El destino de este gobierno está en manos del socialismo democrático. Está claro que el Presidente Boric y sus aliados del Partido Comunista y el Frente Amplio no serán capaces de romper con su identidad y su memoria, donde se relativiza la violencia, el concepto de delincuencia y de bien común. 

Solo que ahora en el poder no pueden dejar de mirar con una cierta complicidad a todos aquellos que conspiran en contra del Estado de Derecho. O bien les inhibe enfrentarlos porque ellos mismos, antes de llegar a La Moneda, agradecieron a “los cabros” por saltarse los torniquetes del Metro, declararon Temucuicui como “territorio liberado” o emplazaron a los militares que custodiaban la calle. 

Quien tendrá que rescatar el concepto de bien común y restablecer el orden público es la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, PPD, junto a su subsecretario PS, Manuel Monsalve. Pero lo difícil, si no imposible, será que obtengan el piso, del mismo Presidente, para actuar y responder frente a la preocupación más sentida de la ciudadanía por lejos: el combate a la delincuencia y el narcotráfico (42% en Criteria de septiembre).  

La ministra Tohá citó a una reunión especial en La Moneda el jueves, luego de tres días de inusitada violencia por parte de escolares del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), al que se sumaron los de Confederación Suiza ese mismo día. No le pidan a los rectores solucionar el tema; tampoco a la alcaldesa de Santiago, sostenedora de estos colegios, que ha sido más que ambigua frente a la delincuencia de los estudiantes y los overoles blancos, que ya han quemado 48 buses del Transantiago como si nada (32 el año pasado). Menos le pidan atajar estos desbordes a los militares de la unidad de Santo Domingo, colindante con el INBA. Los uniformados se defienden con agua y subiendo los muros a 5 metros de los ataques juveniles que suman casi 70 desde marzo. Observan a los escolares fabricar las bombas molotov que luego les tiran, como también fuegos artificiales, pero ellos tienen las famosas RUF (reglamento del uso de la fuerza) que habla de respuestas “proporcionales”. En términos prácticos, eso significa que hagan el ridículo, porque ni siquiera sería admisible que como acción espejo les tiren bombas molotov de vuelta a los agresores.

Se acerca el aniversario del 18 de octubre y ¿con qué herramientas cuenta la ministra para hacer la diferencia en un gobierno que sucumbe frente a la delincuencia? ¿Para qué reconstruir el Café Literario en Providencia o repintar los muros en Valparaíso si volverán la destrucción y los rayados? ¿Para qué desgastarse en operativos como el que se inició hace cuatro meses en Meiggs, si apenas desapareció el grueso contingente de carabineros volvieron los toldos azules a inundar las calles aledañas con su estela de informalidad y delitos?

Si no se rompe el desequilibrio que durante el gobierno pasado se impuso entre la delincuencia y su represión, sólo continuará empeorando la situación que elevó al 59% los comerciantes que han sido víctimas de fechorías en el último semestre (48% en el segundo semestre de 2021). Asimismo continuará aumentando el registro de evasores del Transantiago, donde ya figuran 10 mil que no pagan las multas. Total, siempre hay excusas para infringir la ley y llevamos años escuchándolas de los que están ahora en el poder y antes le quitaron la legitimidad para actuar a la fuerza pública.

Sin duda que la ministra ha tratado de marcar la diferencia dentro del Ejecutivo. Y partió a la Araucanía, donde se reunió también con las víctimas. La CAM desafió su visita del viernes y sábado pasados incitando a continuar con los atentados y las “ocupaciones productivas” (usurpaciones de campos). Pese a que su líder Héctor Llaitul está detenido desde agosto, resuenan los ecos de la reciente frase del Presidente Boric que dificultan las soluciones: “Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

Tohá también viajará al otro frente delicado, el de la migración, el próximo miércoles. La acompañará el Mandatario a Antofagasta, lo cual no significa hacerse cargo de que el gobierno terminó con la política de expulsar a quienes entren ilegalmente al país. La excusa es la necesidad de una nueva ley, que aún no envía a trámite legislativo, mientras en paralelo parece centrar sus esfuerzos administrativos solo en redistribuir por el resto del territorio nacional a quienes ingresan clandestinamente a Chile.

No será fácil para la dupla Tohá-Monsalve romper con la inercia de declaraciones grandilocuentes, las querellas y las condenas que tienen nulo efecto práctico. Seguiremos sacando las estatuas del general Baquedano de la Plaza Italia, en vez de ser capaces de asegurar su respeto. Mientras no se reinstale que en Chile se reprime el delito, sin excepciones, nada evitará que sigamos deslizándonos a la barbarie donde triunfa el que usa la fuerza bruta, el que destruye, el informal, el que amenaza y el que se salta las normas y los torniquetes. 

Pero antes que todo, hay que convencer a la coalición en el poder, Apruebo Dignidad, de la necesidad y urgencia de reinstalar el Estado de Derecho. Y esa es la difícil misión del socialismo democrático, personificado en la ministra Tohá. Si no lo logra, toda su acción será en vano y no marcará ninguna diferencia en el descalabro al que transitamos sin pausa.

*Pilar Molina es periodista.

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