Fueron unos 156 mil los alumnos de cuarto medio perjudicados, que no pudieron rendir las pruebas de lenguaje, matemática y ciencias, y unos 202 mil a los que se privó de poder dar la de historia, la que fue robada y dada a conocer con antelación al examen. Se prepararon durante toda la media para llegar a este momento crucial para su futuro profesional. El método para impedirles y estresar esta prueba fue la violencia, el mismo que se viene usando en forma exitosa desde el 18 de octubre para apoderarse de calles, plazas, quemar y saquear supermercados, locales, universidades y hoteles; obligar a “bailar para pasar” y a legislar a los parlamentarios. El mismo que ha suspendido en el aire el horizonte de Chile, porque no hay certeza de qué va a pasar mañana. Y menos, pasado mañana.
Los rectores del CRUCH reprobaron la prueba porque son los encargados de administrar el Sistema Único de Admisión a la educación superior con la PSU y no tomaron los resguardos del caso, a pesar de que fueron reiteradamente advertidos que existía la disposición y un plan para boicotear la prueba, ventilado en todos los medios. El vicepresidente del organismo, Aldo Valle, se disculpó con que “no se quiso sobrereaccionar”, temiendo que una mayor presencia policial “podía generar una cierta reacción”, como añadió ambiguamente el rector de la PUC, Ignacio Sánchez. No había ocurrido nunca en la historia nada similar, ni siquiera en 1973, salvo la filtración del test en el año 1969, que obligó a los casi 50 mil jóvenes que la rendían a repetirlo.
El gobierno también reprobó estrepitosamente. Aseguró que estaban las condiciones para dar seguridad a todos los estudiantes en uno de los días más estresantes e importantes de su vida y es lo que le correspondía garantizar como presidente del CRUCH y encargado del orden público.
El violento boicot a la PSU la semana pasada fue una lección prístina de varias cosas:
- Que la normalización de la violencia es un hecho sin vuelta atrás.
Si antes del 18-O advertíamos contra el peligro de haber normalizado la violencia en la Araucanía y en colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, ahora se han extendido los panegíricos de líderes sociales que se asilan en los derechos humanos para justificarla. “Las denuncias contra los organizadores (del boicot a la PSU), invocando la Ley de Seguridad del Estado, son una medida desproporcionada, que no contribuye ni a la reparación del daño ni a la solución del problema de fondo”, dice Consuelo Contreras, consejera del INDH, exhibiendo una vez más la tolerancia a la disrupción violenta el orden. Anulando la debida respuesta de la institucionalidad frente al ataque, ella reivindica el diálogo (¡quién no!), como lo hacen los diversos actores que buscan neutralizar la represión de las conductas violentas. Entre ellas se anota la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien usará su cargo para asegurar que los cabecillas del movimiento ultrista puedan continuar participando en el proceso de selección en que impidieron que otros lo hicieran.
- Que la izquierda se colude con la violencia.
La condenan, por supuesto, pero acto seguido la justifican porque es la manera que tienen de llegar al poder que no alcanzan con los instrumentos de la democracia representativa, como son las elecciones. La senadora DC Yasna Provoste fue más lejos y condenó la violencia del Ejecutivo “al invocar la ley de Seguridad Interior del Estado en contra de menores de edad, en contra de dirigentes estudiantiles”. A su vez, la presidente de RD Catalina Pérez, calificó la medida como una persecución a “la disidencia política” y un amedrentamiento a los adolescentes.
- Que el proceso de degradación institucional que horada nuestra institucionalidad democrática no ha terminado.
Cada día vemos nuevos ejemplos de grupitos de personas que creen que usando los puños, las molotovs o los insultos pueden imponerse y arruinar las reglas del juego democrático. Funas en el parque o golpes a dirigentas políticas, incluso arriba de un avión. Imágenes que disparan con arma al Presidente y a la ministra Marcela Cubillos. Cómo íbamos a pensar que el director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral iba a ofrecerle matrícula inmediata, un “premio apitutado”, a la cara visible del movimiento, Víctor Chafreau. Cómo íbamos a imaginar que se iban a transformar en víctimas los jóvenes que anunciaron en twitter, en conferencias de prensa y alentaron a tomarse los locales, a hacer barricadas, a destruir y quemar las pruebas, a impedir que pudieran rendirla sus pares que se habían preparado para ello. Cómo podríamos suponer que sólo el 57% de los chilenos no aprueba las manifestaciones y tomas de locales para impedir rendir la PSU (encuesta UDD).
