o uno que presentó con los senadores Navarro (PRO) y Latorre (Frente Amplio) que se ha interpretado apunta a nacionalizar los fondos de pensiones, por mencionar dos ejemplos.

Aunque la oposición no podía negarse a postergar las elecciones constituyentes, dado el peak de contagios en que nos hundíamos en marzo, la parlamentaria por Atacama condicionó poner en tabla el proyecto a endurecer las medidas sanitarias y subir la ayuda social que la oposición considera siempre insuficiente (como lo es y siempre lo será). Logró así aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia del 60 al 80 por ciento del Registro Social de Hogares, además de los montos. Solo esa movida, que se traduce en $100 mil para 11 millones de personas, el costo fiscal por abril, mayo y junio, significa US$5.500 millones y representa la mayor transferencia de la historia.

Con una estampa parecida a la de Izkia Siches -quien se define a sí misma como “mujer joven, morena, de ojos chinos y rasgos aimara“, característica esta última que en el caso de la senadora es diaguita-, la presidenta del Senado pareciera más una gimnasta política que una profesora de educación física. Consensuando sus planteamientos con los distintos estamentos de la oposición, informa después por Zoom o Youtube de sus reuniones en La Moneda, imprimiendo transparencia a sus gestiones institucionales que asume sin complejos.

No extraña por eso que haya saltado al listado de los 23 políticos mejor evaluados en la última CEP (con 23% de aprobación, aunque un alto rechazo del 40%), lo que pondrá en dificultades la candidatura de Ximena Rincón, quien, aunque ganadora de las primarias internas de la Falange, quedó debajo de ella y con el mismo rechazo.

Pero no sólo Rincón parece estar en problemas. También el Ejecutivo debiera tener claro qué espera obtener de la negociación. Lograr “terminar su gobierno” es lo que le ha ofrecido directamente el senador Jorge Pizarro. Darle gobernabilidad al país es una buena razón que podría justificar cualquier concesión al eje que dice tener el poder hoy, el Congreso. Pero ya vimos con el acuerdo del 15 noviembre de 2019 titulado “por la paz y una nueva Constitución”, que la izquierda obtuvo el plebiscito, pero la paz quedó pendiente. Es más, la cesión alentó en forma inédita violaciones sistemáticas a la Constitución, con proyectos que se inmiscuyen en las facultades presidenciales. El año pasado, la oposición también negoció un paquete de ayudas por US$12 mil MM a cambio de no continuar patrocinando iniciativas inconstitucionales como retiros de las AFP, la que fue totalmente incumplida. La Moneda puso otros US$6 mil MM sobre la mesa en marzo pasado, pero la izquierda le volvió a exigir mejorar las ayudas para postergar las elecciones y ahora está, como lo anunció Provoste, por obtener la Renta Básica Universal.

La Moneda habría accedido a poner más plata sobre la mesa para las familias más necesitadas, ampliando ahora el IFE al 100% de los hogares del Registro Social de Hogares o algo similar. También, dentro del segundo eje de “mínimos comunes”, a estudiar una nueva reforma tributaria para gravar los ingresos más altos y, en lo inmediato, eliminar exenciones, que Hacienda calculó ascienden este año a los US$7.843 MM (incluyendo los regímenes especiales transitorios para las pymes, como la reducción de la tasa del impuesto a la renta de 10% que tiene un costo de US$871 MM).

Después de las reuniones iniciadas el viernes, el Presidente Piñera ya accedió a prorrogar de nuevo el post natal, a inyectar más ayuda a las Pymes y ha dicho que el tercer eje “tiene que ver con el fortalecimiento institucional”. No hay dudas que la contrapartida a continuar subiendo la deuda del Estado debiera ser detener los proyectos inconstitucionales que avanzan en el Congreso, como el impuesto a los súper ricos o el royalty, por mencionar un par, que avanzan sin ninguna consideración técnica o sobre efectos colaterales.

Difícil hacer pronósticos con la buena fe. La Moneda ingresó el viernes el proyecto que da un bono de $200 mil a los 3 millones de trabajadores que se quedaron sin fondos luego de los dos rescates anteriores. Era la zanahoria adicional que había añadido al proyecto con el que pretendía reemplazar el que había aprobado el Congreso. Ya se olvidó de establecer que el 10% más rico pague impuestos por ese retiro (no podría reformularse la exención total aprobada por los parlamentarios), pero insistió en la restitución de los fondos a través de 2 puntos porcentuales más de cotización que pagarán el empleador y el Estado.

Y ¿cuál ha sido la respuesta inmediata de personeros de la oposición? No aceptar ni un mínimo común, porque aprobarán el bono, pero exigirán subirlo. Y rechazarán el reintegro, que con los dos puntos adicionales tardaría 6 años en reponer lo extraído a los fondos. Alegan que el propósito encubierto es subir la cotización para darle más plata a las AFP y evitar que todo el reajuste de la cotización que se discute, vaya a un fondo de reparto.

En mal pie quedó el gobierno después del insólito veredicto del TC. Pero con los “mínimos comunes” puede al final no quedarse ni con los mínimos y la oposición, unilateralmente, obtener una vez más los máximos, dejando pendiente lo que supuestamente ofrece: la gobernabilidad. O, quizás, con el desplome de la institucionalidad, ¿ya no está en condiciones de ofrecer ni siquiera eso?

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