Qué rápido se le ha vuelto la tortilla al Gobierno. Chile se ahoga en inseguridad; el temor llega a niveles históricos; sobre el 60% cree que la delincuencia debiera ser la primera prioridad del Ejecutivo. Los alcaldes protestan por la desprotección y cierran los accesos a sus comunas. Aunque el Mandatario enfrenta su 66% de desaprobación ofreciendo ser un perro frente a la delincuencia, la máquina del Estado ya no funciona y, si lo hace, es al revés: cobra multas millonarias al vecino que pinta los graffitis y aunque no es capaz de proteger la propiedad de los agricultores del sur, les saca a remate los predios que fueron usurpados y quemados hace años por no pagar las contribuciones. Cobra impuestos y quiere subirlos, pero no impide el comercio ilegal, los asaltos a trenes con cobre o a camiones con salmones. 

Estamos bien cerca de un Estado fallido y aunque, vemos al Presidente preocupado, la pregunta es si el gobierno será capaz de recuperar el orden y el Estado de Derecho que contribuyó a minar. No sólo no aprobaron ninguno de los proyectos que le daban mayores atribuciones al Ejecutivo para perseguir la delincuencia y el terrorismo, sino además, para proteger la violencia política, convirtieron la represión del delito en una violación a los DDHH. El ambiente “mata pacos” produjo el efecto de pasto seco para el combustible del narcotráfico y las bandas criminales.

Estos días hemos visto un cambio de actitud sorprendente en personeros del socialismo democrático de la coalición oficialista. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien hasta el año pasado, como diputado, votó en contra de todas las medidas para fortalecer el orden público, fue el primero en intentar romper el slogan de la “proporcionalidad” de la respuesta policial. «No que se vaya a usar el mismo nivel de fuerza, sino que justamente la policía tiene que usar un nivel de fuerza superior para reducir y controlar a quien está cometiendo el delito”. La ministra del Interior Carolina Tohá  (de las primeras en considerar como protesta legítima la toma violenta de los colegios) fue más allá, rechazando la creencia de grupos, indicó, que creen que cada vez que Carabineros “emplea la violencia, usa la fuerza, está violando los DDHH”. Eso no es así, indicó, reivindicando el derecho a detener delincuentes y a defenderse de los uniformados.

En el ambiente de impunidad a la violencia, la administración de Sebastián Piñera contribuyó a instalar el dogma del uso proporcional de la fuerza cuando modificó el reglamento sobre el uso de la fuerza (RUF) por parte de la policía en marzo de 2019. En medio de las acusaciones de violaciones masivas y sistemáticas a los DDHH por parte de la izquierda, el nuevo reglamento estableció 5 principios para el uso de la fuerza y 5 niveles en los cuales un policía puede aplicarla, convirtiéndolo en una tarea compleja, si no imposible. La circular 1.832 consagró el equilibrio entre la fuerza policial y la acción del delincuente en la práctica y limitó el uso de armas letales como «una medida extrema, aceptable sólo en circunstancias excepcionales que supongan un peligro inminente de muerte o lesiones graves para el Carabinero o para cualquier otra persona». 

Cuando no se comprueba ese daño, porque antes el carabinero se defiende, siempre puede considerarse abuso policial hasta la legítima defensa. No hay que olvidar que ya en el poder, en marzo, cuando un carabinero disparó su arma tras ser golpeado en el suelo por un grupo, La Moneda, ignorando la golpiza previa, se precipitó a calificarlo de “extrema gravedad” y abandonaron raudos Cerro Castillo un par de ministros para visitar al herido y se encargaron de recordar la importancia de que “la labor de resguardo del orden público siempre esté acompañada de la protección de derechos humanos de las personas”. Eso dijo muy preocupada la vocera Vallejo y varios ministros hicieron eco de la gravedad. La que fue más lejos fue la de Bienes Nacionales que recordó por twitter: “refundar Carabineros es prioridad de nuestro Gobierno”.

En este contexto estaba cantado que no iba a funcionar el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022-2026) que anunció el Presidente el 30 de junio en Arica. Por eso la ministra Tohá anunció un nuevo “acuerdo nacional en seguridad de aquí a fin de año”, pero solo lo va a concretar donde hay acuerdo: el narcotráfico y el crimen organizado. 

Ese desacuerdo en la coalición gobernante vuelve inviable avanzar. Y será imposible la tarea de restablecer el orden perdido si antes no se le devuelve la legitimidad a la acción represiva del Estado, que permitiría empezar a contratar los 10 mil carabineros que se calcula faltan. Para ello tiene que haber antes un sinceramiento real al interior de la coalición de gobierno, que restaure el monopolio del uso de la fuerza del Estado frente a todos los tipos de delitos, desde el ingreso ilegal al país al narcotráfico. Sin distinción.

El martes pasado el Ejecutivo renovó por décima vez el estado de emergencia en las provincias de Arauco y Biobío y la Región de la Araucanía. Mientras la Multigremial solicita un estado de emergencia “completo y verdadero”, que le permita actuar a las FFAA y no sólo apoyar a las policías, Tohá ofrece una nueva versión que no restringiría las libertades de desplazamiento y reunión, como ahora, y que le ahorraría pedir la prórroga quincenalmente al Congreso, porque se establecería por 60 días.

No pretenda el gobierno mejorar la crisis de seguridad en el sur quitándole atribuciones a las FFAA. Mientras sectores del oficialismo (del PC y del Frente Amplio) continúen relativizando el orden público y la seguridad de la población con la prioridad de los DDHH de los victimarios, no funcionará ningún nuevo plan de seguridad pública. Ni aunque llegaran a pedir disculpas por sus anteriores tuits en contra de Carabineros.

*Pilar Molina es periodista.

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