- Que en este clima no tiene objeto pensar en un plebiscito para aprobar o rechazar tener una nueva Constitución.
Habría que pensar cómo se salvará a los constituyentes de las funas si los diputados las sufren por parte de los asesores contratados por sus colegas de izquierda y los estudiantes de todo el país, por parte de sus pares. Esa constatación, junto a una actitud de obstrucción al gobierno, es la que llevó la semana pasada a buena parte de la derecha a dar un giro y sumarse al rechazo constituyente que había declarado sólo la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Todos los senadores de RN (salvo Ossandón) y la mayoría de sus diputados, declararon que en este clima de violencia rechazarán el proceso para una nueva constitución, cuestionando la coherencia de la oposición que firmó un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en el Congreso, el 15 de noviembre, pero no ha apoyado ninguna medida para asegurar esa paz. Muy por el contrario, fustiga al gobierno por no controlar el orden público, al tiempo que le cercena las herramientas para hacerlo.
Evópoli, el partido de derecha paladín de la nueva Constitución, también entró en período de reflexión, asegurando el senador Felipe Kast que la oposición no ha generado las condiciones para darle legitimidad al proceso constituyente. El jefe de la bancada de diputados, el diputado Luciano Cruz-Coke, instó a repasar la decisión, constatando que no ha habido apoyo de la izquierda para legislar una agenda social o tomar medidas para aumentar la seguridad en lugares estratégicos. Reprocha también la seguidilla de acusaciones constitucionales a las máximas autoridades encargadas de mantener el orden público, como son el Presidente Sebastián Piñera, su ex ministro del Interior y el intendente de Santiago. Eso, sin mencionar la batería de interpelaciones a los secretarios de Estado, a los que se deja hablando solos en la sala (el jueves apenas 12 diputados de oposición escuchaban al ministro de Hacienda que respaldaron interpelar).
En la medida en que se siga justificando la violencia e impidiendo su represión, seguirán prosperando los caminos anarco violentos de los Víctor Chanfreau, 18 años, experto en funas, incluso a los dirigentes del Frente Amplio, porque él no cree en acuerdos ni en el diálogo. Se declara “fuera de la institucionalidad”. El que su abuelo materno, mirista del mismo nombre y de quien tomó el primer apellido, haya sido detenido y desaparecido en 1974, no justifica que buena parte de la izquierda guarde silencio cuando el nieto llama 45 años después a subvertir por la fuerza el proceso público de admisión a la educación superior. Y que esos mismos políticos lo respalden, a pesar de que ha prometido que volverá a invocar la fuerza para impedir que puedan tomar la prueba a fines de enero a los que se les impidió.
Entre los argumentos razonables para actuar con violencia, está la acusación que la PSU segrega y que nuestra educación es de mercado. Ese diagnóstico puede ser muy compartido, pero no encuentra remedio en romper el instrumento. Sólo mejorar la educación inicial obtendría algún resultado sobre la causa, porque a los cinco años, la brecha ya se manifiesta. Los niños más pobres tienen menos educación y de peor calidad que los hijos de los más ricos.
Pero las masas no razonan y los proyectos del gobierno para reducir las desigualdades de origen tampoco avanzan del primer trámite constitucional. El de sala cuna universal pretende financiar los cuidados a 700 mil niños entre 0 y 2 años, del que hoy disponen sólo algunas trabajadoras. Y el de educación parvularia busca corregir la inequidad entre los menores de 2 a 4 años ampliando y mejorando la oferta, así como focalizando los recursos entre los más vulnerables.
La respuesta de la oposición es no negociar por “diferencias ideológicas profundas”, porque detestan el voucher y la posibilidad de que los padres puedan elegir lo que consideren mejor para sus hijos. Los niños pueden seguir esperando. Y las desigualdades de origen también, porque la educación pública continuará reprobando si en 2020 el Colegio de Profesores repite los más de 60 días de huelgas y paros nacionales que lideró el año pasado y que anunció iniciará nuevamente en marzo.
En este contexto, veremos mucho más de lo mismo…