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Publicado el 13 de julio, 2020

Pilar Molina: La peste en el Congreso

Periodista Pilar Molina

Si la sala de la Cámara aprueba esta semana el proyecto en particular, el golpe mortal final estará en manos del Senado, donde hasta los legisladores más moderados de oposición se cuadraron con “el clamor popular”. Era que no, ¿existe algún país en el mundo donde cotizar sea voluntario?

Pilar Molina Periodista
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No hay ninguna razón, ninguna, que justifique el retiro de los ahorros para jubilar de las AFP desde el momento en que el gobierno ofreció beneficios  adicionales para la clase media que son superiores a los que se obtendrían del zarpazo. Nuestros diputados, sin embargo, hicieron caso omiso de la oferta por varios miles de millones de dólares en créditos, subsidios y avales, y toda la oposición (con la única excepción de Pepe Auth), más 9 de RN y 4 de la UDI, decidieron aprobar la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos. Los del PC y del Frente Amplio lo justificaron para propinarle un golpe mortal al sistema y los otros, con que es un clamor popular.

Este Parlamento simula escuchar “el amplio respaldo popular a la medida”, pero es sordo a que esa misma ciudadanía lo evalúa en el último lugar entre todas las instituciones de la República y quiere que se vayan todos para la casa. Su degradación empeoró con el nuevo sistema electoral. Fue advertido que la fragmentación de las fuerzas no iba a mejorar la representatividad, sino que iba a dificultar el gobierno, lo que se ha hecho patente con la proliferación de partidos y 35 diputados electos con menos del 5% (muchos, con el 1%), entre los que campean las posturas de izquierda radical que extreman el debate en el hemiciclo. Son los que ponen la música a la oposición y como se vio la semana pasada, también a personeros del oficialismo.

Legislan, sin embargo, con una falta de conocimiento y expertise que para los pelos. No sólo es deplorable su técnica legislativa (algunos padecen de infantilismo intelectual) sino que no se arrugan para usar triquiñuelas para infringir la Constitución. Para sortear la inadmisibilidad de un proyecto sobre una materia exclusiva del Presidente, la seguridad social, recurrieron al resquicio de disfrazarla de reforma constitucional que, de aprobarse, no puede ser inconstitucional. Y bajaron el quórum que conlleva una norma de ese tipo del 66 al 60 por ciento con otro resquicio, esto es, que se trata de una medida transitoria, desnaturalizando así el sentido del ordenamiento constitucional.

No se ponen rojos, porque seguramente la mayoría no entiende de qué se trata, como tampoco comprende que debieran estar legislando de una vez la reforma previsional que es urgente para elevar los ahorros para la vejez. En vez, los achican y pretenden cambiar el sistema a través de un mamarracho inviable que ordena al Ejecutivo, sin tener las facultades para ello, crear un organismo supuestamente solidario que administrará los recursos que provean el Estado y los empleadores para devolver lo que los afiliados retiren ahora.

Probablemente pocos diputados entienden la insensatez de proponer que el Fisco devuelva con platas de todos los beneficios que retirarán los más ricos (que son los únicos que podrán sacar el tope de 4,3 millones de pesos) y que parece un chiste subir la cotización a los empleadores cuando 2,2 millones de personas han dejado de trabajar producto de la pandemia. Tampoco considera que uno de los obstáculos para hacer una reforma previsional “en serio” es que hay que subir la cotización previsional en 6 puntos porcentuales, lo cual encarece y desalienta el empleo.

Posiblemente no les influyó para aprobar la idea de legislar saber que se trata de una medida altamente regresiva que ha sembrado expectativas de humo entre los 11,4 millones de afiliados al sistema que se ilusionan con que caiga plata del cielo. No hay que olvidar que el 30% de los trabajadores son informales, precisamente los más vulnerables, y que muchos han cotizado alguna vez, pero por períodos muy breves. Eso explica que casi 3 millones de afiliados deberán retirar todos sus fondos sin alcanzar ni la mitad del monto mínimo autorizado de un millón de pesos, y otros 4,7 millones de trabajadores podrán obtener el millón de pesos,pero retirando mucho más que el 10%, porque tienen saldos inferiores a los 10 millones de pesos. Apenas 700 mil cotizantes podrán sacar de sus cuentas el tope máximo de 150 UF o 4,3 millones de pesos, y lo harán todos, sin duda, porque para hacer aún más regresiva la medida, los honorables resolvieron que el rescate será sin comisión ni impuestos a la renta.

Menos dable aún sería esperar que los legisladores entendieran cómo esta extracción masiva de recursos para la vejez golpeará a los que tienen jubilaciones con retiro programado, a los que están por jubilar y a todos los trabajadores con contrato. ¿Entenderán que el valor de los fondos caerá fuerte cuando las AFP tengan que salir a liquidar inversiones por US$18 mil millones que Hacienda calcula sería el monto total de retiro de las AFP?

Capaz que muchos de los diputados ni siquiera caigan en cuenta que están emulando la situación de Perú, que se ha convertido en un país de “ancianos sin jubilación”. Gracias a la creatividad similar de sus parlamentarios, los peruanos han extraído un tercio del fondo de pensiones desde la primera medida en 2016.  En Chile, después del estallido de octubre, que disparó sin piedad a las AFP, hubo un record histórico de retiros del APV.  Y cada intento de apropiación o manotazo, al estilo de Kirchner en Argentina, es un incentivo a trabajar informalmente, cotizar por el mínimo y olvidarse de mejorar las pensiones por la vía del ahorro voluntario. A rascárselas solo y que después el Fisco se haga cargo.

Si la sala de la Cámara aprueba esta semana el proyecto en particular, el golpe mortal final estará en manos del Senado, donde hasta los legisladores más moderados de oposición se cuadraron con “el clamor popular”. (Era que no, ¿existe algún país en el mundo donde cotizar sea voluntario?) Sólo faltan dos votos del sector oficialista. Nada difícil de obtener y consagrar así que en vez de mejorar las pensiones, los políticos se inclinan históricamente, porque también lo hicieron en el pasado, por asegurar la pobreza en la vejez a los mismos que dicen querer proteger.

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