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Publicado el 10 de septiembre, 2018

Pilar Molina: El sentido común extraviado  

Periodista Pilar Molina

No se trata de desproteger los derechos de los niños, sino que no haya impunidad, sobre todo frente a los actos vandálicos.

Pilar Molina Periodista

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¿Dónde está el sentido común para entender que se tenga que dictar una ley para que los colegios puedan expulsar o cancelarle la matrícula a estudiantes que sean sorprendidos con armas, por agresiones físicas graves contra miembros de la comunidad o que lancen artefactos explosivos o bombas? ¿Por qué se necesita una ley si cualquiera de esas conductas en cualquier colegio gratuito, particular subvencionado o particular pagado de Chile o la China es intolerable?

 

Lo que ocurre, señalan desde los colegios asediados por la violencia, es que hay temor porque reina la impunidad y hoy se puede expulsar a los alumnos por hechos graves, pero es muy difícil, y los padres recurren rápidamente, y por cosas menores, a la Superintendencia de Educación y al Ministerio Público. Lo único que pretende este proyecto de ley que anunció la Ministra Marcela Cubillos para la próxima semana es que los padres tendrán cinco días hábiles, y no 15, como actualmente, para apelar una notificación por escrito de expulsión y que el alumno no podrá continuar asistiendo a clases mientras el proceso está en curso. Es que debe ser duro para un grupo de profesores y el rector del Instituto Nacional que los encapuchados con overoles blancos que les rociaron  bencina unos días atrás cuando estaban en una jornada de recuperación de clases vuelvan al día siguiente como si nada. Suponiendo que lograran identificarlos.

 

¿Dónde está el sentido común para haber llegado a una situación de hipertrofia de derechos y desconfianza tal, que impide que los colegios resuelvan internamente los conflictos? Han ido perdiendo atribuciones, alegan los directores, tienen cada vez más reglas y todo termina en la Superintendencia o en los tribunales. No se trata de desproteger los derechos de los niños, sino que no haya impunidad, sobre todo frente a los actos vandálicos.

 

El alcalde Alessandri ha solicitado la nueva ley para expulsar por hechos graves y la calificó como “el sentido común puesto por escrito”.

 

La ley aprobada por la Nueva  Mayoría en enero de 2015 que terminó con la selección, el lucro y el financiamiento compartido incluyó cláusulas que limitan excesivamente aplicar sanciones drásticas a alumnos que alteren la convivencia escolar. Ello también ha contribuido al clima de impunidad y a que nos hayamos acostumbrados a ver al alcalde Felipe Alessandri protestando por la violencia en los colegios emblemáticos de la comuna de Santiago. Él ha solicitado la nueva ley para expulsar por hechos graves y la calificó como “el sentido común puesto por escrito”. El edil dice que hay una escalada violentista en algunos de sus colegios, lo cual lo llevó a instaurar el “rompe paga” y a cerrar el Liceo Amunátegui, luego que los alumnos quemaran parte de sus instalaciones en medio de una toma. Alessandri añade que 400 estudiantes han abandonado durante el primer semestre de este años sus liceos por el clima de violencia imperante; 221 de ellas, del Liceo 1 Javiera Carrera.

 

Pero sólo 12 alumnos han sido expulsados, o habría que decir “trasladados”, porque el Mineduc debe proceder de inmediato a reubicarlos en otro establecimiento. Es fácil entonces entender que la sensación de impunidad haya convertido algunos liceos en focos de violencia para los vecinos que deben habituarse a ver tanquetas en sus inmediaciones y a sufrir el agua y los gases de las fuerzas especiales cuando se producen actos de vandalismo. Es lo que ocurre con los vecinos del Darío Salas y lo que pasó días atrás en el Liceo de Aplicación, donde alumnos hacían barricadas y lanzaban objetos a la calzada y recibieron a carabineros atacándolos con bombas molotov. Fueron detenidos dos adolescentes, uno encapuchado y el otro de overol blanco.

 

Es lo que “la lleva”, comprar overoles blancos en 3 mil pesos o menos y atacar en grupo en cámara rápida. Unos portan las bombas, otros las lanzan, un tercero vigila. Así pierden la culpa y la conciencia de sus actos, explican desde Carabineros. Esta imaginativa técnica del máximo daño en el menor tiempo y con overoles blancos sólo puede continuar expandiéndose. Ya han lanzado las mismas bombas molotov para tratar de quemar la Iglesia de la Gratitud en la Alameda, en agosto del año pasado, y a un bus del Transantiago, en octubre, del cual hicieron descender los pasajeros antes. Vieron salir a los jóvenes autores del Liceo de Aplicación, según publica la prensa.

 

Los menores tienen derecho a educación gratuita, de calidad, inclusiva, respetuosa de sus derechos humanos. Puede que tengan mucha rabia y sientan que tengan muchos más derechos no debidamente satisfechos, pero por el camino de las tomas, los paros, la destrucción de los establecimientos, la agresión a los profesores, ¿estarán mejor ellos y los demás? Si hasta celebramos el año pasado, como algo extraordinario, que el Instituto Nacional, por primera vez en 10 años, terminara las clases en diciembre. ¡Fue noticia! También hubo tomas, pero menores, y perdieron la excelencia y el bono para sus profesores, pero por primera vez en varios años volvió a ser el colegio con mayor número de puntajes nacionales en la PSU. Si la generación anterior, la de 2016, había perdido un año de clases entre 7º y 4º medio, ¿cómo iba a poder estar entre los top 100? De hecho, ese año, el emblemático liceo salió del ranking de los 100 mejores. Y por primera vez en su historia. Es que tampoco antes se había hecho tanto para desde una parte de la izquierda convertir el mérito (para acceder al liceo) en culpa (por haber sido seleccionado).

 

Por el camino que vamos, no hay luz al final. Hay liceos que han hecho protocolos de marchas (cómo deben salir a las calles) y se cuenta de otro que hizo un protocolo para las tomas… Parece que el más común de los sentidos se olvidó.

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

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