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Publicado el 16 de diciembre, 2019

Pilar Molina: La apuesta por la derrota total

Periodista Pilar Molina

Una cosa era transformar el mayor estallido de orden público que hemos vivido en un caso de violación de los DDHH por parte de Carabineros, pero ahora el discurso de la izquierda va evolucionando a que el responsable de la violencia también es el Presidente, porque su mal manejo de la situación sería lo que avivó la destrucción y el caos.

Pilar Molina Periodista

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La oposición está extremando su postura post crisis. Lo lógico o esperable es que después del reventón que comenzó como violencia extrema de incendio de las estaciones del Metro y saqueos de supermercados, el sector político reflexionara sobre cómo mejorar el país y respondiera a las demandas sociales frente a problemas concretos, que después de una semana cristalizaron en la masiva marcha del viernes del 25 de octubre. Eso era lo atendible porque, entre tanto diagnóstico, es razonable pensar que los chilenos quieren más rápido mayor bienestar y que no los conforma tener los mejores indicadores de desarrollo humano de América Latina, comparables con los de las naciones desarrolladas de Europa.

El reporte de la semana pasada del PNUD sorprendió porque Chile continúa primero en la región, a pesar de la fuerte caída del crecimiento desde que asumió Michelle Bachelet su segundo gobierno socialista. El informe pone el foco de nuevo en que las personas sienten desigualdad de trato, lo cual puede asociarse a la percepción de un maltrato en los servicios de salud y que la educación pública que reciben es de peor calidad, justamente servicios de provisión estatal. Pero esta percepción, a lo cual hay que agregar la conciencia de vivir en barrios segregados, no invalida que Chile está en el lugar 42 entre 189 naciones, y que cuando se ajusta el índice por desigualdad sigue estando entre los 50 con mejores indicadores de desarrollo humano.

Sin duda que las manifestaciones pacíficas dieron pie a la expresión de una corriente violenta anarco y de extrema izquierda que supieron aprovechar los delincuentes y narcos de Chile para convertir las ciudades y las calles en un teatro de enfrentamiento con la policía, mandatada a mantener el orden público e impedir la destrucción de los espacios comunes y la propiedad privada. Para avivar la anomia, se sumaron los grupos de interés como los camioneros, No + TAG y No + AFP con un elenco de funcionarios públicos y docentes, además de estudiantes, en permanente movilización, y paralización de servicios, colegios y universidades.

La mayoría admite que la policía no estaba preparada para enfrentar las turbas agresivas, sin las herramientas adecuadas, lo cual terminó en un frente a frente superados en número por los delincuentes y en el uso indiscriminado de herramientas como la escopeta anti disturbios. Los daños han sido graves. Según reporte al 6 de diciembre del INDH, hay 352 personas con heridas oculares durante las protestas, de las cuales 21 sufrieron estallido o pérdida del globo ocular, lo que no implica necesariamente que perdieron la vista. La cifra de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador, a donde llegan pacientes graves, reporta menos casos de heridos: 254, de los cuales 17 perdieron la visión en un ojo, pero no considera al menos dos casos graves que quedaron ciegos y fueron atendidos en clínicas (Gustavo Gatica  y Fabiola Campillay).

El PC no esperó los desbordes policiales en la represión de la violencia que tiene a 1.700 carabineros lesionados. Pidió la renuncia del Presidente el día uno y durante todo el período ha procurado botar este gobierno levantando el tema de las violaciones a los derechos humanos. El Presidente reconoció uso excesivo de la fuerza (17 noviembre) e invitó desde el inicio a observadores extranjeros y dispuso facilidades para que el INDH pueda actuar en terreno, garantizando además la persecusión penal de los abusos y delitos de la policía.  El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos incluso “reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación, incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.

Pero el PC y buena parte del Frente Amplio y también de la ex Nueva Mayoría, negando la buena fe de La Moneda, se han escudado en la defensa de los derechos humanos para alimentar  solapadamente la violencia y justificar la presentación de querellas y acusaciones constitucionales. La crispación ha subido de tono y el jueves pasado hubo una verdadera funa a los 4 diputados DC (más dos independientes) que hicieron caer la acusación política contra el Presidente. Querían replicar el éxito que tuvieron con el libelo contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, a quien imputaron acciones (sin prueba) e inacciones (que no necesitan probarse) para impedir la violencia contra los manifestantes. Las diputadas comunistas Camilo Vallejo y Carol Cariola protagonizaron una verdadera funa contra los 4 parlamentarios DC que votaron en contra de la acusación, amenazaron al actual ministro Blumel, a quien también le tocará su turno para responder por la “impunidad” frente a delitos que catalogan de “lesa humanidad”, advirtiendo que al Presidente “no lo vamos a dejar dormir tranquilo”.

Una cosa era transformar el mayor estallido de orden público que hemos vivido en un caso de violación de los DDHH por parte de Carabineros, pero ahora el discurso de la izquierda va evolucionando a que el responsable de la violencia también es el Presidente, porque su mal manejo de la situación es lo que avivó la destrucción y el caos. Y citan como prueba que dijera el 19 de octubre, al calor del vandalismo desatado, “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

La política es sin llorar, pero la violencia con que actúa hoy parte de la izquierda es peor que la de los delincuentes que saquearon e incendiaron todo a su paso. Estos querían robar, esta oposición vociferante, en cambio, encuentra el foco para unirse en destruir la democracia, funando a los que no votan alineados en sus acusaciones y promoviendo como asesores a funcionarios que insultan y agreden desde las tribunas a los parlamentarios. Al mismo tiempo que privan al Ejecutivo de herramientas para mantener el orden público y le rechazan la agenda legislativa para dar respuesta a las demandas sociales, tildándolas de “migajas”, lo responsabilizan de no haber sabido controlar el orden público y de ser causa de la violencia posterior. Sólo les falta cerrar el círculo acusándolo asimismo de ser él el origen del estallido.

A la izquierda no le está rentando, sin embargo, esta estrategia de convertir en victimarios a las autoridades cuyo primer deber es asegurar el Estado de derecho, lo cual presupone arbitrar los mecanismos para mantener el orden público. Mientras Chile Vamos tiene un tiene 22% de aprobación (Cadem), el Frente Amplio y la oposición (DC, PS, PPD, PR) bajan al 15% y el PC, al igual que el Congreso, obtienen un magro 11%.  En contraste y después de todo el clima de opinión pública creado en contra de Carabineros, esta es la quinta institución mejor evaluada, muy por lejos de sus acusadores, con un 35% de aprobación.

Lo preocupante de esta estrategia inútil de legitimarse a costa del Gobierno es que el precio puede ser terminar con el sistema democrático, como ya sepultaron al Instituto Nacional.

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