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Publicado el 01 de abril, 2019

Pilar Molina: El llanto tardío por la gratuidad

Periodista Pilar Molina

Es de no creer que los rectores de las universidades sigan exigiendo recursos públicos cuando adhirieron voluntariamente la controvertida política de la gratuidad, que se les advirtió, tal como está ocurriendo, redundaría en menos recursos, dificultades para financiar la investigación y finalmente, en menor calidad.

Pilar Molina Periodista
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Los rectores de las universidades estatales y privadas que adhirieron a la gratuidad en 2016 están en pie de guerra con el gobierno. Lo amenazan descaradamente que si no les resuelve el déficit que les genera esta política aprobada por Michelle Bachelet, tendrá que enfrentar “la calle”. Lo curioso es que todos sabían que al reemplazar el aporte de los alumnos que pertenecen hasta el sexto decil por un menor gasto público iban a tener pérdidas. No hay ninguna sorpresa y las estimaciones de déficit si se llega a la gratuidad universal son de 600 millones de dólares anuales para los planteles, mientras el costo para los contribuyentes, de 3 mil millones de dólares, según cálculos de expertos.

La misma ley, que se aprobó a fines del gobierno anterior tras una larga y compleja discusión, estableció la gratuidad por el tiempo de duración formal de las carreras. Y ahora los rectores se muestran sorprendidos que tengan que financiar ellos el arancel el primer semestre adicional. Luego tienen que costearlo los alumnos, para lo cual cuentan con créditos subsidiados y contingentes al ingreso. Es decir, los pagan en función a sus remuneraciones y en condiciones blandas. El rector de la Universidad de Chile llegó a calificar de “crueldad” quitarle la gratuidad a quienes repitan ramos, a pesar de que sabía que esta situación se iba a producir porque los alumnos reprueban en promedio uno de cada cinco ramos y la tasa es mayor en las carreras y planteles menos selectivos. Es de no creer que sigan exigiendo recursos públicos cuando adhirieron voluntariamente la controvertida política de la gratuidad, que se les advirtió, tal como está ocurriendo, redundaría en menos recursos, dificultades para financiar la investigación y finalmente, en menor calidad.

La sola gratuidad, que beneficia únicamente al 29 por ciento de los estudiantes de educación superior, se adjudica anualmente 1.430 millones de dólares del presupuesto público.

Y más insólito es que exijan ahora al Estado 57.750 millones de pesos para financiar a los 27.549 alumnos que perdieron la gratuidad este año por atrasarse en sus carreras. El gobierno ha sido claro en que hay un tema ético en continuar entregando recursos a la educación superior cuando los aportes a ésta ya aumentaron en casi un 60 por ciento entre 2015 y 2018 versus 11 por ciento para la educación preescolar. La sola gratuidad, que beneficia únicamente al 29 por ciento de los estudiantes de educación superior, se adjudica anualmente 1.430 millones de dólares del presupuesto público. Y el tema del acceso a quienes no pueden pagar está más que logrado, según los estudios y, en lo grueso, se había conseguido antes de esta política, a través de las becas y créditos blandos financiados por el Estado.

Lo que está pendiente, en cambio, es que por razones académicas (no económicas) muchos alumnos vulnerables tienen problemas de acceso y el gobierno está enfocado en poner los recursos en la etapa en que se generan las brechas, la preescolar, donde sí hay problemas de cobertura, porque uno de cada dos alumnos vulnerables no asiste a jardines infantiles, según la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Con la misma plata que exigen los rectores para costear el alargue de la gratuidad, el Estado puede financiar la mitad del proyecto que creará una subvención parvularia para 132 mil niños que está en trámite en el Congreso, ha indicado la ministra entre otros usos alternativos de ese dinero. Es ahí donde se puede igualar la cancha y no en la universidad, como parecieran desear los rectores.

En verdad las máximas autoridades universitarias no se han hecho cargo que la situación de sus planteles con gratuidad continuará deteriorándose con esta política que adhirieron, algunos con servilismo, a pesar de los múltiples cambios e improvisaciones durante su tramitación legal. Pero en vez de seguir clamando por más recursos, lo cual es injusto con todos los chilenos que tienen necesidades más urgentes, debieran abrirse a acotarla e introducir cambios que hagan sostenible la gratuidad en el largo plazo.

FOTO: HANS SCOTT /AGENCIAUNO

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