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Publicado el 27 de enero, 2020

Pilar Molina: La pérdida del sentido común

Periodista Pilar Molina

Los chilenos tenemos que hacer un esfuerzo por volver a definir aquellos valores y bienes jurídicos mínimos que queremos compartir y garantizar a todos. Por el camino que vamos, sólo nos vamos alejando de una idea de bien común compartida y nos distanciamos sin ninguna vergüenza del sentido común.

 

Pilar Molina Periodista
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Lo peor de estos largos períodos de deterioro del orden público es que se va perdiendo el centro y empezamos a oír y a tolerar todo tipo de disparates: acciones y dichos que en circunstancias “normales” serían rechazadas, reprimidas y sancionadas. Hoy, en cambio, se corre el eje progresivamente, alejándonos cada vez más del sentido común, que debiera estar representado por el deber ser que inspira el orden jurídico e institucional.

Se está repitiendo la PSU a un alto costo para las decenas de miles de estudiantes que no pudieron rendirla porque les arrebataron las hojas de respuesta o les impidieron acceder a las sedes con barricadas y violencia. El Estado está financiando el gusto que se dio el grupo de secundarios, aunque mayores de edad, de la ACES, de boicotear el examen a nivel nacional. La cabeza más visible de esta asonada, Víctor Chanfreau, hizo convocatorias públicas a volver a movilizarse hoy y mañana. Increíble que tenga prensa para vociferar sus intenciones, pero más insólito aun es que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentara un recurso de protección defendiendo el derecho a repetir la prueba de estudiantes que fueron excluidos del proceso por el DEMRE porque no devolvieron las pruebas al término o participaron en actos para entorpecer o impedir el desarrollo del proceso de admisión.

Como si este caso no presentara claros ribetes de ilegalidad para cualquiera que tenga un poco de sentido común, los penalistas opinan divididos acerca de si boicotear un proceso público de acceso a la educación superior, usando la violencia y otros medios, es o no un delito. Esto no había ocurrido nunca antes, pero con tanta mano blanda y justificaciones, no hay duda que será una alternativa para los que no les gusta ser evaluados para continuar a la educación superior.

Otro hecho memorable la semana pasada fue ver a la DC equilibrando el respaldo a la acusación constitucional contra el intendente de Santiago con el apoyo a la reforma previsional. Tratando de disculpar este apoyo a un proyecto del oficialismo, se escucharon frases como la del diputado Miguel Ortiz: “Desde un punto de vista constitucional no estoy a favor, pero desde un punto de vista político, sí.. Y como soy político, voy a aprobar”. ¿Tenemos que entender, entonces, que la política significa transgredir la Constitución a la que juró lealtad y que el diputado prefiere traicionar sus deberes y convicciones antes que ser acusado de “amarillo” por sus socios de izquierda?

Las manifestaciones no autorizadas que terminan siendo una exhibición de violencia y primitivismo en Plaza Baquedano nunca debieran ser permitidas, por eso sorprende que el acusado intendente se disculpe, aunque se entiende su temor al juicio implacable de la izquierda.

Otras incoherencias dejaron al descubierto el libelo contra el intendente Felipe Guevara, a quien acusaron de vulnerar la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad por su responsabilidad en que Carabineros usara la estrategia de copar preventivamente la Plaza Baquedano. La acusación en sí es insólita y no sostenible, porque desplegar fuerzas públicas para impedir que vándalos perpetúen la toma violenta de sectores emblemáticos de Chile no puede ser nunca una falta y menos una acción inconstitucional. Lo ilegal podría ser que en el enfrentamiento con el lumpen-narcos y ultristas, los uniformados cometieran delitos. Pero esa no fue la imputación y de ella tampoco se desprende la responsabilidad del intendente, a cargo del orden público.  Aun así, vimos al propio acusado pidiendo disculpas por haber utilizado en un tuit la frase “tendremos tolerancia cero con manifestaciones no autorizadas en bienes nacionales de uso público”. Si pidió perdón, ¿qué debió decir? Las manifestaciones no autorizadas que terminan siendo una exhibición de violencia y primitivismo en Plaza Baquedano nunca debieran ser permitidas, por eso sorprende que el acusado intendente se disculpe, aunque se entiende su temor al juicio implacable de la izquierda. No creo que entiendan ese arrepentimiento los vecinos que viven hoy en una zona degradada desde todo punto de vista.

Por último (porque los ejemplos son abundantes) el rector de la Universidad estatal más importante del país, la Chile, ofreció al juez español Baltasar Garzón un doctorado honoris causa. ¿Es que al rector Ennio Vivaldi no le importa para el prestigio de su universidad para dar la más alta distinción a un juez que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación y que ha cobrado fama por perseguir dictadores de derecha y defender dictadores de izquierda?  ¿Qué se puede esperar de la conducción universitaria de quien utiliza la amistad ideológica como criterio de distinción académica?

Los chilenos tenemos que hacer un esfuerzo por volver a definir aquellos valores y bienes jurídicos mínimos que queremos compartir y garantizar a todos. Tenemos que acordar si la violencia como instrumento de cambio político es siempre mala o sólo cuando se aplica a un sector. Si el respeto por la institucionalidad es sólo cuando un grupo ideológico está en el poder o siempre. Por el camino que vamos, sólo nos vamos alejando de una idea de bien común compartida y nos distanciamos sin ninguna vergüenza del sentido común.

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