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Publicado el 02 de marzo, 2020

Pilar Molina: El Estado en retirada

Periodista Pilar Molina

Las fuerzas opositoras más críticas de lo que fueron los gobiernos de la Concertación, con miras a imponer sus proyectos ideológicos, amparan una violencia que no controlan y que más temprano que tarde, se volverá contra ellas. El ataque a Jadue, como también a la tumba de Gladys Marín, son apenas botones de muestra de lo que probablemente se multiplicará (…). Hoy prima un grupo, pero todo augura que con un Estado ausente otros los saldrán a enfrentar, y la violencia derivará en un enfrentamiento entre civiles.

Pilar Molina Periodista

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Era una consecuencia esperada que hubiera también ataques violentos a comunistas, como el alcalde Daniel Jadue. Este brote, presumiblemente de signo contrario al PC, es en parte importante consecuencia del clima que ha impuesto la complicidad de este partido, y de la mayoría de la izquierda e incluso la DC, con la violencia desde el 18 O.

La izquierda no maneja los grupos anarco-tráfico-delincuentes que se dedican a demoler calles, convertir en fragmentos esculturas urbanas, a incendiar, saquear y amedrentar. Pero han procurado pastorearla de modo de imponer progresivamente su agenda ideológica y han tenido éxito en su cometido.  El Presidente Piñera ha asumido propuestas más radicales que las que incluso propuso Bachelet 2 en materia previsional y tomó la reforma tributaria que quería el ultrismo, pasando de una que iba a ser pro inversión para asegurar mayor crecimiento a promulgar otra que enfatiza la recaudación.

La semana pasada el mismo alcalde comunista -agredido sin consecuencias en un acto en Osorno- señaló en una entrevista que “el pueblo tiene todo el derecho a defenderse de fuerzas de orden y seguridad”. El edil da por sentado que las fuerzas de las que dispone el Estado para asegurar que los lobos no se coman a las ovejas atacan y reprimen a personas inocentes por el solo hecho de manifestarse políticamente en las calles. Como si estuviéramos en el régimen de Maduro, el de Nicaragua o el de Cuba. 

A su vez, el diputado Guillermo Teillier y presidente del PC, al lanzar el miércoles pasado el Comando Chile Digno, espetó que “el derecho a vivir en paz se conquista, no se proclama desde las alturas”.

Eso, en referencia a la propuesta del Presidente, el lunes, de avanzar en un acuerdo para recuperar el orden público y avanzar en la agenda social y la de seguridad pública que se tramitan en el Congreso. La izquierda completa le dio un portazo, con el pretexto de que “no se entiende este llamado, es el gobierno el responsable de mantener el orden público”, como reaccionó el titular del PS, Álvaro Elizalde. Lo mismo dijo su par del PPD, Heraldo Muñoz, culpando además a La Moneda de no haber tenido éxito en el control del orden público. El senador Guido Girardi situó responsabilidades adicionales en el Ejecutivo, que “no puede poner al mismo nivel la violencia de los encapuchados, que es repudiable, con la violación a los DDHH, que es más grave”. El Frente Amplio no se podía sino sumar en la misma línea, respondiendo la propuesta de paz con una acusación a La Moneda de vulnerar los DDHH, “y todo sigue igual”, indicó Catalina Pérez, presidenta de RD.

Aparte de acusar al Ejecutivo en materia de DDHH y darle un portazo a un acuerdo de paz, mostraron su disposición a avanzar en su propia agenda social en materia de pensiones y salud. Eso o nada. Como si para detener los atentados con bombas molotov a carabineros o parar de incendiar automotoras y supermercados se requiriera que el 60% de aumento de la cotización previsional vaya a reparto o que el 7% de salud se destine al sistema estatal.

En ese contexto, rebotó en el vacío la carta que firmaron 370 figuras destacadas de la ex Concertación, algunos de los cuales también fueron ministros del gobierno de la Nueva Mayoría de Bachelet. Los pocos parlamentarios que se plegaron (diputado Auth y senadores Insulza y Harboe) y ex ministros que firmaron, como Enrique Correa, Mariana Aylwin o Adriana Delpiano, creen que “es tiempo de un acuerdo nacional”, como titularon la declaración, para frenar la violencia, avanzar en reformas sociales y recuperar el crecimiento económico. Pero nuestros parlamentarios de izquierda, con su 2% de aprobación, siguen rechazando explorar acuerdos y martillando que “sin una respuesta social contundente, que acoja las demandas ciudadanas, esta crisis no se va a superar». Por tanto, aquí la forma de enfrentar el estallido es acogiendo las «demandas ciudadanas”, como reiteró Álvaro Elizalde, molesto con los socialistas que buscan el camino del entendimiento.

Las fuerzas opositoras más críticas de lo que fueron los gobiernos de la Concertación, con miras a imponer sus proyectos ideológicos amparan una violencia que no controlan y que más temprano que tarde, se volverá contra ellas. El ataque a Jadue, como también a la tumba de Gladys Marín, son apenas botones de muestra de lo que probablemente se multiplicará. 

Mientras tanto, con su “dejar hacer”, condenan a los chilenos al temor, a no saber si en este mes de marzo los niños podrán ir al colegio, a preparar planes de crisis por si las carreteras no están disponibles para asegurar el suministro de combustible a las fábricas y de alimentos a los supermercados; a recortar contratos y presupuestos por si los trabajadores no llegan a cumplir con sus obligaciones y no vale la pena iniciar ningún proyecto. Estos cálculos que deprimen la economía y a las familias ocurren todos los días y en todas las escalas.

Y si a esto se suma que el gobierno no se hace cargo del hecho que no obtendrá el apoyo de la oposición para reimponer el orden público, tenemos como resultado que los dos poderes más importantes retiran al Estado de su obligación de garantizar la paz social, condenando así a los chilenos a quedar en manos de lo que resuelvan los delincuentes de la calle. Hoy prima un grupo, pero todo augura que con un Estado ausente otros los saldrán a enfrentar y la violencia derivará en un enfrentamiento entre civiles.

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