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Publicado el 29 de julio, 2019

Pilar Molina: Las redes, Mañalich y Camila

Periodista Pilar Molina

Aunque no existe jurisprudencia respecto a cuentas personales, cuando se usan intitucionalmente, la obligación de no bloquear usuarios debiera ser la misma. De otro modo, todas las autoridades podrían recurrir al artilugio para operar en twitter y ello redunda en menos democracia, no en más.

Pilar Molina Periodista
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Las redes sociales son como la mayoría de los instrumentos tecnológicos: neutras. Las personas resolvemos si las usamos para bien o para mal. Y con ellas se abren un sinfín de posibilidades, como hemos visto estos días.

El miércoles la comisión del Trabajo de la Cámara aprobó con los votos oficialistas un proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Es una moción de la diputada comunista Camila Vallejo de 2017, a todas luces inconstitucional, puesto que implica gasto fiscal al afectar al Estado como empleador, lo que la Constitución deja en el ámbito de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

¿Pero qué importa que no sea legal? Lo que luce es la idea, aparecer en sintonía con los millones de trabajadores que hay en Chile. Aunque lesione la empleabilidad humana afectada por máquinas sin jornadas y facilite su reemplazo. Porque es cierto que somos la sexta nación que más horas trabaja dentro de los países desarrollados de la OCDE (y no la primera, como dicen por ahí), pero también estamos a la cola en materia de productividad (24 de 35, y 15 puestos por debajo del promedio).

Y Camila no tiene por qué privarse de comunicar ideas “empáticas” (¿quién quiere trabajar más?) si quiere continuar en política, aunque se trate de iniciativas populistas.  Como tampoco está obligada a plegarse a la doctrina staliniana que los planteamientos oficiales del PC no se cuestionan ni dudan.

Aunque el partido marxista cuestionó en una declaración oficial las “eventuales incongruencias” del reporte sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela que emitió Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., la diputada reiteró esta semana el apoyo que dio al informe apenas se conoció y calificó de “lapidario”. Haciendo caso omiso de la voz oficial comunista, el martes insistió en la necesidad de investigar las violaciones, desafiando nuevamente a su partido, que había solicitado no discrepar públicamente tanto de la postura oficial del órgano como de la que asumieron dirigentes como Daniel Jadue. El alcalde, para descalificar el contundente reporte de la ex Mandataria socialista, acusó a Bachelet de haber apoyado un intento de golpe de Estado en Venezuela cuando era ministra de Defensa de Ricardo Lagos.

Pero el poder de las redes sociales puede blindar y desafiar la “obediencia ciega”. No hay dónde perderse; el PC tiene apenas 35 mil seguidores en twitter y Vallejo, nada menos que un millón 200 mil, otros 70 mil en Instagram y 173 mil en Facebook.  “Comunista, pero no tonta”, podría decir la diputada, porque ninguno de los stalinianos le llega al ombligo. El presidente del partido de orden y cuadro, Guillermo Tellier, tiene apenas 4 mil 700 seguidores y el disciplinado Jadue, con sus pretensiones presidenciales desde la plataforma de la comuna de Recoleta, 277 mil.

En este caso, la influencia por twitter sirve para hace menos monolítico al partido rojo de la hoz y el martillo. Asegura mayor democracia. En el caso de Donald Trump, en cambio, es todo lo contrario: hace menos institucionales sus decisiones, porque es tal su apoyo en las redes sociales que gobierna prescindiendo peligrosamente de sus instituciones. Es el líder mundial con más interacciones en la red del pajarito, 229 millones de tuits, y suma 62,2 millones de seguidores. De lejos lo mira Barak Obama con sus 107 millones de seguidores y el récord de haber sido el primero en asentar su campaña electoral en la red social. Qué hablar del flamante Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que, como prueba de transparencia frente a la corrupción, da órdenes a sus funcionaros por twitter… y estos le responden por la misma vía.

Tampoco colabora a la democracia que las instituciones gobernantes bloqueen seguidores para impedirles manifestar su opinión en redes sociales. En Estados Unidos, una corte de apelaciones ratificó el fallo de una jueza federal que prohibió al impetuoso Presidente republicano bloquear seguidores incómodos e irrespetuosos.

En línea con la jurisprudencia internacional, la Contraloría General de la República también ha establecido que “no procede que un órgano público bloquee en su cuenta institucional de la red social a usuarios particulares por la emisión de ciertas opiniones o expresiones”, sin perjuicio, agrega, que el aludido use las herramientas judiciales (o que provee la misma red) para enfrentar delitos y abusos en el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, desde el útlimo dictámen contra la PDI, en junio pasado, la Contraloría ha oficiado a 36 instituciones para pedir que desbloqueen usuarios en sus redes sociales, principalmente municipios.

Pero esta semana se le planteó una nueva inquietud al organismo contralor que no tiene resuelta. El ministro Jaime Mañalich dejó en privado su cuenta en twitter, molesto tras las críticas que desató que se perdiera un órgano donante por problemas en su traslado. El titular de la cartera decidió protegerse y nadie puede leer sus tuits si no es si no es un seguidor suyo, y para serlo, requiere su autorización.

El problema es que Mañalich no está usando una cuenta institucional -sobre lo cual se ha pronunciado Contralaloría-, sino que personal.  Pero para los efectos finales da lo mismo porque, al igual que Trump, la emplea como ministro, es decir, institucionalmente, para dar noticias o comentar sobre aspectos propios de su cartera. Aunque no existe jurisprudencia respecto a cuentas personales, cuando se usan intitucionalmente, la obligación de no bloquear usuarios debiera ser la misma. De otro modo, todas las autoridades podrían recurrir al artilugio para operar en twitter y ello redunda en menos democracia, no en más.

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